Lamentablemente
en Venezuela no hemos tenido éxito con la Defensoría del Pueblo, un
organismo creado en la Constitución Nacional aprobada en 1999 que debe
velar por el respeto a los derechos humanos de todos los que aquí
vivimos. Solo la Dr. Dilia Parra que fue nuestra primera Defensora del
Pueblo se salva de la larga lista de desaciertos que a lo largo de 17
años hemos tenido en esta institución.
Para medir el éxito del trabajo de la
Defensoría del Pueblo bastaría revisar la situación de los derechos
humanos en Venezuela y ver que ha hecho este organismo del Estado cuya
función principal es velar y defender estos derechos. Sin dudas con lo
grave de la crisis del país, este organismo no le alcanzaría el tiempo
para atender todos los problemas que vivimos los ciudadanos, pues su
trabajo es precisamente este, lamentablemente no es así y vemos la
opacidad de esta institución ante graves problemas que se viven en el
país, como por ejemplo la situación de las cárceles, de los presos
políticos, del retardo procesal, la inseguridad, escasez de alimentos y
un sin fin de situaciones que se escapan de mi memoria en este momento.
Con la llegada de Tarek William Saab a la
Defensoría del Pueblo, muchos pensábamos que se iba a dar un
resurgimiento de esa institución, pues el nuevo defensor, había
participado en el movimiento de derechos humanos en los años 80 y 90,
además conocía del tema y el trabajo de las organizaciones que hacemos
vida en Venezuela, inclusive a los pocos días de su nombramiento convocó
a un nutrido grupo de organizaciones no gubernamentales y prometió
trabajar conjuntamente, crear mesas de trabajo y todas esas cosas que se
ofrecen cuando se inicia una gestión.
En días recientes el Subcomité de
Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para
la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI),
organización que agrupa a las diferentes defensorías del pueblo del
mundo y que se encarga de calificar las actuaciones de estas
instituciones y ubicarlas en el nivel que les corresponda según su
actuación, niveles que comprenden tres categorías “A”, “B” y “C”,
decidió luego de una revisión exhaustiva del trabajo hecho por la
Defensoría del Pueblo de Venezuela, recomendar que fuera degradada de
categoría y ubicada en el tipo “B” y no en la “A” como esta en la
actualidad.
Según el informe presentado “El Subcomité
es de la opinión de que la Defensoría del Pueblo no ha hablado alto y
claro sobre las principales cuestiones de derechos humanos”. Y cita
algunos puntos importantes como: La situación de estado de excepción y
la deportación de colombianos en la frontera entre Venezuela y Colombia
sin pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo; El caso de Lorent Saleh
y Gabriel Valles, donde el Subcomité manifiesta su preocupación porque
la Defensoría del Pueblo esté adoptando las medidas adecuadas en
relación con las denuncias que se le presentan; igualmente en lo
referente a la cooperación con la sociedad civil, dijo: “Si bien la
Defensoría del Pueblo ha indicado que se reúne habitualmente con las
organizaciones de la sociedad civil, el Subcomité ha recibido un informe
de diferentes organizaciones de la sociedad civil dignas de crédito en
el que explican que ha habido poca cooperación significativa y que la
Defensoría del Pueblo no está preparada para abordar sus
preocupaciones”; termino refiriéndose a los ataques a los defensores de
los derechos humanos lo siguiente: “Aunque la Defensoría del Pueblo ha
proporcionado información sobre sus actividades en relación con la
protección de los defensores de los derechos humanos, el Subcomité sigue
preocupado por que la Defensoría del Pueblo no haya adoptado medidas en
todos los casos para proteger a esos defensores”.
La decisión definitiva de esta
recomendación del subcomité de acreditaciones se resolverá en la próxima
reunión de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la
Promoción y la Protección de los Derechos Humanos a efectuarse en
Berlín, Alemania en el próximo mes de marzo. En caso se ser definitiva
esta degradación a la categoría “B” pasaría de ser un miembro con pleno
derecho, a ser solo un miembro observador, sin derecho a voto por no
cumplir con los Principios de Paris que son los Principios Relativos al
Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y
Promoción de los Derechos Humanos.
Como era de esperarse, ya el Defensor del
Pueblo Tarek William Saab se pronunció, con un comunicado lleno de
contradicciones y falsedades donde entre otras cosas dice “Líderes y
lideresas acuden a nuestras sedes y participan activamente en reuniones y
mesas de trabajo. Pero el Sub-Comité de Acreditación no tomó en cuenta
su opinión sino solo el de 5 organizaciones incapaces de trabajar junto a
la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones sociales”,
contradictorio si tomamos en cuenta que en enero de 2015 convoco a más
de 100 organizaciones para trabajar conjuntamente en muchos temas y de
ese grupo, un buen número de esas organizaciones nunca volvieron a ser
llamadas y tampoco las denuncias y solicitudes presentadas han sido
atendidas.
Solo nos queda esperar los resultados de
la reunión de Berlín en noviembre próximo, mientras esperamos, el
Defensor del Pueblo debería ir ampliando el concepto de pueblo que tiene
y permitir que hasta los que lo critican formen parte de ese pueblo que
defiende, nada ha cambiado en la Defensoría del Pueblo, sigue siendo la
defensora del Gobierno el PSUV, lamentable.