Yajaira Castro de Forero dijo que el Gobierno no admitirá que sí hay presos políticos
Caracas.- -Luego de la publicación en
Gaceta Oficial de la ley que restringe el uso de celulares e Internet en
las cárceles y que usted impulsó, la ministra Iris Varela adjudicó esa
iniciativa a su gestión, al señalar que la medida se venía implementando
desde hace meses en los penales…
-La ministra
obviamente va a decir que las cárceles de Venezuela son lo mejor que
existe en Latinoamérica, no va a admitir que allí hay un foco de
corrupción y de delitos. Eso no se ha controlado. Nosotros nos dimos
cuenta que desde las prisiones se planifican muchos delitos, como
secuestros, y eso, en parte, es consecuencia del uso de celulares. Por
eso, desde la Asamblea Nacional (AN) hicimos esta propuesta. ¿Si a los
presos políticos apenas les permiten una llamada, que es grabada, por
qué los presos comunes pueden tener celulares? Y no sólo eso: además
tienen armas, fusiles, granadas. Ahí hay de todo, aunque la ministra
quiera negarlo.
-A propósito de los presos políticos,
recientemente le negaron la entrada a una de las sedes del Servicio
Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Aseguró que su intención era
conversar con Loren Saleh, Gabriel Valles y Juan Miguel Sousa y
verificar las condiciones en las que se encuentran. ¿Tiene pensado
visitar las cárceles donde se encuentran otros presos políticos?
-El Gobierno siempre considera fundamental diferenciar entre presos políticos y políticos presos.
-Ese
es el argumento que llevo años escuchando. A mi esposo, el comisario
Lázaro Forero se le hizo un juicio que fue larguísimo, en el que se
presentaron pruebas falsas. Nosotros demostramos que era inocente, pero
fue condenado a 30 años y está en libertad porque metido ahí en los
calabozos le dio cáncer. Casos así son los que se quieren negar. Sí
existen presos políticos, como Loren Saleh, como Leopoldo López. Este
régimen totalitario no lo va a admitir nunca, porque sabe que si en un
gobierno existen presos políticos, no hay libertad ni democracia.
-De
esos 126 casos que usted refiere, hay muchos de los que se conoce poco,
que son casi anónimos, contrario a lo que ocurre con los procesos
judiciales que enfrentan los presos que forman parte de la dirigencia
política. ¿Cuál es el estatus de esas otras causas?
-Casi
todos tienen el mismo estatus: expedientes fabricados con testigos
falsos, con pruebas falsas. Por esto estamos haciendo estas
inspecciones. Primero recibimos las denuncias de los familiares en la
comisión de Política Interior. En el Helicoide hay enfermedades, no hay
luz, no tienen agua, no los sacan a tomar el sol. En el Sebin están
hacinados porque los tienen con presos comunes, hay un solo baño para
100 personas.
-La libertad para los presos políticos ha
sido un factor a considerar en las negociaciones para que se produzca el
diálogo entre el Gobierno y la oposición. De un lado y del otro hay
distintas posturas. Unos defienden la tesis de liberar a algunos presos
–o que se les dicten medidas sustitutivas de libertad- a cambio de que
el referendo quede en segundo plano. Para otros, en cambio, ese es un
punto de honor ¿La postura suya cuál es?
-Ni lo uno ni
lo otro. La Constitución establece que los derechos no son negociables.
El referendo no se negocia, pero la inocencia tampoco. No se puede
negociar la libertad de gente que está encarcelada y que es inocente. Si
algunos son culpables, que paguen por el delito, ¿pero por qué no se le
da celeridad a su proceso? Ahora bien, lo que pasa es que el Gobierno
quiere un diálogo para tomarse una foto, para ganar tiempo, para que el
Consejo Nacional Electoral –que es su aliado- gane tiempo.
Seguridad para policías
Usted está tratando de impulsar la ley que contempla la seguridad social para los policías y la ley del servicio de policías...
-Sí,
porque con la paranoia que tiene el Gobierno que va a haber un golpe de
Estado ha desarmado a la policía, les ha quitado los helicópteros a las
gobernaciones, ha obstaculizado sus funciones. Mientras las calles
están sin policías, tenemos muchos funcionarios siendo escoltas de gente
del Gobierno. Y queremos mejorar todo eso, garantizar la dotación de
unidades, de chalecos antibala.
También proponemos que se
eliminen las mal llamadas zonas de paz, que en verdad son zonas de
guerra, donde las bandas se han organizado bajo la mirada complaciente
del Gobierno. Además, el policía tiene que sentir que está protegido por
una ley de seguridad social. Hay policías, que salen todos los días a
arriesgar su vida, y no tienen ni seguro de hospitalización, cirugía y
maternidad. Esta ley permitirá que los jubilados, pensionados y hasta
los que se encuentran estudiando gocen de beneficios a través del
Instituto de Seguridad Social del Policía. Y establecemos una pensión de
sobreviviente hasta los 25 años, y son discapacitados, sin límite de
edad.
-¿Y si -como ocurrió con le Ley del bono de
alimentación- el Ejecutivo argumenta que la nación no tiene como
sostener esta iniciativa?
-Se ha analizado el impacto
económico de estas leyes. Son viables. La seguridad ciudadana no tiene
precio, porque es un derecho constitucional. En Venezuela hay dinero
para que se aprueben esos beneficios, pero se ha regalado, porque aquí
lo que reina es la corrupción. Si el Gobierno lo niega es sólo porque es
una propuesta de la oposición. Después de que el Ejecutivo dijo que no
tenía como pagar la propuesta de la Ley de Alimentación, regaló a Cuba y
a otros países una gran cantidad de dinero, y ahí están nuestros
abuelos, decidiendo entre comprar medicinas y comida, pasando trabajo.
-Usted es diputada por el estado Anzoátegui. Desde que fue electa hasta hoy, ¿qué trabajo ha desarrollado allá?
-Mi trabajo ha sido constante. En estos momentos tengo pensado hacer un trabajo allá en materia de seguridad ciudadana.
-¿En qué consistirá ese trabajo?
-No
puedo adelantar mucho todavía. Le estoy haciendo seguimiento también a
la contaminación ambiental que ha generado el coque. La laguna de Puerto
Píritu, por el descuido, está muy contaminada. Esto lo presenté en la
Comisión del Ambiente. Se hizo una primera reunión con pobladores de
Puerto Píritu y tenemos previsto ir hasta allá, donde haremos una
inspección en el sitio. Pero creo que todas las leyes que hemos
propuesto van en beneficio de todos los venezolanos, no sólo de una
parte, sino de todos.
