El abogado y defensor de Derechos Humanos, Rafael Narváez, denunció que en diez estados del país los cuerpos de seguridad del estado violentaron el artículo 68 de la Constitución Nacional que prohíbe eluso de armas de fuego y sustancias tóxicas para reprimirmanifestaciones pacíficas
La fuerte represión por parte de funcionarios de la Guardia Nacional como de organismos policiales en diez estadosdel país, durante las marchas convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el pasado 26 de octubre requieren, a juicio del abogado y defensor de Derechos Humanos, Rafael Narváez, que los funcionarios de seguridad implicados sean juzgados por tratos crueles e inhumanos, tortura y alevosía.
Detalló casos como las actuaciones policiales en los estados Zulia y Aragua, que incluyeron el uso de armas de fuego para disparar a estudiantes y, en Maracay, la arremetida de varios uniformados contra una ciudadana que buscaba resguardarse durante la protesta.Narváez, quien también es ex parlamentario, señaló que la actuación policial violentó el artículo 68 de la Constitución Nacional, que establece prohibición de gases tóxicos y armas de fuego para reprimir manifestaciones pacíficas.
El abogado solicitó a los Fiscales Generales de Zulia y Aragua iniciar averiguaciones penales y dictar privativa de libertad contra funcionarios implicados en los disparos a estudiantes, actos en los que también resultó herido el Padre Palmar.
La situación, manifestó Narváez, deja en un estado de “debilidad jurídica” a los ciudadanos que ejercen el derecho constitucional a la protesta. “Estamos en presencia de un Estado opresor, una situación delicada donde vemos que el Estado de Derecho desapareció y no hay separación de poderes”, apuntó.
El Nacional.-
