Caracas 30/11/16. (PS).-
Yisel Soares, abogada que integra la defensa del periodista Leocenis García dirigió una misiva a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz solicitando su intervención, luego descubrir que en la propia investigación hecha en 2015 por la Fiscal acusadora, Narda Sanabria, habría llegado a la conclusión de que ni García, ni sus empresas del Grupo Sexto Poder, “han efectuado trámites de divisas”.
Como se recordará, a Leocenis García le fue confiscado el crítico Grupo Editorial 6to Poder y permanece recluido en la sede del servicio secreto, conocido como el SEBIN.
La defensora recordó que el periodista fue detenido tras emitir un documento, el pasado 3 de julio, en el cual rechazaba la participación de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, como mediadores en el conflicto venezolano, por considerar que serían catalizadores de las acciones opositoras
García ha sido encarcelado seis veces durante el régimen chavista, y ha protagonizado cinco huelgas de hambre por protestar lo que califica ataques al derecho a la propiedad, libre empresa y libertad de expresión.
Su abogada Yisel Soares, ha denunciado en reiteradas oportunidades que en el caso de quien fuera director del grupo 6to Poder, se le acusa de financiar un supuesto plan de desestabilización en Venezuela de acuerdo a la información suministrada por un presunto patriota cooperante.
CARTA A LA FISCAL GENERAL LUISA ORTEGA
Caracas, 28 de Noviembre 2016.
Ciudadana:
Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela
Dra. Luisa Ortega Díaz
Su Despacho.
Bajo un soterrado silencio, se ha forjado un expediente contra mi hoy defendido Leocenis García, donde el Ministerio Público inicialmente, imputó la comisión de los delitos de Ilícito Cambiario, Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir. Pero le confieso, que pensando en una seria investigación de los hechos, por la funcionaria actuante, albergaba la esperanza de una mutación, en los ilícitos inicialmente señalados.
La sorpresa invadió con osadía mis pensamientos, al saber que el Ministerio Público, avaló su imputación, con un patriota cooperante, dos testigos sin rostros y el abogado defensor, quien días antes le asistiera. Pero el oleaje de exabruptos no queda ahí ciudadana fiscal, toda vez que el Ministerio Público, a los fines de garantizarle al estado las resultas del juicio, embargó cuentas de mi defendido, impidiendo así la manutención de sus dos hijas menores de edad.
Por cuanto no logró investigar ni probar, a quien pertenecía la cuenta en Suiza, mientras que mi defendido con aplomo señaló en audiencia, que pertenecía a un empresario. Y que para mayor prueba, por demás irrefutable, existe misiva del Director del Saime, de fecha 30/1/2106 cursante al folio 8 de la séptima pieza del expediente 11-J821-2014, donde el alto funcionario señaló que Leocenis García NO REGISTRA MOVIMIENTO MIGRATORIO. ¿Cómo se materializó entonces el delito de Legitimación de Capitales? ¿Dónde están las propiedades?
Pienso que se ha gastado tiempo y papel en 12 piezas de expediente, en querer averiguar semejantes ilícitos, incautando solo una imagen de San Miguel Arcángel y computadoras con mouse, para garantizarle al Estado Venezolano las resultas de un juicio que nació violando la constitución y leyes procesales. Por cuanto se evidencia en libelo acusatorio (pag.121) que el Ministerio Público se percató que ni Leocenis García ni sus empresas del Grupo Sexto Poder han efectuado trámites de divisas. (Folios 88 al 216) de la tercera pieza del expediente. Concluyo entonces ¿Dónde se materializó el delito de ilícito cambiario? Y con quien se asoció para delinquir. Y por si fuera poco, la Juez 11 de Juicio, revoca medida cautelar por negarse acudir al juicio cuando tenía apostamiento judicial y que en todo caso existe es el desacato de los funcionarios, no la revocatoria. Y me llama la atención que en ninguna parte del mundo incluyendo los EEUU sea investigado, por tan graves delitos.
Ciudadana Fiscal, cada día se plantea con mayor rigor la problemática del respeto y acatamiento a la Institución del Poder Judicial y la corrupción cometida dentro de la Administración Pública, es por demás galopante, observándose con preocupación en casi todos los ámbitos, el deterioro que viene confrontando la conducta de algunos funcionarios públicos, en el ejercicio de su cargo, pues son mayores los hechos de corrupción cometidos, a pesar de los instrumentos legales aprobados para acabar con este flagelo. Siendo la única letra a seguir la Constitución y las leyes.
Yisel Soares Padrón
Abogada Defensora de Leocenis García y Empresas Sexto Poder
