Efecto Cocuyo.- Apenas seis días han pasado desde que Nicolás Maduro anunció la creación de un “Comando Antigolpe” encabezado por el vicepresidente Tareck El Aissami. ¿El objetivo? “Derrotar y acabar definitivamente con todos los vestigios del golpe de Estado oligárquico y de derecha”, según el presidente. En la primera semana de operaciones, se registran seis detenciones a actores políticos de la oposición.
Esta serie de aprehensiones encendió las alarmas de la organización Amnistía Internacional, que emitió este viernes 13 de enero un comunicado donde las califica de “patrón sistemático de abusos contra quienes se atreven a expresar una opinión contraria a la del gobierno”.
En el comunicado se reflejan las detenciones del diputado Gilber Caro (Voluntad Popular), los concejales Roniel Farías(Voluntad Popular) y Jorge González (Primero Justicia) y los activistas Stacy Escalona e Irwin Roca.
“Al parecer el gobierno del presidente Maduro continúa con su cacería de brujas contra cualquiera que se atreva a emitir una opinión contraria a sus políticas. La utilización de absurdos argumentos conspirativos para justificar detenciones irregulares demuestran la falta de compromiso de Venezuela con la promoción y protección de los derechos humanosbásicos de todas las personas en el país”, dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Según Guevara-Rosas, las autoridades venezolanas deben trabajar en pro de garantizar los derechos procesales de los detenidos, “en particular la presentación ante jueces civiles con cargos y pruebas fehacientes en un tiempo expedito, así como el acceso inmediato a sus familiares y representantes legales”.
“En vez de perseguir a quienes opinan distinto, el gobierno de Venezuela debe enfocar sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones efectivas y justas para superar la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta a la población”.
No es la primera vez que la organización se pronuncia sobre la situación del país y sus presos políticos. En su momento, criticó la condena impuesta al líder de Voluntad Popular Leopoldo López, así como la del diputado y activista LGBTIRosmit Mantilla. Ahora exige a las autoridades venezolanas “garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pública y pacífica, sin discriminación de ninguna índole”.
