Luis
Alejandro Borrero/El Carabobeño
Tres
funcionarios policiales fueron acusados por la muerte del fiscal Danilo Anderson
en 2204. A los hermanos Guevara el sistema de justicia los desamparó. Su
culpabilidad no fue sustentada mas allá de las declaraciones de un testigo
estrella que cambió su versión siete veces
Al
despertar lo primero que hacia Rolando Guevara era prender el televisor.
La mañana del 19 de noviembre de 2004 una noticia rompió la tranquilidad de esa
rutina. “¿Mataron a Danilo Anderson!”, dijo a su esposa el comisario de la
antigua Policía Técnica Judicial (PTJ). Sobresaltada, Jackeline Sandoval sabía
que la muerte del fiscal iba a suponerle un día difícil. Así que eligió una
ropa acorde para ir a su trabajo en el Ministerio Público: se vistió de negro.
Anderson había fallecido la noche
anterior por la explosión de su carro en Los Chaguaramos de Caracas. Iba a
clases de posgrado. El día después, Sandoval fue citada junto a casi todo el
personal del Ministerio Público, a un salón grande en la fiscalía general. Se
murmuraba una sola cosa: las incongruencias en el caso Anderson. La mujer
escuchaba a compañeros criticar el mal manejo de la escena del crimen.
Según las investigaciones, un
explosivo plástico tipo C-4 fue colocado debajo del asiento del conductor en la
camioneta de Anderson, de 38 años, el 18 de noviembre. Al parecer fue activado
con una llamada telefónica. La camioneta, incendiándose, se estrelló contra un
edificio en la zona residencial. Fue un final trágico para la vida de un fiscal
controversial, que tenía más de 400 averiguaciones bajo su tutela, incluyendo
la del 11 de abril de 2002. Autodefinido como izquierdista, es enaltecido por
seguidores del Gobierno como uno de los
fiscales mas brillantes.
Los Guevara son dos hermanos y un
primo que dedicaron su vida a las ciencias policiales. Rolando era comisario.
Su hermano Otoniel fue primer comandante de la policía de Aragua y secretario
general de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención
(Disip). Juan , el primo, también perteneció a la PTJ pero se retiró siendo
inspector. “Eran funcionarios de carrera impecable. No estar de acuerdo con las
políticas del Gobierno los llevo a tener roces. El desenlace fue un pase de
factura”, reflexiona Sandoval en una entrevista 12 años más tarde.
Recuerdo que el fiscal general de la
República para ese momento, Isaías Rodríguez, dijo que iba a llenar un autobús
con los culpables del asesinato de Anderson. L hecho fue calificado primero
como terrorismo, luego como sicariato y por último como terrorismo de nuevo,
dice Sandoval. La opinión pública estaba conmocionada.
Rolando Guevara, un funcionario con 20
años de servicio y una hoja de vida impecable, aun estaba sano y joven. Pero el
año del asesinato fue jubilado por la policía de investigaciones sin mayor
explicación. Su esposa defiende que la verdadera razón era política: no era
precisamente popular dentro de la fuerza por su inclinación chavista. Eso lo
hacía un sospechoso eterno ante cualquier caso en el que el Gobierno estuviera
interesado en hallar chivos expiatorios.
Como profesora de la escuela de
fiscales del MP, Sandoval asistiría a un curso de formación en el interior el
23 de noviembre. Rolando la pasaría buscando por la peluquería para llevarla al
aeropuerto. La abogada se quedó esperando mientras escuchaba a otras mujeres
comentar sobre noticias de sucesos. El teléfono del esposo y comisario caía en
la contestadora. Eso empezó a preocupar a la fiscal, no solo porque perdería el
vuelo. Su marido no aparecía.
Un hecho alimentaba la preocupación y suspicacia de la
fiscal. Desde el 20 de noviembre, dos
días después del atentado contra el fiscal Anderson, Juan estaba desaparecido. Había sido sacado
de su casa por funcionarios policiales. Rolando, de personalidad calmada, se había dedicado a buscar en hospitales y
comandancias. La familia no imaginaba la conspiración que ya estaba en marcha.
Rolando
Guevara, antes de buscar a su esposa en la peluquería iba en camino a casa de
su mamá en El Cafetal. Al igual que Juan fue interceptado. Una camioneta
impactó su vehículo, le obligaron a
bajarse y a montarse en otro. Sucedió en una de las calles largas que tiene esa
urbanización. La detención de Otoniel se confirmó el día después.
Los hermanos
Guevara fueron secuestrados por un Gobierno que necesitaba culpables, afirma
Sandoval. Desde el 20 hasta el 23 de noviembre pasaron sus días
amordazados, maniatados y
torturados. A Rolando, innato
investigador, le hacían preguntas que
hasta parecían obvias y, como el nombre de sus hermanos. “Bueno, pregunten algo
que ya a estas alturas no sepan”,
respondía quejándose. Otoniel
practicó karate y fue difícil someterlo,
por lo que fue envuelto en tirro parcialmente. “Les metieron electricidad
para torturarlos, y cuando denunciamos
dijeron que eran picadas de zancudos”.
Aparecieron
al tercer día al sur de Carabobo, en la
vía El Paito. Ya para entonces Sandoval había puesto la denuncia de la
desaparición de los Guevara. A los
hermanos les sorprendió que en su sitio de cautiverio un contingente de la
Guardia Nacional Bolivariana apareció diciendo que los había rescatado. Fueron
llevados en helicóptero y lo que
pensaban que se trataba de un rescate,
era en realidad una captura.
Ya
en la fiscalía rindiendo declaraciones,
Sandoval se enteró que los hermanos Guevara habían sido detenidos y
trasladados a Caracas. A su hermana, quién esperaba en uno de los pasillos para
dar su versión, una funcionaria policial
le insistía con una seña “¿No quieres ir al baño?”, “Ya el baño va a cerrar”,
“¿Seguro no quiere?”. Cuando las dos mujeres encontraron en el baño a la
hermana de Sandoval lo soltaron la verdad: “A ese muchacho lo van a matar”. Era
la confirmación de un crimen que estaba planificado contra los Guevara.
La
casa de Sandoval había sido allanada por hombres que se había cruzado en los
pasillos de fiscalía. Cuando la mujer se encontró con su esposo, en los
calabozos del servicio de inteligencia, no había angustia en la actitud de Rolando: él siempre fue comedido y tranquilo.
Quizá eso le ha ayudado a aguantar tantos años en prisión.
El
juicio de los Guevara fue, como define Sandoval, una mala novela. Resultó una
sorpresa que la fiscalía nunca llamó a declarar a los funcionarios que actuaron
en las investigaciones. ¿En qué juicio pasa eso, como no iban a llamar a
testificar a quienes supuestamente tenían las pruebas?”. Al contrario, el testigo estrella de la fiscalía, Giovanni Vázquez,
utilizó su testimonio como supuesto
paramilitar para inculpar a los policías.
Y
el camión que había prometido Isaías Rodríguez comenzó a llenarse. No eran sólo
los Guevara, sino nombres de opositores férreos aparecían como parte de una
gran conspiración. El carácter político del caso era indiscutible. La periodista
Patricia Poleo, El banquero Nelson Mezerhane,
el general Eugenio Añez y Salvador Romaní. Todos menos la comunicadora
social se presentaron a la justicia y fueron puestos en libertad bajo fianza
luego. Poleo se fue al exilio.
Vázquez era supuestamente un paramilitar de
las Autodefensas Unidas de Colombia. Se confesó en el juicio como integrante de
la “operación Halcón”. El fiscal presentó 167 medios probatorios, pero el único
que demostraba la culpabilidad de los Guevara era el testimonio de Vázquez, un
médico psiquiatra de nacionalidad colombiana.
Un
año después del juicio, en 2006, Vázquez dijo en una entrevista con la
periodista María Angélica Correa que todo el juicio había sido un montaje del
fiscal general, Isaías Rodríguez. Y que
había recibido tres millones de dólares para aprenderse un guión que arrojó al
menos siete versiones distintas en los interrogatorios, dijo Sandoval. El exfiscal del caso, Hernando Contreras se fue
al exilio y denunció persecución. Desde el exterior reconoció también que todo
había sido un montaje del Gobierno para culpar a alguien por la muerte de
Anderson. “Es lamentable lo que está pasando,
yo no debí estar en ese caso, pero estaba de guardia”, confesó el fiscal a Sandoval, quien ya había
dejado su cargo para asumir la defensa de su esposo, cuñado y el primo.
El veinte de diciembre de 2005 los hermanos
Rolando y Otoniel Guevara fueron condenados a 27 años. Su primo, Juan, a quien
se le añadió el delito de porte ilícito de armas, recibió 30 años de condena. “Rolando si tenía
arma de reglamento cuando lo secuestraron, pero a los policías les interesó más
robársela, así que no la reconocieron en las actas policiales”.
En
noviembre 2011 los hermanos Guevara ya tenían acceso a medidas alternativas al
cumplimiento de la pena. Rolando escribió una carta a la ministra de Asuntos Penitenciarios,
Iris Varela, quién dijo en una entrevista que todos los presos tenían derecho
sus beneficios. Pero no os políticos respondió el comisario.
La
corte de apelaciones no hizo nada. Copió textualmente la sentencia y la
ratificó. Algo que era novedoso y que más recientemente se dio en casos como lo
de Leopoldo López. “Nosotros fuimos los primeros. Con nosotros comenzaron las
largas listas de injusticias”, dice
Sandoval.
Es como un manual del socialismo: ¿Cómo
destrozar la vida de una persona?, debería llamarse, apunta la exfiscal, quién se convirtió en
activista de derechos humanos y dio inicio a la Fundación para el Debido Proceso
(Fundepro) que defiende a los presos políticos.
Reinaldo
y Rolando, de 17 y 20 años son los hijos
del matrimonio entre la fiscal y el
comisario sentenciado la mañana del 19
de noviembre de 2004 al prender la televisión y ver las noticias. Crecieron sin
conocer que es pasar un domingo en la playa con sus amigos. “Ya sabían que esos
eran días de visita.“
¿Qué
esperan después de tantos años?
-
Que salga en libertad. Qué es la familia que nos robaron regrese. Nos hemos
mantenido porque somos personas de justicia. ¿Como el Gobierno se da el lujo de
echarnos a perder la familia?, porque
cuando meten preso a alguien, también
está presa su familia.
