Tal Cual.- El pasado 22 de junio de 2016, 14 funcionarios de la Policía del municipio Chacao fueron detenidos por la presunta implicación en el caso del homicidio de Ricardo Durán. A casi 9 meses de este suceso, y tras dos órdenes de libertad, los privados de libertad no han recibido más que torturas e injusticia.
Los hechos se remontan al 20 de enero del mismo año en Caricuao, lugar donde le periodista Ricardo Concepción Durán Trujillo fue asesinado por un disparo que atravesó su tráquea mientras se desplazaba, a pie, hasta su vehículo. En la escena del crimen se encontró una concha de bala de 9mm. Al efectuarse el análisis de comparación, se determinó que la evidencia correspondía al arma usada en el caso de Daniel Castillo Pérez, un Policía del municipio Los Salias del Estado Miranda, caso en el cual fue investigado Paúl Antonio Bolívar González, alias “El Negro”.
A partir del caso de Polisalias, se vincula entonces a “El Negro” al homicidio de Durán. Al ser entrevistados al respecto el entonces detenido declaró que el arma, que se encontraba presuntamente en la guantera del vehículo incautado, había sido tomada por los funcionarios de Polichacao. Esta versión, respaldada por las declaraciones de los cuatro detenidos, involucran a los catorce policías que habían realizado la aprehensión: Alfredo José Chirinos de Salamanca, Venus Soleil Medina Ferrer, Fred Armando Mavares Zambrano, Jorge Luis Delgado Fragosa, Cesar Eduardo Mijares Oviedo, María de los Santos Pérez, Miguel Jonosky Mora, Edgar José Gonzáles Urtado, Eduardo José Salazar Martínez, Ángel Alfonso Sánchez Blanco, Reggie Jackson Andrade Alejos, Jhonny Roberto Velásquez Gómez, Darwin Estibeen Herde Andrade y Ever Darwin Meses Solano.
El 20 de junio, 5 meses luego del asesinato del periodista, el General Gustavo González López, entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) informó, mostrando la presunta arma con la cual se cometió el delito, que serían imputados los 14 Polichacao como “Autores Materiales” del homicidio. Los acusados se dirigieron, por voluntad propia, al despacho de González y fueron trasladados a la División Contra Homicidios del CICPC y ubicados en una celda con Israel Baptista, quien, a cuenta de los familiares de los detenidos abusó verbalmente de los funcionarios.
Poco más de un mes luego de la detención, las Fiscalías 36 con competencia Nacional y 55 del Área Metropolitana de Caracas, luego de la presentación de los Polichacao y a raíz de la inexistente implicación del arma mostrada por González López en el caso, decretaron la libertad como medida cautelar de los 14 presos. Ese 8 de agosto de 2016 también se ordenó la libertad y se libró el oficio 1110 al Director del SEBIN.
Para obtener su liberación se encargó al Alguacil Paul Salazar, adscrito a la Coordinación de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al cual le fue imposibilitada la entrega ya que el SEBIN aseguraba “no tener autorización” de recibir la orden de excarcelación. La Procaduría General de la República, en el mes de septiembre, solicitó la anulación de la orden, recurso que la Corte de Apelaciones declaró inadmisible.
En enero de 2017, luego de que la defensora Pierina Medina solicitara al Juez 7o hacer valer su sentencia, el Tribunal ratificó al SEBIN su oficio de libertad para que se procediera a ejecutar la liberación acordada. Por parte del cuerpo de seguridad, el silencio ha sido su única respuesta.
Los familiares de estos policías aseguran que el impacto que ha tenido la detención de los funcionarios va más allá de las torturas propinadas a los detenidos y afecta gravemente la vida de sus personas cercanas. En el caso de Pierina Medina, hermana de Venus Medina, explica que la hija de la detenida que sufre de autofobia debido a complicaciones en su nacimiento y la ausencia de su madre, ha agravado la situación. Además de eso también subraya que estos no son los únicos afectados “Nuestros padres son sextogenarios. Mi padre es diabético y no quiere tomar tratamiento y mi mama, que es hipertensa, no quiere comer”.
Torturas
La defensora Zoraida castillo de Cárdenas explica que durante los meses que siguieron la detención de los funcionarios de la policía municipal existían períodos de tiempo en que se le negaba el derecho a la visita a los familiares de los privados de libertad debido a que se encontraban malheridos por los maltratos que recibían dentro de la cárcel. Asimismo señala como culpable de esto al General Gustavo González López y asevera “Es él el que generó todo esto y por eso yo digo que de una manera pervertida y morbosa tiene a los 14 muchachos detenidos después de haber decidido que ellos eran quienes eran culpables”.
Asimismo Zoraida resalta que los 14 funcionarios no son solo graduados y formados en la academia de policías sino que además tienen en promedio 20 años de experiencia en el área así como estudios secundarios.
La hermana de Ángel Sánchez, Natali Sánchez, explicó a TalCual que su hermano, a la primera instancia, por ser un caso político, comentaba “de aquí nos dejan salir”. El familiar del privado de libertad comenta que Ángel fue el principal agredido durante las torturas debido a su compostura, mucho más pequeña que los demás funcionarios. “Como es el más chiquito, el más flaquito, imagino que torturándolo a él, a “Angelito”, sería torturar al mismo tiempo a los demás”.
Entre las denuncias, resaltan un caso, cuyos nombres decidieron no revelar de acuerdo a las preferencias de la familia, en el que a través de tortura de choques eléctricos quedó comprometido uno de los ojos del detenido, dejándolo sin visión en este. “Me bajaron el breaker”, aseguran que fueron las declaraciones de aquel afectado.
Por su parte, Eulalia Pérez, hermana de María Pérez una de las dos mujeres detenidas, declaró que su hermana había sido amarrada y golpeada por 5 funcionarios del SEBIN el lunes 2 de agosto y al ir acudir el sábado para ejercer su derecho a visita, no dejaron salir a su hermana. Explica que durante ese fin de semana varias reclusas se acercaron a ella comentando, entre murmullos y oraciones sueltas, lo que había acontecido con María. “A los 15 días luego de eso, cuando logré verla aún tenía el pómulo verde de los golpes que le habían dado” comenta Eulalia.
El suceso fue denunciado ante la fiscalía 85 y, según los familiares “queda todo en papel, como siempre. Porque todos le tienen miedo al SEBIN”.
Las mujeres, que se acercaron a denunciar la precaria situación que viven con sus allegados aseguran no tener miedo, tanto así que las denuncias son dirigidas directamente en contra de Gustavo González López. “Nosotras estamos dispuestas a hacer lo que sea para lograr la libertad de esos muchachos”. Ante la posibilidad de represarías en su contra aseveran que es algo que esperan, pueda suceder eventualmente pero esta posibilidad no diezma su voluntad a seguir luchando y afirman, sin el más mínimo vestigio de vacilación en la voz, “o los dejan a ellos en libertad o tendrán que meter a todas las familias presas”.
La situación, precaria en todo sentido, solo se ve ennegrecida por las injusticias que las malas políticas han causado y provocan a su vez daños irreparables en las personas detenidas y los allegados de los mismos, haciendo culpables a los represores de no solo la pervención del destino de 14 muchachos sino de 14 familias que solo buscan que se cumpla una orden excarcelaría que cumplirá pronto 9 meses de haber sido expedida.
