Tachiranews.- Finalizado el mes de febrero, al menos 40 uniformados han muerto a manos del hampa en Venezuela, cifra que es alarmante debido a los niveles de violencia que se registran en el país en los últimos años, que no sólo enluta a civiles, también acecha a miembros de los organismos de seguridad.
Sólo en Caracas, capital del país y en el estado Miranda, 26 funcionarios policiales y militares fueron abatidos en los dos primeros meses del año, siendo el robo de armamento el principal móvil. Y es que esta razón es la que hace que los antisociales sorprendan a sus víctimas, ya que en 2016, de los 414 asesinatos registrados, 104 fueron por despojo de arma de reglamento, según cifras de la Fundación para el Debido Proceso en Venezuela (Fundepro).
En lo que va de año, el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), es el organismo afectado con más bajas, seguido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
De acuerdo al trabajo realizado por el periodista especialista en sucesos, Daniel Guillermo Colina, la situación no parece menguar, ya al inicio de marzo, tres efectivos de la PNB y un miembro de la armada fueron ultimados en las últimas 36 horas en Caracas, y días antes un comisionado de la PNB fue despojado de su armamento.
Asimismo, Colina reseñó que en el estado Bolívar los uniformados también son azotados por la delincuencia. La tarde del viernes pasado una bala en la cabeza mató al coronel del ejército Luis Guastela Rojas presuntamente por resistirse al robo. Al tiempo, que en esa entidad existe un sanguinaria guerra entre las bandas del “Wilmito” y “Sapito” por el control del municipio Heres. Reveló además este informe que, según una fuente, los delincuentes del “Capitán” y el “Anderson” se enfrentan por el poder de las minas.
En el estado Táchira, se han registrado 2 muertes por este tipo, entre ellos un Guardia Nacional y un PoliTáchira, este último fue sorprendido, el 19 de enero, por maleantes mientras se encontraba en custodia de una finca propiedad del Estado, donde también resultaron salvajemente heridos, dos de sus compañeros. En 2016 esta entidad cerró con dos uniformados muertos.
Resulta sorprendente, que mientras la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 43 consagra el derecho fundamental a la vida, se estén dando estos resultados producto de la violencia. Entonces ¿El Estado venezolano falló en cuanto a preservar la vida de los funcionarios policiales, militares y de seguridad? Porque los muertos no se han inventado, están todos los días y es la realidad que lamentablemente padece quienes, irónicamente, son custodios de la seguridad.
En los últimos cinco años, el asesinato causado por antisociales a funcionarios de la seguridad ha ido en aumento, el informe de Fundepro recoge un total de mil setecientos cuarenta y uno (1741) entre policías, militares y escoltas.
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AÑO
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UNIFORMADOS
ASESINADOS
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2012
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350
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2013
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295
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2014
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338
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2105
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344
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2016
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414
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2017
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Aprox.
30 hasta febrero
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Cabe destacar que sólo el 30% de los asesinatos ocurrieron mientras los funcionarios ejercían sus labores, donde a pesar del adiestramiento, el hampa logró su cometido, no sólo despojándolos de su armamento sino aniquilándoles. De este porcentaje, 65% fueron atacados, mientras el resto cayeron en procedimientos.
Es importante aclarar, que este informe, es producto de una revisión diaria a los distintos medios de comunicación de índole nacional, así como a los aportes de funcionarios policiales que informan sobre los decesos ocurridos, lo que conlleva a concluir que las cifras no son exactas, ya que no existen cifras oficiales sobre el asesinato a funcionarios de seguridad.
Ahora bien, observando estos datos, es claro que el irrespeto a la vida y a la autoridad es evidente, aun cuando se hayan implementado planes de desarme, de reestructuración policial y dignificación de beneficios a organismos, tal parece que nada les preparara para ser blanco fácil de la delincuencia, que es capaz de cegar la vida por obtener un arma, arma que casi nunca es rastreada y que cuando se incauta es por casualidad.
Los venezolanos a diario son testigos que la crisis de la seguridad no excluye condición social, edad, ni menos profesión, por lo que es obligatorio que exista una progresiva necesidad de reformar leyes y no a través fórmulas simplistas para operar sobre los síntomas y no sobre las causas, así como se ajustan legislaciones que protegen la faena del gobierno, de la misma manera tan acuciosa se debe disponer de herramientas que resguarden a los miembros de organismos de seguridad, vistos desde su esencia, cuando son emboscados en el cumplimiento o no del servicio. Al final, resultan seres humanos, tan igual que cualquier mortal, que padecen, con familias, con necesidades y, quienes al igual que el resto de la población, se convierten en otras víctimas más del hampa en Venezuela.
