“Las ordenes que están recibiendo los funcionarios de seguridad que cubren las protestas en Venezuela son determinantes para los resultados tan lamentables que se han registrado hasta ahora y es que a ellos les indican que están tratando con terroristas y quienes son los terroristas, son delincuentes”, así lo expresó la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), Jaqueline Sandoval, quien afirma que esto es un grave error en materia de orden público.
Explicó la especialista que bajo este concepto poco o nada se puede hacer para garantizar la seguridad del ciudadano ya que “si los funcionarios no ven a los manifestantes como individuos con plenos derechos, entre ellos de protestar, no pueden ser tratados como tal”.
Los manifestantes, afirma, son sujetos de derechos y acuden a estas movilizaciones a exigir, a reclamar comida, calidad de vida entre otros, derechos que también son válidos para los funcionarios quienes viven bajo la misma situación. Sin embargo, bajo este concepto de reprimir el objetivo de garantizar seguridad queda anulado.
La directora de Fundepro estima que la raíz del problema es de vieja data y se presenta con todos los organismos de seguridad del Estado. Señala cuatro factores fundamentales que están incidiendo en el comportamiento de los funcionarios de seguridad adscritos a las brigadas de control de orden público los cuales son:
1) los funcionarios al igual que los manifestantes son jóvenes, 2) los funcionarios están saliendo de las instituciones con poca preparación y experiencia en el tema de control del orden interno, ya que no se impone la calidad de los conocimientos sino la fábrica “policías express”, 3)los funcionarios como la ciudadanía viven los mismos problemas en cuanto a la adquisición de alimentos ,precariedad de sueldos y salarios, vivienda y 4) los funcionarios ven a los manifestantes como enemigos, lo que se traduce en gran cantidad de excesos que se evidencian cuando actúan en las manifestaciones: funcionarios disparando a quemarropa o golpeando a los ciudadanos o recientemente contra edificios ubicados en El Paraíso o San Antonio de Los Altos donde hay videos como evidencia.
La abogada especialista en criminalística y exfuncionaria del Ministerio Público aboga porque haya justicia para la gran cantidad de personas que han sido víctimas de excesos, así como también para los 55 fallecidos en 53 días de protestas (Hasta la mañana de ayer miércoles 25 de mayo). “Si bien en la mayoría de los casos no puede individualizarse al responsable yo como garante de la justicia puedo aplicar la complicidad corespectiva”, agregó.
