Sabrina Machado/samachado@panodi,com
Panorama.- En dos puntos fuertemente resguardados, erigidos como una fortaleza, se encuentran en Caracas las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. En Roca Tarpeya, en el imponente edificio piramidal, conocido como El Helicoide, está ubicada la división de operaciones estratégicas, mientras que en Plaza Venezuela el edificio administrativo.En el sótano de esta sede se encuentran las celdas llamadas “tumbas”, por sus características físicas.
La organización de la policía política del país ha cambiado radicalmente en la última década, no solo en su nombre, sino en la dinámica interna de este organismo de seguridad, cuya función principal es la realización de labores de inteligencia y contrainteligencia en pro del resguardo de la seguridad de la nación. Hacinamiento, tratos crueles e inobservancia de las leyes son las denuncias diarias esgrimidas por familiares de presos y abogados defensores.
La dinámica en cada una de las sedes es distinta; sin embargo, el ostracismo es el mismo. Con el paso de los años el ingresar a estas dependencias es cada vez más difícil, de acuerdo con lo expresado por familiares, abogados y defensores de derechos humanos. En la actualidad en El Helicoide están sistematizando la lista de abogados y parientes de los reclusos para evitar que personas no cercanas al detenido puedan ingresar, indicó Jackeline Sandoval, abogada y esposa de Rolando Guevara, uno de los presos con más tiempo en este edificio. En total 13 años, condenado por el homicidio del fiscal Danilo Anderson.
Sobre este punto, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, no emitió pronunciamiento al ser abordado por PANORAMA. Desde la Fiscalía solo señalaron que los ingresos son “intermitentes”. Sin embargo, en más de una oportunidad tanto Luisa Ortega Díaz como el propio Saab se han pronunciado en contra de supuestos abusos de funcionarios a privados de libertad y en relación con el no cumplimiento de las ordenanzas de los respectivos tribunales del país.
El defensor del Pueblo ha insistido reiteradamente que a la boleta de excarcelación debe dársele cumplimiento de inmediato y sin mayor polémica. Saab incluso dijo que no solo le preocupan los detenidos en El Helicoide y en La Tumba, sino también aquellos “inocentes” que según él son muchos, y que se encuentran detenidos en los calabozos policiales del país.
En el caso de la sede de Plaza Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar en favor de Lorent Saleh, en marzo de 2015, debido a su frágil estado de salud. En este sentido la Cidh exigió —en ese momento— al Estado que proporcione la atención médica adecuada, de acuerdo con la patología y asegure que las condiciones de detención se adecúen a estándares internacionales.
Abogados del dirigente político afirman que hasta los momentos el detenido no ha sido visto por un urólogo para calmar su dolencia, aunque sí fue cambiado de dependencia en noviembre pasado, en el marco de las negociaciones entre funcionarios del Gobierno y representantes del Vaticano.
Según explicó Javier Ignacio Mayorca, investigador de la Ong’s Una Ventana por la Libertad, en esa oportunidad se logró que salieran 50 presos de El Helicoide con distintas medidas y se desocuparan los siete calabozos que se encuentran en los sótanos en Plaza Venezuela. “Hoy, con el reinicio de las manifestaciones, los espacios se volvieron a llenar”, indicó.
De acuerdo con un informe presentado por esta organización, los funcionarios del Sebin incurren en la práctica de torturas que, difícilmente, pueden ser sustanciadas por las autoridades, ya que los detenidos no tienen acceso a médicos, ni a organismos que velen por su situación y, según recogen en su investigación, incluso, obvian órdenes de traslados a centros de atención médica. Esto alegó en su momento el diputado suplente Rosmit Mantilla, quien después de varias dilaciones debió ser trasladado de urgencia a un hospital caraqueño.
Mayorca afirmó que —a través de abogados y detenidos— lograron precisar al menos seis tipos de torturas, pero el investigador indicó que los más proclives a los malos tratos son los presos normales y que en las instalaciones hay dependencias con cámaras las 24 horas del día, amén de las celdas de castigo, con un espacio de 2X2 y sin nada de iluminación.
Uno de los casos más emblemáticos dentro de este centro de reclusión es el del grupo de funcionarios de la Policía de Chacao, quienes se encuentran detenidos desde el 2016 en El Helicoide, y realizan actualmente una huelga de hambre para protestar por el hecho de que gozan —por órdenes del tribunal de control— de medidas cautelares, pero las boletas de excarcelación no son recibidas por los funcionarios del Sebin y; por ende, esta institución no se da por enterada y no le da cumplimiento al mandato.
En este mismo caso se encontrarían supuestamente 23 personas, entre ellas Yon Goicoechea, quien fue detenido en agosto del año pasado por, presuntamente, participar en un plan desestabilizador. Hoy ambos casos forman parte de unas piezas del rompecabeza de negociaciones entre Gobierno y oposición.
En el informe destaca un comunicado de la dirección de alguacilazgo reclamándole a la directiva de la policía política la no atención de los funcionarios del Palacio de Justicia que asisten hasta su sede. Sobre esto Jackeline Sandoval indicó que tampoco se le permite a abogados y familiares el traslado de correspondencia, por lo cual es imposible que los documentos que no desean ser recibidos entren al edificio.
Sin embargo, el diputado de la bancada oficialista, Ricardo Sánchez, desmintió las acusaciones de tratos crueles e inobservancia de las leyes que la ONG y familiares de los detenidos realizan, al asegurar que todos los organismos de seguridad del Estado velan por la obligación de respetar los preceptos emitidos desde los tribunales.
Para Sánchez, estos informes forman parte de los “falsos positivos”, especialmente la versión según la cual las supuestas boletas de excarcelación de los efectivos de Polichacao y Yon Goicochea no han podido ser entregadas y con ello hacer efectiva la liberación de los detenidos. “Es totalmente irresponsable realizar estos señalamientos sin ningún tipo de pruebas, mucho más allá de su vocería, que está totalmente cuestionada. Mas que estigmatizar esta sede, pretenden vincularla con una película de terror”, afirmó el parlamentario, quien agregó que un preso tampoco tiene derecho a exigir comodidades como "pantallas plasmas".
En relación con los niveles de hacinamiento denunciados por la Ong’s en materia de derechos se pudo verificar que hace 13 años, cuando el actual gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, estuvo detenido en El Helicoide, por el caso del allanamiento a la embajada de Cuba, se encontraban en esta sede solo 30 presos, cada uno tenía su propia celda y las visitas no tenían mayores limitantes que cumplir con los días preestablecidos, según recogieron publicaciones de la época.
Cuatro años después, cuando salió de este edificio el excomisario de la Policía Metropolitana, Lázaro Forero, condenado por los hechos del 11 de abril del 2002, había 40 detenidos. Cada quien tenía su propia celda, aunque ya había limitaciones para la visita y los accesos a cuidados médicos. Forero salió con una cautelar y un cáncer de próstata malignidad ocho.
Hoy, dicen los reportes de la citada ONG, hay celdas con 15 hombres, están mezclados los llamados presos políticos con los comunes, ya no hay espacios para las visitas. Cerca de 370 detenidos hacen vida en común en 321 metros cuadrados, según el informe de Una ventana por la libertad, lo cual implica menos de un metro cuadrado por persona.
“Antes 30 presos era demasiado. Llegó un momento en que solo había ocho detenidos: los Guevara, los Makled y dos extranjeros. Hoy no sabes ni quiénes son los que están ahí. Hasta el perfil del preso del Sebin lo cambiaron. Pasó de ser un centro policial a un centro penitenciario de la más alta seguridad”. Incluso, dicen los familiares y ratifica Sandoval, hay quienes ahora piden cambios para cárceles comunes.
