Caracas.- Dolor, depresión, insomnio, vómitos y diarrea, son algunos de los síntomas de la reclusión y la desesperanza por la que atraviesan 14 funcionarios de la Policía de Chacao, detenidos en la sede del Sebin en El Helicoide, a pesar de contar con boleta de excarcelación emitida desde hace un año.
A la espera de que se cumpla la ley y se haga justicia, el grupo ha hecho dos huelgas de hambre en la que algunos se cosieron los labios, incluso familiares se unieron para clamar por una respuesta de las autoridades; sin embargo, solo obtuvieron silencio y el deterioro acelerado de la salud de sus seres queridos al punto en que sus vidas comienzan a verse amenazadas.Duermen en el suelo con tapones para que las chiripas no entren en sus oídos, en un espacio sin luz de ningún tipo, sin baños, sin agua potable para atender la higiene personal y cuando llega es marrón, contaminada y les causa erupciones y manchas en la piel. Ese es el ambiente en el que viven Alfredo Chirinos, Venus Medina, Fred Mavares, Darwin Herde, Jorge Delgado, César Mijares, María Pérez, Miguel Mora, Edgar González, Reggie Andrade, Jhonny Velásquez, Eduardo Salazar, Ángel Sánchez y Ever Meses.
Aunque el Ministerio Público (MP) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) han demostrado en sus investigaciones que los oficiales son inocentes, motivo por el cual se ordenó su liberación, la boleta de excarcelación no es aceptada en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), debido a que “no están autorizados” para recibirla.
Después de un año de detención los 14 oficiales presentan un cuadro de salud grave, sus parientes denuncian que padecen de ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel, resultado de trastornos renales y aunque médicos han recomendado su traslado a centros asistenciales, el cuerpo de seguridad del Estado se resiste a atender la solicitud.
Foto: Cortesía / @los14polichacao
Detenidos por un arma que no existe
La detención de los Polichacao se produjo luego del anuncio del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien los acusó en rueda de prensa de ser los autores materiales del homicidio del periodista Ricardo Durán. Luego de esa declaración pública, los 14 funcionarios se presentaron voluntariamente ante su comandancia para ponerse a la orden de las autoridades y demostrar su inocencia.
La acusación se sustentó en el testimonio de tres delincuentes que fueron detenidos por nueve de los oficiales (que permanecen en el Sebin) en el año 2015, quienes participaron en un operativo donde se incautó dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo. Cabe destacar, que uno de los sujetos se había fugado de la comandancia de Polichacao un año antes.
Los otros cinco oficiales relacionados con el caso son de la dirección de tránsito, que se vieron involucrados por apersonarse en el lugar de la detención para tramitar el traslado del vehículo con una grúa.
Los tres sujetos estaban siendo investigados por estar presuntamente relacionados con los homicidios cometidos, con la misma pistola calibre 9 mm, del policía del municipio Los Salías del estado Miranda, Daniel Castillo; el periodista Ricardo Durán; y el comisario de la Dirección de ContraInteligencia Militar, Renny Rojas.
Cuando el Cicpc interrogó a los individuos por su vinculación con el caso, dos de ellos aseveraron que el arma la habían perdido en el momento que los Polichacao los detuvieron, que, según declararon, estaba en la guantera del vehículo incautado; sin embargo, esta no aparece reflejada en el acta policial.
El arma homicida representa una incógnita en el caso, pues cuando el ministro Reverol acusó a los funcionarios, ante las cámaras mostró la presunta pistola con la que se cometió el crimen de Durán, pero en el expediente no está señalada ni se menciona la existencia de la misma.
Tortura y lucha por la libertad
Una vez que los 14 Polichacaos se pusieron a orden de la justicia, fueron trasladados a la sede del Cicpc, donde se encontraron con uno de los delincuentes que los acusó, llamado Israel Batista, conocido como “Cara de Yegua”, quien fue uno de los que se fugó en 2014. Los amenazó, demostró su satisfacción al encontrarlos y manifestó que él saldría de allí primero que ellos.
Luego de ese encuentro con quien fuera uno de sus acusadores, los oficiales fueron víctimas de torturas para que explicaran el origen de la pistola. Les dieron golpes, les pusieron bolsas en la cabeza para asfixiarlos, señalaron sus familiares. Todo con el único fin de conseguir una confesión; sin embargo, los oficiales mantuvieron su posición de que en el vehículo que incautaron a los delincuentes no había ningún arma.
En la audiencia preliminar se les acusó formalmente de ser facilitadores en el delito de homicidio y agavillamiento, y se ordenó la sede del Sebin en El Helicoide como centro de reclusión para el grupo de 14. No obstante, dos de los funcionarios fueron trasladados a la sede de Plaza Venezuela, a las celdas conocidas como “La Tumba”, donde fueron torturados nuevamente con electricidad y golpes.
En las investigaciones previas realizadas por el Cicpc, este organismo determinó que no existían elementos para enjuiciar a los Polichacao y el 8 de agosto de 2016, las fiscalías 36 con Competencia Nacional y 55 del Área Metropolitana de Caracas (AMC), reafirmaron esta conclusión y solicitaron por escrito al tribunal la libertad de los 14 oficiales. Es por eso que se libró la boleta de excarcelación al director del Sebin, Gustavo González López.
Para los detenidos y familiares significó una victoria, pero el alguacil del circuito judicial penal del AMC, informó al tribunal que no había podido entregar la orden porque González López “no ha dado la orden de recibirla”. Desde entonces la pregunta que no dejan de hacerse los familiares sigue vigente: “¿Por qué no aceptan la boleta de excarcelación?”
La Procuraduría General de la República, organismo del Poder Ejecutivo, que no era parte del proceso, solicitó la nulidad de la orden de libertad y la suspensión de sus efectos, lo que fue denunciado por familiares y expertos del área penal como un hecho irregular y cuestionable dentro del caso.
Por otra parte, el Ministerio Público solicitó al tribunal velar por el cumplimiento de la liberación de los oficiales. Tarek William Saab, en ese entonces defensor del Pueblo, también solicitó la liberación de los 14 funcionarios; sin embargo, todas estas solicitudes no recibieron respuesta.
Familiares y abogados asisten todos los meses ante la Defensoría del Pueblo y la fiscalía en materia de derechos fundamentales del Ministerio Público, para entregar documentos y aunque destacan que han sido bien recibidos y se les ha prestado atención, aún no obtienen respuestas ni acciones contundentes a favor de los oficiales.
Son más de 14 los afectados por la injusticia
Pierina Medina, abogada defensora de su hermana Venus Medina, relató cómo esta situación no solo ha afectado a su pariente, sino también a sus padres, adultos mayores que ante la presión han decidido no tratar sus enfermedades como diabetes e hipertensión. Hasta que no salga su hija “ellos no van a retomar su vida”, reveló.
Venus, de 29 años, creció en una familia donde se hacía lo correcto, pues su padre también fue policía. Es madre soltera de un niño de cinco años que sufre de claustrofobia, por lo que la falta de su madre lo ha afectado emocionalmente.
Foto: El Universal
En cada visita que le llevan a su hijo es difícil separarlo de ella, y cada día habla de su madre y cómo la sacaría de allí. “Dice que la va a sacar de un bolsillo, que él hablará con el jefe de ella para que pueda irse con él”, relató Pierina entre lágrimas.
Ana Zambrano, madre del comisionado Fred Mavares, declaró que “estamos desesperados. Yo como madre sufro cada vez que lo veo allá”. Contó cómo a su hijo de 32 años siempre le apasionó su trabajo aunque tanto ella como su padre no estaban convencidos de que se dedicara a ese oficio. De igual forma, dentro de la policía se instruyó, realizó cursos y postgrados.
A su juicio, lo que más duele es que siendo inocentes aún sigan presos y “es un capricho tenerlos ahí. Porque eso es un capricho que tienen tanto el Sebin como el Gobierno”.
Crisola Salamanca, madre de Alfredo Chirinos, manifestó que siempre fue un buen oficial de buena conducta e incluso le comunicó que una vez que salga de allí aspira continuar siendo policía.
Chirinos de 32 años, estuvo en la Guardia de Honor y luego pasó a la Policía de Chacao. Es padre de dos niños y una niña que desconocen su situación. Crisola, apuntó que los infantes preguntan siempre por su padre y exigen que vaya a visitarlos, pero la familia ha acordado que lo mejor es que no tengan conocimiento de su estado.
El oficial Chirinos fue el primero que colapsó en la segunda huelga de hambre, pues se desmayó y vomitó sangre. Es además, uno de los que presenta mayor grado de ictericia, vómitos y diarrea.
“Dicen que aquí en Venezuela se cumplen los derechos humanos ¿Dónde están los derechos de ellos? Que tienen que estar afuera”, cuestionó Yibeli Andara, hermana de Darwin Herde, quien aseguró que la detención no solo los ha afectado emocionalmente sino económicamente, pues era quien suministraba los ingresos al hogar.
Andara, sostiene que es muy triste pasar las fiestas sin su hermano, pues no hay nada que celebrar si los 14 están presos. “Nos quitaron todo. Nos quitaron la felicidad de vivir, compartir y hasta ahora lo siguen haciendo. Siguen jugando con nosotros, no nos dan una respuesta, una audiencia…”, manifestó conteniendo las lágrimas.
Su hermano Darwin, es uno de los que presenta manchas en la piel debido al agua marrón con la que debe asearse. Sufre de constante dolor en la espalda y en el estómago.
Los familiares aseguran que “a todos nos están matando poco a poco”, pues incluso hay madres que han sufrido accidentes cerebrovasculares (ACV) debido al estrés y la tensión que les produce la situación.
Condenan que se les mienta al grupo y a sus parientes, pues las autoridades en el Sebin siempre les dicen que en dos semanas o unos días estarán libres. Incluso hubo ocasiones en que recogieron sus pertenencias esperando la ansiada libertad, pero resultó una mentira de los funcionarios.
La espera continúa hasta que el Sebin abra la reja
Familiares hacen un llamado a las autoridades del Sebin y del Gobierno Nacional a cumplir con la boleta de excarcelación, pues no solo se ha demostrado la inocencia de los 14 Polichacao, sino que están en juego sus vidas.
Foto: El Universal / Vicente Correale
Cada día la salud de los oficiales se deteriora y las condiciones de reclusión son preocupantes. De acuerdo a las declaraciones de parientes, un grupo de los 14 se encuentra en un área que conecta con las celdas de los presos comunes, donde se presume que hay una persona con tuberculosis.
La comida tampoco es la más adecuada, pues sufren de problemas estomacales y no permiten que se les entreguen medicamentos, ni que los visiten médicos privados para hacerle seguimiento a su condición física.
Madres y hermanas, afirman que continuarán luchando por lograr la libertad de los funcionarios. Ya han acudido a instancias internacionales con el apoyo y asesoría del Foro Penal Venezolano (FPV), que lleva adelante la denuncia ante La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la actualidad han presentado un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia por los 12 hombres y un habeas corpus por Venus Medina, pero no han recibido respuesta. Asimismo, en julio la Sala de Casación Penal declaró su avocamiento sobre el caso, por lo que el expediente ahora se encuentra bajo su revisión.
