La organización no gubernamental precisó que en enero de 2017 había 114 detenidos por razones políticas y 368 en febrero de 2018. En el informe Venezuela y presos políticos, se afirma que el uso artificioso del sistema de administración de justicia equivale a “terrorismo de Estado”
Erick S. González Caldea/Proiuris
368 presos políticos. Esa fue la cifra registrada por la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), a través de su informe Venezuela y presos políticos, sobre la realidad de derechos humanos de los ciudadanos encarcelados, en su mayoría, durante las manifestaciones antigubernamentales que se realizaron entre abril y agosto de 2017.
Para enero del año pasado, en Venezuela había 114 presos políticos. Pero las detenciones masivas en el contexto de las protestas del año pasado implicaron que el registro se triplicó en el último año.
La organización señala que las detenciones durante insurrecciones civiles evidencian patrones de criminalización. Denuncia el uso artificioso del sistema de administración de justicia y la impunidad como modalidades de terrorismo de Estado. “El Estado opta por utilizar la fuerza pública de manera excesiva e ilegal”, agregó.
“Señalar que en los últimos dieciocho años hemos llegado a incrementar el número de presos en nuestras cárceles por disentir con las políticas del gobierno es una realidad que ha alcanzado más de 10.000 venezolanos, que han desfilado por los distintos centros penitenciarios y que en la actualidad alcanza a 368”, apunta Fundepro.
“Observamos, de la actuación del Estado al realizar estas detenciones arbitrarias, que tiene percepción errónea de la protesta social como un ataque contra el orden público, lo que representa un ejemplo de un régimen autoritario, en vez de concebirla como un medio legítimo para canalizar las demandas de los ciudadanos”, advierte.
Diálogo con intenciones
Entre el 23 y 24 de diciembre de 2017 liberaron 44 presos políticos, producto de las negociaciones del gobierno y la oposición venezolana, en República Dominicana. El grupo fue llevado ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para que reconociera la autoridad de la instancia instaurada por el gobierno en agosto de ese año. Para Fundepro ese acto evidencia la ausencia del Estado de Derecho.
“Nuestros presos políticos suelen ser etiquetados -incluso desde cadenas presidenciales tanto del gobierno de Chávez así como del actual mandato de Nicolás Maduro- como: ‘Delincuentes’, ‘Asesinos’, ‘Corruptos’, ‘Terroristas’ o ‘Monstruos’. Y, por tanto, el trato que han recibido por parte de las autoridades es un trato discriminatorio, demostrándose como una política de Estado que un individuo detenido por razones políticas no tendrá acceso a las garantías mínimas que debería posee cualquier persona detenida”, ratifica.
La fundación recalcó que el gobierno demuestra no estar dispuesto asumir “un costo tan alto” como el de abarrotar cárceles y centros de detención preventivos con presos por razones políticas. “Luego de protestas, huelgas y peticiones con presión internacional, el gobierno decide dejarlos en libertad, pero siguiendo bajo proceso con libertades cautelares o condicionales, asegurándose así que, en cualquier momento, puedan ser nuevamente detenidos, procesados y condenados”, destaca.
Policías y militares tras las rejas
Fundepro registra en su informe que 53 funcionarios policiales y militares fueron apresados por razones políticas desde enero de 2017 hasta febrero de 2018. La organización -para este año- decidió priorizar a los presos de conciencia que pertenecen o han pertenecido a las Fuerzas Armadas Nacionales o a organismos de seguridad del país.
“Para nosotros son los más invisibilizados por múltiples razones (…) a lo largo de estos 18 años de persecución política, que hemos visto en Venezuela y donde indiscutiblemente no se han salvado, los que de una u otra forma han detentado la autoridad que representa un uniforme”, explica.
La ONG denunció que los funcionarios apresados padecen situaciones similares que los civiles encarcelados por razones políticas. “Se encuentran en centros tales como Sebin, Cenapromil (Ramo Verde y la Pica en Monagas), en la Dirección de Inteligencia Militar, cuya principal característica es la convivencia con presos comunes, el hacinamiento y las condiciones insalubres de esos centros, siendo denunciado en muchos casos la ausencia de atención médica adecuada, actuando solo en casos de emergencias”, se lee en el informe que expone los casos del General Oswaldo Hernández , el Comisario Rolando Guevara y del Coronel José Gámez, todos en estado grave de salud.
Fundepro no justifica las actuaciones del Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional (Sebin), debido a que “está por encima de los órganos judiciales, y quien desconoce sus decisiones y se niega a la ejecución de los mismos”.
La organización no gubernamental denuncia que en ninguna de las instalaciones en Sebin se puede tomar la luz del sol o respirar aire fresco con regularidad. “Existen denuncias de que ya muchos de los detenidos ni salen al sol o tienen condiciones necesarias para que mantengan una condición de salud óptima. Existiendo además La carencia de espacios para el esparcimiento”, agrega el informe de Fundepro.
