Foto @RCamachoVzla
Dra. Jackeline Sandoval de Guevara
Directora Ejecutiva
Fundación para el Debido Proceso
La
responsabilidad compartida es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta
cuando de detenidos se trata. Es muy fácil, cuando hay hechos que lamentar,
buscar urgente un responsable, pero mas fácil hubiese sido evitar tragedias como
la que ahora viven familiares de los victimas mortales acaecidas en los
calabozos de la Policía de Carabobo.
Si,
es cierto, hay que buscar responsables de esas violaciones a los Derechos
Humanos, esos que directamente participaron en los hechos donde resultaran
fallecidos 68 de presos, mas de 90 lesionados y hasta los momentos 4
funcionarios privados de libertad pero ¿donde estuvo la
supervisión de la directiva de PoliCarabobo y del gobierno regional?, ¿donde
estaba la Ministro de Asuntos Penitenciarios?, ¿donde estaba la supervisión del
Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo?, ¿se justifica
la cantidad de al menos 200 privados de libertad en una delegación de la
policía? Eso es un centro de reclusión mas, que no cuenta ni con los recursos
necesarios, ni con la preparación por parte del personal de policía como agentes
de custodia, y mucho menos con el espacio físico necesario, es decir, es una
cárcel cualquiera en Venezuela.
Sobre este problema también tendríamos que preguntarnos
¿Donde están los informes del organismo policial, Ministerio Público y
Defensoria del Pueblo denunciando el hacinamiento en los calabozos de
PoliCarabobo? ¿En que año comenzó dicha irregularidad? Quien debe
decidir en cuanto a la estadía de los presos en esos calabozos? ¿Por que los
jueces no dictaron medidas cautelares sustitutivas de libertad de muchos de esos
detenidos para evitar el congestionamiento y hasta la muerte de varios de ellos?
¿Quien vela por el mantenimiento de los calabozos y alimentación de los
detenidos que allí se encuentran?
Pero todo es resultado de nuestras peligrosas cárceles
donde nadie quiere ir ni de visita, ¿creen los jueces que enviando a los
detenidos, que están a la espera de un acto conclusivo, a un organismo policial
le evitarían el trago amargo de estar en una cárcel aunque sea por unas
horas?, si hay al menos una posibilidad de salir en libertad, ¿no
seria mas fácil dar medidas cautelares y asumir su responsabilidad en que no
exista el retardo procesal que impera en nuestro país, que poner a la orden de
los organismos policiales a estos detenidos?, ¿creen los jueces que en esos 45
días que se toma el Ministerio Público en decidir, si acusa o no, pueden
salvaguardar en algo el riesgo a perder la vida o la integridad
física de estos imputados?, todo esto sin conocer una verdad que ahora golpea a
varias familias venezolanas, no tenemos respuestas efectivas para tanta
represión, no hay política criminal, no hay seguridad, no existe un sistema
penitenciario capaz de mantener viva a una persona, mucho menos de
rehabilitarla.
Esta situación de hacinamiento no solo la viven las 32
cárceles venezolanas sino todos los organismos de policías donde existen
calabozos, quien detiene, ahora tiene la doble misión de aprehender y mantener
detenida a la persona hasta que se le consiga un sitio de reclusión destinado
por el órgano jurisdiccional, con la inmediata necesidad de convertirse en
centro penitenciario, donde necesariamente se debe dar un trato a este recluso y
a sus familiares y sobre todo, cumplir con los derechos mínimos
que todo privado de libertad tiene, así como velar por sus Derechos
Humanos.
Ahora bien, se abusa también de ese miedo a ir a una
cárcel, a un recinto penitenciario, se especula con el derecho a estar vivo,
amanecer íntegro, a comer, a satisfacer las necesidades básicas de vida, en este
país todo esto tiene un costo mas alto que ir a un hotel cinco estrellas. El
gobierno debería ir pensando en hacer cárceles privadas, como lo prevé nuestra
Constitución (articulo 272), ya que si igual hay que pagar, al menos cada quien
podría escoger la tarifa que pueda costear, y conocerse realmente cuanto cuesta
la vida de un preso.
