La Razón de México.- En Venezuela, el gobierno del Presidente Nicolás Maduro detiene y encierra en condiciones nefastas adolescentes que usan Facebook para invitar a sus amigos a participar en manifestaciones contra el gobierno, denuncian padres de familia venezolanos.
Argenis González es padre de uno de ellos. Cerca de las 6 de la mañana del 10 de enero, cuando se preparaban para ir a trabajar, un grupo de agentes de inteligencia armados golpearon fuertemente a su puerta. Los agentes se llevaron a su hijoEnder González de 17 años, quien estaba subiendo un mensaje a junto con su computadora.
González estuvo en la audiencia donde se acusó a los jóvenes de incitar a otras personas a través de Facebook a que salieran a las calles en manifestaciones contra el gobierno.
El Fiscal aplicó la “Ley contra el odio” adoptada en noviembre por la Asamblea Nacional Constituyente un órgano creado por Maduro para usurpar los poderes de la legislatura electa.
El joven Dylan Canache de 16 años, también fue detenido este año. A primera hora del 13 de enero Dylan le avisó a su madre que iría hasta una estación de metro cercana para encontrarse con una amiga que lo haba llamado porque necesitaba un lugar donde quedarse.
La familia de Dylan también estuvo desesperada hasta que lograron localizarlo el 15 de enero en la sede del Servicio Bolivariano de inteligencia Nacional (SEBIN) luego de haber sido imputada por una tribuna el día anterior.
Más tarde agentes de inteligencia le dijeron a la familia de Dylan que se le acusaba de participar en un chat grupal donde los participantes hablaban de manifestaciones y su familia supo a través de tribunal que se le acusó de “instigación al odio”.
Los gobiernos latinoamericanos que ya han manifestado preocupación por los presos políticos en Venezuela “deberían exhortar al gobierno de Maduro a que libere inmediata e incondicionalmente a todos los niños que estén en sedes del servicio de inteligencia.
Deberían además, considerar estos casos como un recordatorio más de por qué es importante imponer sanciones especificas dirigidas contra funcionarios venezolanos implicados en graves violaciones de derechos humanos”, manifestaron.
