Efecto Cocuyo.- Con un informe de 400 páginas la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró que existe “fundamento suficiente” para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante el periodo de gobierno de Nicolás Maduro.
El informe fue presentado este 29 de mayo y en él se puntualiza que los crímenes reseñados incluyen asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y desapariciones forzadas.
“Este panel estima que existe un fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”, afirmó Santiago Cantón (en la foto), exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que forma parte del grupo de expertos designado por Luis Almagro, secretario general de la OEA.
Este panel fue designado por Almagro el 14 de septiembre de 2017 y siete meses después determinó que sí hay fundamentos para enviar el informe al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para su consideración.
En una rueda de prensa en la sede de la OEA en Washington, Cantón aseguró que en Venezuela se han llevado a cabo 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados “colectivos”, ciudadanos que supuestamente se coordinan con las autoridades para reprimir manifestaciones.
El experto aseguró que el informe recoge denuncias de 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas arbitrariamente en los últimos dos años, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir “descargas eléctricas en sus genitales”.
Cantón denunció un “plan sistemático” del Gobierno de Nicolás Maduro para ejercer el “control social” y aseguró que el grupo de expertos ha detectado “una clara persecución política presente en todos los crímenes de lesa humanidad” que han sido recogidos en el informe.
Siguiente paso
Los crímenes de lesa humanidad se definen en el artículo 7 del Estatuto de Roma como delitos específicos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civilcon conocimiento del ataque.
La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pero sí pueden hacerlo cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo panamericano que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría enviar a título personal la información a la Corte Penal Internacional, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, así como la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz.
La diferencia radica en que, si un Estado denuncia a los miembros del Gobierno de Venezuela ante la CPI, la Oficina del Fiscal debe abrir una investigación de manera automática; mientras que, si lo hace un individuo (en este caso Almagro), la Fiscalía debe recibir la autorización previa de un grupo de jueces.
Antecedentes
La idea de investigar a Venezuela nació después de que Almagro presentara en julio de 2017 su tercer informe sobre el país, en el que alertaba de posibles crímenes de lesa humanidad.
De esa forma, en julio de 2017, Almagro eligió a Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la CPI (2003-2012), para que iniciara una investigación sobre Venezuela.
Ocampo abandonó esa investigación en octubre de 2017 y las pesquisas cayeron en manos de un panel de expertos, compuesto por Cantón, Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e Irwin Cotler, exministro de Justicia de Canadá.
El 8 de febrero de 2018, Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció que la CPI había abierto un examen preliminar sobre la situación en Venezuela.
Puede consultar el informe
Lea también:
