En el Sebin hay personas que llevan detenidas más de tres años. Algunos tienen órdenes judiciales de excarcelación que la policía política se niega a acatar. En el principal centro de reclusión de presos políticos este miércoles 16 de mayo comenzó una protesta contra los maltratos y la denegación de justicia
Reporte Proiuris | Rosibel Cristina González
Daniela Brito lleva cuatro años visitando a su esposo en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ubicados en el Helicoide, en Caracas. Desde este miércoles 16 de mayo, cuando los reclusos iniciaron una protesta por los maltratos que sufren, Daniela teme lo peor.
Extraoficialmente se supo que en la principal sede de la policía política hay 265 personas detenidas, entre ellas 54 presos políticos; cuatro menores de edad con boleta de excarcelación y 30 mujeres. Todos sobreviven en espacios cerrados, sin acceso a agua potable ni a la luz natural. Las condiciones de insalubridad aumentan el riesgo de enfermedades.
Daniela prefiere no identificar al padre de sus tres hijos menores de edad por temor a represalias. Recuerda los primeros días de su detención: “La primera vez que logré comunicarme telefónicamente con él, me contó que recibía descargas eléctricas, que lo ataban por los pies y que lo golpeaban sin cesar. Le ataban las manos y con una tabla se las golpeaban. Le estiraban los dedos hacia atrás. Una vez le arrancaron las uñas de los dedos y le metieron agujas. Las paredes son testigos de los gritos desgarradores no solo de él, sino de otros hombres que sacaban de madrugada para una tortura grupal. Los eligen al azar. No duermen pensando que una noche los pueden sacar y maltratar. A veces los asfixian con bolsa impregnadas de insecticidas”.
El escrito sería revisado por las autoridades del Sebin antes de que las peticiones fueran remitidas al organismo que dirige el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Una semana después, agregó García, el escrito permanecía engavetado: “Estaban desesperanzados, invisibilizados, a merced de los peores tratos humanos”.
El miércoles 16 de mayo, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana se acercó a los familiares que permanecían en las afueras del Helicoide y les informó que la visita había sido suspendida “por una situación irregular entre internos comunes y los presos políticos”.
La versión oficial ofrecida a los familiares contrasta con otras informaciones suministradas por los reclusos a través de fotografías y videos transmitidos por redes sociales. Una de las imágenes más impactantes fue la fotografía del joven Gregory Sanabria, de la organización Embajadores Comunitarios. Aparecía con el rostro desfigurado. Luego, el ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos y el general Ángel Vivas enviaron videos donde explicaban que se trataba de una manifestación pacífica y sin armas en contra de los malos tratos de parte de funcionarios del Sebin y en demanda de celeridad procesal.
Otra versión extraoficial indica que al preso estadounidense Joshua Holt sería tomado como rehén para acelerar las peticiones ante el Ministerio Público. Los funcionarios del Sebin lo sacaron de los calabozos y lo recluyeron en otro lugar para reguardar su integridad física; y esto habría molestado al resto de la población penal.
A media tarde del miércoles 16 ingresó al Helicoide un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana que se ubicó en el nivel uno del Helicoide. A través de notas de voz, los internos aseguraron a sus familiares que los funcionarios castrenses dispararon bombas lacrimógenas y les cortaron el servicio de electricidad.
Otra versión apuntó que al preso Joshua Holt lo iban a tomar como garantía para acelerar las peticiones ante el Ministerio Público. Los funcionarios lo sacaron de los calabozos para reguardar su integridad física y esto causó molestia en el resto de la población penal.
Conocida la información, Tob Robinson, Encargado de Negocios de Estados Unidos, y un grupo de parlamentarios entre los que se encontraban Richard Blanco, Winston Flores, Juan Andrés Mejías y Adriana Pichardo se trasladaron a la sede de la Cancillería para solicitar que le aseguraran garantía de vida a Holt. Más tarde Robinson informaría que no fueron atendidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La incertidumbre sobre lo que ocurría dentro del Helicoide se prolongó hasta este jueves 17 de mayo. Los familiares imploraban a los diputados y a los representantes de la prensa permanecer en el sitio “para evitar una masacre”. El llamado al fiscal general Tarek William Saab, y al Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, para que se apersonaran al lugar tuvo eco en los representantes de varias organizaciones de promoción y defensa de derechos humanos que si se acercaron al Helicoide para recordar que el Estado es responsable de garantizar la vida y la integridad personal de todos los privados de libertad.
