Entre tantas madres que luchan por la libertad de sus hijos, Carmen González de Garbi, madre del joven preso político Antonio José Garbi González, simboliza la firmeza ante tribulaciones salidas no sólo del infame encarcelamiento de su hijo sino también del secuestro de su esposo, triste realidad que sobrelleva, junto a sus familiares, desde hace más de 11 años, sin saber si vive o está muerto.
“Mi hijo solo quiere una mejor Venezuela, con oportunidades para todos, solo eso”, un anhelo igual de común para los presos políticos como la realidad expresada por la señora Carmen en relación a la causa iniciada contra Antonio José desde su aprehensión el 3 de junio de 2015: postergación del juicio, falta de pruebas y las afrentas por tenerlo preso.
“Aún no se ha iniciado el juicio de mi hijo, mañana se hará la audiencia, tres años después de ser detenido.” La apertura del juicio no se ha hecho. Sin que le falte razón y profundamente afectada, Carmen González corre el velo de “un proceso injusto y traumático”. Cuando se encadenó en la iglesia Don Bosco de Valencia, pidió parar las dilaciones, pero siguieron, cual desenfreno de truhanes.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, siempre presta a profundizar los linchamientos judiciales, sacó la causa de la entidad carabobeña, violentado con artificios el derecho al juez natural, y la radicó en el Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, la sola mención de esta jurisdicción alude al quebranto de los
Efecto Cocuyo.- El Centro Internacional para los Derechos Humanos, Justicia y Libertad (Cein), contabilizó un total de 22 pactos, tratados y protocolos internacionales violados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Las normas incumplidas están relacionadas con la protección de los derechos de los detenidos.
