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Caracas 26 de noviembre de 2020. Jackeline Sandoval, esposa y abogada de Rolando Guevara, conversó en exclusiva para Punto de Corte sobre la actual situación de Juan Guevara, Otoniel Guevara y su esposo, comisarios del antiguo cuerpo de la Policía Técnica Judicial (PTJ), actualmente conocido como Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), detenidos desde el 2004.
Los exfuncionarios de los cuerpos policiales fueron inculpados por el asesinato del exfiscal del Ministerio Público, Danilo Anderson ocurrido en el 2004. Tanto Rolando Guevara y Otoniel Guevara los condenaron a 27 años y nueve meses de prisión el 20 de diciembre del 2005, mientras que Juan Bautista debe cumplir una sentencia de 30 años tras los calabozos.
Sandoval de Guevara, activista y defensora de los Derechos Humanos, además de ser la directora de la Fundación para el Debido Proceso (FUNDEPRO) explicó que Juan Guevara «fue secuestrado» en su residencia el 20 de noviembre delante de sus familiares y en el caso de Rolando y Otoniel Guevara «fueron igualmente secuestrados por agentes del Estado que en ningún momento se supo quienes fueron», el 23 de noviembre de 2004.
«En el caso de Juan fue desparecido por 10 días y apareció en un hotel con graves signos de deshidratación, incluso parecía que lo hubiesen drogado, llegó al tribunal con un estado de inconsciencia en el que no reconocía a nadie. Otoniel fue secuestrado al frente de Magnum City Club que era su lugar de trabajo, ubicado en Caracas y mi esposo en El Cafetal, bajando de la casa de su mamá», detalló la abogada.
La defensora de los DDHH señaló que los Guevara fueron rápidamente presentados ante un tribunal de flagrancia, «esta rapidez es un privilegio para cualquier preso en Venezuela», dijo la abogada. Alegando que los entes judiciales del país los sentenciaron sin «una verdadera investigación», violando el debido proceso establecido en las leyes venezolanas, «utilizando testigos falsos y desechando pruebas que ni siquiera permitieron que se presentarán».
Un año después del juicio, Giovanni Vásquez de Armas, presunto testigo de los hechos, dijo en una entrevista que todo el proceso en contra de los Guevara había sido un montaje del entonces fiscal general, Isaías Rodríguez. También afirmó que había recibido tres millones de dólares para aprenderse un libreto que contribuiría con la sentencia de los exfuncionarios policiales.
En 2010, otro de los presuntos testigos del caso, Alexis Peñuela Márquez, afirmó en una entrevista con la periodista María Angélica Correa, que su testimonio en el juicio de los hermanos Guevara fue falso.
Por otra parte, el exfiscal del caso, Hernando Contreras, desde Estados Unidos y en calidad de exiliado, reconoció también que todo había sido un montaje del gobierno venezolano para culpar a alguien por la muerte de Anderson. Sin embargo, el exfiscal general, Julián Isaías Rodríguez, negó la veracidad de las declaraciones de Contreras, “Es lamentable lo que está pasando, yo no debí estar en ese caso, pero estaba de guardia”, confesó el fiscal a Sandoval tiempo después.
El diario «El Carabobeño» reseñó que según las investigaciones, un explosivo plástico tipo C-4 fue colocado debajo del asiento del conductor en la camioneta de Anderson, de 38 años, el 18 de noviembre. Al parecer fue activado con una llamada telefónica. La camioneta, incendiándose, se estrelló contra un edificio en la zona residencial y murió instantáneamente.
Los Guevara han recorrido durante estos 16 años varios lugares de reclusión, al inicio estuvieron en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en la Cárcel de Yare en el estado Miranda estuvieron aproximadamente un año y durante los últimos años se encuentran recluidos en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
La directora de FUNDEPRO detalló que el 20 de diciembre de 2005, Rolando y su hermano fueron condenados a cumplir una sentencia de 27 años y 9 meses en prisión, por los delitos de homicidio calificado y agavillamiento. Mientras su primo Juan fue sentenciado a 29 años de prisión por los mismos delitos y por porte ilícito de armas.
«Ellos están en la etapa de ejecución y nosotros desde 2011 hemos solicitado los beneficios procesales o medidas alternativas de la pena que desde ese año han podido acceder y hasta ahora no hemos recibido respuestas. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios es el encargado de realizarle los exámenes correspondientes, sin embargo, desde el 2011 a la fecha solamente se han acercado dos veces y no ha sido con ese objetivo, sino precisamente por alguna «misión cayapa» para verificar la situación de los presos en el SEBIN», comentó Sandoval de Guevara.
Según la abogada los funcionarios del Ministerio de Asuntos Penitenciarios han señalado en los exámenes realizado que los Guevara «no admiten la comisión del delito», por lo cual no pueden «ir a estar libre con la sociedad». «Ellos con este procedimiento buscan que los Guevara admitan un delito donde indudablemente no participaron», dijo.
El caso actualmente se encuentra en la Sala de Apelación 3, luego de un requerimiento que realizó Sandoval donde señaló que se les negaba el año pasado las medidas alternativas, «el caso tiene un año este Sala y todavía no se han pronunciado».
«Solo pedimos al Gobierno de Nicolás Maduro y a todo a que que tenga autoridad para hacer cumplir las leyes venezolanas: Que se respete la ley. Si hacen un examen que se respeten sus afectos políticos, los exámenes psicosociales de ellos deberían de salir perfectamente para así poder acceder a los beneficios procesales y poder estar fuera de la cárcel, con sus hijos y hacer un trabajo en pro de ellos y de Venezuela», concluyó la defensora de los DDHH y esposa de Rolando Guevara.
