Caracas, 29 de enero de 2021
Señora
Alena Douhan
Relatora Especial de la ONU sobre repercusiones negativas de las medidas
coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos
Estimada
señora:
Mediante esta
comunicación le damos la bienvenida a Venezuela, deseándole el mayor de los
éxitos en sus gestiones. Nosotros y nosotras, un grupo de defensores y
defensoras de derechos humanos del país, queremos expresarle los siguientes
puntos de interés e inquietudes con ocasión de su visita al país.
Desde agosto
de 2017 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, en su informe al Consejo de Derechos Humanos, había
solicitado al Estado venezolano, permitir el acceso al país a los
procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y a los mecanismos
regionales de derechos humanos. En este sentido, su visita es un paso positivo
pero, por sí sólo, insuficiente ante la emergencia humanitaria compleja y la
grave situación de derechos humanos del país.
Es importante
destacar que la mayoría de los 44 mecanismos temáticos del Consejo de Derechos
Humanos, compuestos por relatores, expertos independientes y grupos de trabajo,
pueden asesorar e investigar sobre la situación de derechos humanos en
Venezuela. Pese a ello, desde que el gobierno de facto se comprometió con la
Señora Michelle Bachelet, durante su visita de junio de 2019, a invitar por lo
menos 10 mecanismos en el término de dos años, solamente se ha concretado su
actual visita. Ese compromiso fue refrendado por el Consejo de Derechos Humanos
en su Resolución 42/L4, en septiembre de 2019, proponiendo que por los menos se
invitara a los siguientes mecanismos temáticos: Grupo de Trabajo sobre las
Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre la
independencia de los magistrados y abogados; la Relatora Especial sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria; la Relatora Especial sobre el derecho a la
alimentación; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental; el Relator Especial sobre
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la
Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ninguno de ellos
ha visitado el país, ni existen informaciones de que hayan sido formalmente
invitados por el gobierno de facto.
Pese a las
dificultades planteadas por la COVID 19, es claro que el gobierno de facto ha
entorpecido la visita de otros mecanismos, centrándose únicamente en su
presencia en el país. Es un hecho notorio que ese gobierno instrumentaliza las
sanciones sectoriales impuestas por los Estados Unidos de América, para ocultar
su responsabilidad en la crisis humanitaria compleja, causada por años de
corrupción a gran escala, que han significado crímenes contra el patrimonio de
la nación que hoy se encuentran impunes. Reconocemos el impacto negativo de las
sanciones sectoriales sobre el pueblo venezolano y apoyamos la solicitud hecha
tanto por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Sra. Bachelet, como
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se suspendan o
alivien esas sanciones con el fin de disponer de todos los recursos posibles en
la respuesta al COVID 19 y atender otras necesidades de la población.
Por otro
lado, además de obstaculizar la visita de otros mecanismos temáticos, el
gobierno de facto ha incumplido su deber de cooperar con los relatores y grupos
de trabajo que le han enviado comunicaciones para solicitar información oficial
sobre casos de violaciones a los derechos humanos. En efecto, desde 2011 ese
gobierno ha recibido 84 comunicaciones de los mandatos temáticos y solamente ha
respondido a 39, lo que significa que más de la mitad han quedado sin
respuesta. Entre febrero de 2019 y noviembre de 2020 fueron recibidas por la
Cancillería un total de 16 comunicaciones y solamente han sido respondidas dos,
lo que muestra la creciente falta de cooperación de ese gobierno con los
mecanismos temáticos de las Naciones Unidas.
También debemos
destacar que el gobierno de facto criminaliza la colaboración de las
organizaciones e individuos con los mecanismos de Naciones Unidas
obstaculizando así la labor de informar y mantener un respetuoso diálogo con
las diversas instancias.
En este sentido,
y acorde con su mandato previsto en la Resolución del Consejo de Derechos
Humanos, 27/21 sobre Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales,
esperamos que incluya dentro de la información pertinente toda aquella
relacionada con las consecuencias de la corrupción estructural y su impunidad
sobre la emergencia humanitaria compleja. En este sentido, instamos a la Sra. Douhan
a realizar las siguientes acciones:
1. Estudiar la evolución de la corrupción
durante las últimas dos décadas y su impacto en la vulnerabilidad que enfrenta
el pueblo venezolano, así como los niveles del gasto público destinado al
fortalecimiento del aparato represivo del Estado.
2. Tomar en cuenta la situación
preexistente a la imposición de las sanciones, y que llevó al colapso del
sistema de salud venezolano y a la situación de inseguridad alimentaria que hoy
padece el pueblo venezolano.
3. Constatar la falta de transparencia en
la gestión pública y la negación del derecho al acceso a la información que
impide la contraloría social sobre el gasto público y sobre las políticas
públicas implementadas por el Estado.
4. Reunirse los medios de comunicación
social independientes, los centros de investigación y las organizaciones de la
sociedad civil, para constatar su situación y, en particular, la política de
persecución en su contra, por investigar e informar sobre las responsabilidades
de los agentes del Estado por delitos relacionados con la gestión del gasto
público.
