6 may 2014

Madres piden que sus hijos sean juzgados en libertad

Las madres contaron que al llegar a Yare III a los 10 jóvenes les raparon el pelo y les dieron uniformes | Foto Leonardo Noguera
Las madres contaron que al llegar a Yare III a los 10 jóvenes les raparon 
el pelo y les dieron uniformes | Foto Leonardo Noguera

Madres de 4 de los 10 jóvenes que fueron detenidos el 26 de abril en Santa Fe claman por la liberación de sus hijos.
Joaquín Roca, Jhonny José Inojoja, Javier Monguilo, Marco Alexander Torres, Luis Andrés Picó, José Manuel Tavares, Jefferson Piñate, Aliyer Pacheco, Airam de Araujo y Bethania Farrera fueron aprehendidos el sábado, luego de una marcha por la educación, en el barrio El Güire por funcionarios de la GNB. Los ocho varones fueron trasladados la semana pasada a la cárcel de Yare III y las dos mujeres están en el INOF. 
En una rueda de prensa, las madres de algunos de los detenidos dijeron que los muchachos están en buenas condiciones. Fueron aislados del resto de la población penitenciaria, están uniformados y les raparon el pelo. El sábado lograron llevarles unas colchonetas al penal para que no durmieran en el piso.
Julia Gallegos, madre de Aliyer Pacheco, se lamenta porque su hijo “estaba en el sitio y la hora equivocados”. El joven de 24 años de edad se acababa de bajar de un autobús, cuando se topó con la persecución de los manifestantes por parte de la GNB y fue detenido. El joven trabaja y estudia en la Universidad Alejandro de Humboldt. No podrá inscribir el cuarto semestre esta semana.
A Linday de Piñate, mamá de Jefferson, le brotaron las lágrimas frente a los micrófonos. “Lo vi el domingo. Está decaído. Me pide que lo saque de la cárcel. Le dije que como sea lo voy a sacar de ahí, porque no ha cometido ningún delito, no ha hecho nada malo”.
Jefferson tiene 24 años y está recién graduado de Administración en el Colegio Universitario José Lorenzo Pérez Rodríguez. Trabaja para cubrir sus gastos y para ayudar a pagar la universidad de su hermana menor.
“Miren a estos muchachos con ojos de misericordia”, implora Lorena Tavares, madre de José Manuel Tavares. El muchacho está cursando 5° año de bachillerato y estaba en los preparativos de su graduación. La última vez que su madre lo vio fue hace 3 días y por apenas 10 minutos.
Todas coinciden en que sus hijos están bien físicamente, pero tienen miedo. “Mi hijo lo que hace es pedirme perdón”, dice Carmen Cabrera, representante de Marcos Torres, de 20 años de edad. Torres trabajaba para ayudarla con los gastos mientras esperaba por un cupo en la Unefa. Fue escolta del viceministro de Deportes y recientemente había entrado a trabajar en una empresa telefónica.
Sin juicio. Los cargos que fueron precalificados a estos 10 jóvenes son instigación pública, agavillamiento y, en algunos casos, detentación de artefactos explosivos. El abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, que acompañaba a las madres, explicó que se trata de delitos que no superan los 6 años y que por tanto no tienen tal gravedad como para que los jóvenes permanezcan en prisión. Pidió que se les dicten medidas cautelares mientras enfrentan su juicio. “Es inhumano privar de libertad a una persona que ni siquiera se ha determinado que cometió un delito”, dijo. Además, indicó que está en curso el proceso de apelación de la medida preventiva de privación de libertad.
Las Cifras
*130 personas, de las 2.577 detenidas desde el 12-F, permanecen privadas de libertad por manifestar, según cifras del Foro Penal Venezolano.
*80 casos de tortura, tratos crueles e inhumanos han sido denunciados ante la Fiscalía.
*8 personas con condiciones especiales han sido detenidas. El último caso es el de Xavier Beckles, con síndrome de Asperger, quien fue detenido el viernes en Ciudad Guayana.


Agente encubierto incriminó a abogado del Foro Penal

Aníbal Ruiz Alvarado aseguró que el caso está lleno de irregularidades | Foto Henry Delgado
Aníbal Ruiz Alvarado aseguró que el caso está lleno de irregularidades | Foto Henry Delgado

Utilizar agentes encubiertos se ha vuelto un patrón en los casos en los que se detiene a personas por hechos relacionados con las manifestaciones desde el 12 de febrero. Tal es el caso de Marcelo Crovato, abogado colaborador del Foro Penal Venezolano, que “está detenido por una supuesta grabación en la que un sujeto declara que en una reunión del Foro Penal se instigaba a los ciudadanos a continuar con las guarimbas”.
Así lo explicó su abogado Aníbal Ruiz Alvarado, quien asegura que el caso está lleno de irregularidades. La primera, que la persona que incrimina a Crovato sea un agente encubierto: “No había justificación legal para utilizar agentes encubiertos, pues solo se pueden emplear cuando se trata de casos graves como terrorismo, trata de blancas, legitimación de capitales, drogas o tráfico de órganos”.
Por ninguno de esos delitos imputaron a su defendido, aseguró, sino por instigación a delinquir, obstrucción de la vía pública y posesión de elementos incendiarios. Aclaró que Crovato no tiene que ver con los delitos que se le imputan.
Otra irregularidad es que se detenga a un abogado mientras ejerce su trabajo, pues Crovato asesoraba a los ciudadanos Ignacio Porras y Marling Márquez cuando allanaban su vivienda en Chacao.  Funcionarios del Cicpc le pidieron luego que los acompañara y fue detenido junto con Porras y Márquez en la División Antiterrorismo del Cicpc.
Ruiz recordó que cuando se usan agentes encubiertos deben tener un nombre temporal durante el proceso judicial, pero en el expediente de su defendido solo aparecían como “agente 1” y “agente 2”.
“No se puede usar agentes encubiertos en este tipo de casos. Los funcionarios tienen una responsabilidad civil, penal y administrativa; no tienen una patente de corso”, expresó.
Patrón. Ruiz aseguró que existe un patrón de utilización de agentes encubiertos en las detenciones de personas por las manifestaciones. “Hay un patrón de testigos que se identifican como agentes encubiertos y nunca se sabe quiénes son. Pasó en Chacao, en el caso del hotel Savoy, en El Valle, en Chacaíto y en Sabana Grande cuando han hecho allanamientos a viviendas”, señaló.
Indicó que su defendido fue director de una cárcel con este gobierno, por lo que no puede ser trasladado a una prisión común; sin embargo, lo llevaron al Rodeo.
El 22 de abril el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dijo ese día en la madrugada hicieron tres allanamientos en Chacao, en los que decomisaron “armas y drogas”. En uno de esos procedimientos fue detenido Crovato. “Soy abogado del Foro Penal. Fui a atender a una persona que la estaban allanando por guarimba. Ahora me quieren detener”, escribió en su cuenta de Twitter alrededor de las 9:00 am.
Agresiones
El Colegio Nacional de Abogados anunció que marchará en mayo para rechazar las agresiones contra  agremiados por cuerpos de seguridad del Estado.
Un ejemplo de las agresiones que rechazan las vivió Tailandia Márquez Rodríguez, integrante del Colegio de Abogados, que denunció que el 16 de abril sufrió torturas de funcionarios del Cicpc cuando se disponía a asistir a un defendido (que no puede nombrar).
Señaló que cuando trató de ponerse en contacto con su defendido, la mandaron a esposar, la llevaron a una sala y tres mujeres la golpearon. Aseguró que le halaron el cabello, que un hombre le hizo una llave en el talón y le ocasionó un esguince y que luego la llevaron a la subdelegación de El Paraíso, donde le hicieron un examen toxicológico. Ibeth Lugo, presidente del Colegio Nacional de Abogados, exigió a la Fiscalía que se investigue y se establezcan las responsabilidades del caso. Dijo que no es la primera vez que reciben una denuncia de ese tipo, que se ha repetido en varios estados del país.
El Dato
William Jiménez, del equipo de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, dijo que en todo el país se han registrado más de 10 agresiones contra agremiados que defienden a personas detenidas por las manifestaciones. Denunció que funcionarios evitan que los imputados escojan a su defensor de confianza, lo cual viola el COPP. 

5 may 2014

ANÓNIMO, EL “PATRIOTA COOPERANTE” INCRIMINA A CIUDADANOS

MARU MORALES : Un agente encubierto es, por definición de la ley, un funcionario de seguridad del Estado que se infiltra en un grupo de delincuencia organizada con el fin de recabar información incriminatoria (Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo).
Abogados voluntarios de la ONG Fundeci detectaron que este tipo de operaciones de inteligencia se está aplicando contra grupos de manifestantes antigobierno, e incluso individualidades, con el objetivo posterior de allanar propiedades y realizar detenciones.
“Son personas que llegan a relacionarse con los ciudadanos cuya propiedad es luego objeto de allanamiento, al punto de que logran tomar fotografías, entrar a las viviendas de las personas y recabar información personal.
En algunos expedientes, como el del allanamiento en Chacao del 22 de abril que atiende el Tribunal Noveno de Control, estos agentes encubiertos se identifican como `agente 1’, `agente 2’, `agente 3’, etcétera.
Sin embargo, en el expediente del allanamiento del 26 de abril en Macaracuay, la persona que brinda información a la autoridad es identificada como `patriota cooperante”, afirmó la abogada Elenis Rodríguez, directora de Fundeci.

Familiares exigen retorno de presos

5 DE MAYO 2014 - 12:01 AM

“Los están tratando muy mal, les pegan y no les dan comida o se las tiran en el suelo. No es posible que les hayan dado solo dos minutos para hablarnos”, dijo Yusney Barboza, hermana de uno de los reclusos que fueron llevados del Centro Penitenciario de Occidente a otras cárceles del país, a propósito de las acciones de desalojo y desarme del recinto penal llevado a cabo por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Contó que su hermano fue sacado de la cárcel situada en la localidad de Santa Ana, en el sur del Táchira, el miércoles en la noche y el sábado en la mañana fue cuando pudo hacer una llamada telefónica e informar que lo habían llevado al Rodeo.
Agregó que su familia no tiene posibilidades económicas para viajar hasta el estado Miranda y estar pendiente de su pariente privado de libertad.
“No nos dijeron cuándo los van a regresar. El gobernador es un mentiroso cómo va a decir después de cuatro días que no hay muertos si hasta había uno descompuesto. Había muertos y heridos”, reiteró Barboza.

Esta semana comenzarán a evaluar a Simonovis

Comisario Iván Simonovis | Antonio Rodríguez
El Nacional

La junta está integrada por dos médicos, uno asignado por el gobierno y otro por la familia del policía

La Junta Médica que evaluará el estado de salud del comisario Iván Simonovis, preso en Ramo Verde, empezará a trabajar esta semana, informó el diputado Edgar Zambrano.
La junta está integrada por dos médicos, uno asignado por el gobierno y otro por la familia del policía.
Las identidades de los galenos no serán reveladas para evitar presiones.