22 mar 2015

Lilia Camejo le pide a Cabello que se retracte

La Dra. Lilia Camejo, del Foro Penal, rechazó este sábado la acusación que le hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el programa “Con el mazo dando”.
Así lo dijo vía telefónica al recordar que el miércoles Cabello dijo: “Lilian María Camejo González, integrante de la directiva de la ONG Foro Penal Venezolano, quien no retorna al país desde el 16 de febrero de 2014 no ha perdido el tiempo, y es que con los dividendos que dejan los casos cobrados en dólares por esa ONG, aperturó en Panamá la empresa “INVERSIONES VDV S.A” con un capital de 25 mil dólares, siendo sus socios: Merbis Mercedes González Zabala y Zeus Maximiliano Marcano Zurita, éste último muy conocido como un estafador en la ciudad de Panamá”.
Camejo respondió: “El diputado Diosdado falsea la información y datos infundados. Jamás he tenido empresa alguna en la ciudad de Panamá. No es cierto que permanezco fuera del país desde febrero 2014, todo lo contrario y no soy esa persona que identifica como propietaria de esa empresa que menciona existe en Panamá. Sin el ánimo de entrar a polemizar con el referido diputado, y amparada en el derecho que me asiste como ciudadana venezolana, mujer, madre y abogada tengo la firme convicción de que así como mi nombre y mi imagen fue injustamente utilizada para difundir una información, a todas luces falsa y muy mal intencionada y expuesta a la duda de la opinión pública de la manera más irresponsable; sea igualmente reivindicada y aclarada en el mismo espacio y por el mismo denunciante para no dejar duda alguna de mi conducta y proceder en el seno de nuestra sociedad”.

Hasta una cosmetóloga hay en los calabozos del Sebin

El Helicoide | Foto Archivo El Nacional
El Nacional

La mitad de los encarcelados por pensar diferente están en la sede de la policía política. Jóvenes, estudiantes, mujeres y profesionales colman sus celdas. Tribunales sin juez, actas engavetadas y causas arraigadas fuera de Caracas retardan los procesos de 40 personas presas en el Servicio de Inteligencia

mARU MORALES P. | MMORALESP@EL-NACIONAL.COM


De 86 presos por motivos políticos, 40 están en el Sebin. De este grupo, 37 fueron apresados desde que Nicolás Maduro asumió el poder; 5 son mujeres y 9 son estudiantes. El promedio de edad de los presos de Maduro en el Sebin es de 30 años.
Los hermanos Otoniel, Rolando y Juan Bautista Guevara son los presos políticos más antiguos en los calabozos de la policía de inteligencia. De sus 10 años de prisión, 8 los han cumplido en el Helicoide. Son los únicos presos de Chávez que quedan en el Servicio de Inteligencia y fueron enjuiciados y condenados como los responsables materiales del asesinato del fiscal Danilo Anderson.
De más reciente data, pero igualmente conocidos para la opinión pública, son Lorent Saleh, Rosmit Mantilla, Ronny Navarro e Inés González (@inesitaterrible). Sin embargo, en las distintas sedes de la antigua Disip hay otros detenidos que resultan invisibles para la mayoría de la gente.
Una señora de más de 55 años con serios problemas de salud, un hombre con tubercolosis pulmonar, un vigilante de una ONG, un grupo de musulmanes y hasta una cosmetóloga figuran en la lista de presos políticos del gobierno.
El abogado y profesor universitario José Vicente Haro explicó su definición de políticos presos y de presos políticos: “Los primeros son personas que han hecho de la política su vida, que militan en partidos e incluso ejercen cargos de representación y que lamentablemente están presos por acción del Estado. Pero los presos políticos son los ciudadanos de a pie, gente que no milita en partidos y que simplemente decidieron ejercer sus derechos a la protesta, a la expresión, a la manifestación y fueron apresados y enjuiciados por eso”.
La abogada y directora de la Fundación para el Debido Proceso, Jaqueline Sandoval, considera que el número actual de presos políticos revela tres cosas sobre el gobierno: su inseguridad en el ejercicio del poder, su temor de que la sociedad se rebele contra sus malas políticas y su conciencia de que tienen menos respaldo. “Muchos de los presos políticos son jóvenes, estudiantes o profesionales que se preocupan por el destino del país, y es a ellos a quienes el gobierno ve como enemigos, a los que piensan diferente. Al gobierno no le gusta el que protesta ni el que piensa diferente”, afirmó Sandoval.

Froilán Barrios: Ley habilitante promueve clima de persecución a todo aquel que piense distinto

Froilán

El presidente del Movimiento Laborista, Froilán Barrios instó a rechazar la reciente ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional al Presidente Maduro en la que aseguró se pretendería, "someter de forma violenta nuestros derechos y desconocer la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprovechando la resolución del presidente Obama bajo el falso discurso del antiimperialismo".
Explicó que la resolución Obama le llegó al primer mandatario como una "tabla de salvación" para justificarse tanto a lo interno como al mundo entero de ser una supuesta víctima de la agresión imperial. "Es la Bahía de cochinos que estaba esperando para sacar al ruedo una Ley habilitante que lo autoriza por nueve meses para decretar estados de excepción, así como promover el clima de terror y persecución a todo aquel que piense distinto".

Cidh pide protección para activista de ONG venezolana Leer más en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/cidh-pide-cautelar-para-miembro-de-ong-por-intimid.aspx#ixzz3VAed67h0


ÚN | EFE.- La CIDH emitió hoy una medida cautelar por la que insta al Gobierno de Venezuela a proteger la vida del activista venezolano Marco Antonio Ponce y denunció que él y otras 5 personas que viajaron a EEUU para hablar ante este organismo fueron sujetos a "intimidación" por "altas autoridades del Estado".

En una resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) insta al Gobierno venezolano a adoptar "las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal" de Ponce, activista del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVC).

20 mar 2015

Identifican ocho patrones de persecución política

La violencia contra dirigentes opositores, como el diputado Julio Borges, permanece en total impunidad, se indica en el informe de Cepaz | Foto Archivo El Nacional
La violencia contra dirigentes opositores, como el diputado Julio Borges, permanece en total impunidad, se indica en el informe de Cepaz | Foto Archivo El Nacional

EDGAR LÓPEZ
ELOPEZ@EL-NACIONAL.COM

“No son casos aislados, sino una política sistemática del Estado que se ha agudizado durante el gobierno de Nicolás Maduro”, destacó Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, durante la presentación de un estudio sobre los patrones de persecución a la oposición en Venezuela.
La advertencia de Borges sobre la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos tiene implicaciones muy graves en términos de responsabilidad internacional del Estado y responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales de los atropellos. “Si, como hemos podido documentar, los excesos corresponden a prácticas concurrentes y repetidas, el análisis jurídico-político trasciende a la evaluación de la vigencia del Estado de Derecho y de la democracia misma en Venezuela. Precisamente por ello es que la Constitución establece que las violaciones graves de los derechos humanos son imprescriptibles”, insistió la directora de Cepaz.
Se analizaron 35 casos que incluyen diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes, dirigentes de partidos políticos y organizaciones sociales, y estudiantes.
Criminalización. Se identificaron ocho patrones que, en conjunto, fundamentan la ejecución de la llamada criminalización de la disidencia: 1.- apertura de procedimientos judiciales (86,71%); 2.- estigmatización a través de los medios de comunicación social (42,86%); 3.- allanamientos irregulares a la propiedad privada (22,86%); 4.- aquiescencia estatal sobre actos de violencia (17,14%); 5.- destitución de cargos públicos (11,43%); 6.- allanamiento de la inmunidad parlamentaria (5,71%); 7) usurpación de funciones públicas (5,71%), y 8.- inhabilitación política (2,86%).