Recordó que la medida está claramente definida en el ordenamiento jurídico venezolano, que establece el beneficio “en el caso de una enfermedad terminal”.
Considera que es el juez el que debe determinar entre los derechos del detenido “y el mensaje que se da a partir del otorgamiento de una medida de esta naturaleza a una persona que cuando tuvo una responsabilidad se comprobó, a través de un juicio y condena firme que fue corresponsable, partícipe en una violación importante de derechos humanos en el marco de un golpe de Estado”.
Para la defensora Gabriela Ramírez, “la responsabilidad la tiene este juez que lleva el caso a donde se ha elevado la petición”.
