Jackeline Sandoval de Guevara | Directora Ejecutiva Fundación para el Debido Proceso
En Venezuela y para el resto de la comunidad internacional, generalmente se tiene la idea que sólo son Prisioneros y Prisioneras Políticas quienes han emitido opinión contraria a la doctrina del gobierno de turno o se han alzado en armas, lo que limita que se reivindiquen como tal a quienes están sometidos a reclusión en razón a su oposición política no armada o por el desarrollo propio de las circunstancias de cada país.
En Venezuela, históricamente, hemos podido identificar tres categorías de prisioneros y prisioneras políticas: de “Conciencia”, de “Rebelión Armada Civil o Militar” y Víctimas de Montaje Judicial.
1.- Prisioneros Políticos de Conciencia son las personas que han expresado su oposición política al régimen o al gobierno vigente, de manera individual o en su calidad de miembro de organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles, campesinas, defensoras de derechos humanos, entre otras, y en razón a ello han sido perseguidas y privadas de la libertad.
2.- Prisioneros Políticos por motivo de rebeliones armadas civiles o militares. Son las personas que se han alzado en armas con la finalidad de tomarse el poder y derrocar el régimen constitucional y legal vigente, y en razón a ello han sido privados de la libertad.
3.- Prisioneros Políticos Víctimas de Montaje Judicial, son aquellas personas que el gobierno de turno, en conocimiento de que son una oposición no abierta, pero identificada por este como peligrosa para su estabilidad por razones de su liderazgo individual o por denuncias efectuadas por personas allegadas al Gobierno, son perseguidas, detenidas y sometidas a procesos penales con pruebas falsas, manipuladas o insuficientes. Estos son cada día más activistas sociales, políticos, sindicalistas, estudiantes, intelectuales, empresarios, funcionarios públicos, quienes a su manera y desde sus propias trincheras de lucha representan las múltiples caras de la resistencia social y política, invisibilizada sistemáticamente, gracias a las gestiones gubernamentales, a los ojos de la opinión pública internacional.
Desde cualquiera de los tres puntos de vista, en Venezuela podemos asegurar que existen prisioneras y prisioneros políticos en razón a la existencia de ese conflicto social y político, que deslegitima cada día más al Gobierno venezolano y que ha traído como consecuencia el padecimiento que sufren y han sufrido más de 172 ciudadanos, sometidos al encierro y, como medida accesoria, la tortura que representa nuestro sistema penitenciario y carcelario, una situación en la que las violaciones de los derechos fundamentales de los presos se patentiza en el hacinamiento, la constante amenaza al derecho a la vida, las torturas y los tratos crueles inhumanos y degradantes, la deficiente o inexistente asistencia médica, la limitada garantía de los derechos humanos, la pésima infraestructura, entre otras, y son padecidas a diario por estos seres.
