ONG afirmaron que el comisario Rolando Guevara requiere tratamiento
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
Por presuntamente violarle sus derechos a la salud y a la integridad física al comisario Rolando Guevara, uno de los tres únicos condenados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson, cinco organizaciones de Derechos Humanos denunciaron ayer a la jueza 6 de Ejecución de Caracas, Fabiola Vezga Medida.
Representantes de Fundepro, Fundeci, Nueva Conciencia Nacional, Foro Penal Venezolano y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Caracas una acción de amparo contra la negativa de la funcionaria de permitirle al exmiembro de la policía política que sea trasladado a un centro asistencial para ser sometido a un cateterismo.
"El mencionado interno se encuentra mal de salud y se ha solicitado en varias oportunidades asistencia médica", advirtieron las agrupaciones en su escrito, en el cual indicaron que la petición fue acordada por "el tribunal, no obstante las autoridades del sitio de reclusión (Sebin) han omitido en reiteradas oportunidades la orden dada por el tribunal, siendo del conocimiento del tribunal tal conducta irrespetuosa hacia ellos".
Para Jacqueline Sandoval, esposa de Guevara y su representante legal, la jueza Vezga ha fomentado este desacato al no tomar medidas para asegurarse que su orden fuese acatada por las autoridades de la policía política donde desde hace nueve años permanece recluido el comisario cumpliendo su condena a más de 27 años de cárcel por el atentado contra el Fiscal.
La abogada también denunció que la Jueza no ha dado respuesta a la medida humanitaria que han solicitado en reiteradas ocasiones a favor de Guevara y la cual le permitiría cumplir su condena en la cárcel mientras se recupera.
Sobre Táchira y Mérida
Sandoval aprovechó para condenar la represión que las autoridades han desatado contra los estudiantes que en la última semana han salido a las calles a protestar contra la inseguridad ciudadana.
En particular rechazó que los cinco detenidos en el Táchira hayan sido enviados a la cárcel de Coro por un tribunal que se constituyó en una sede militar.
