Zaida D. Arias Molina
zarias@el-carabobeno.com
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Este lunes, organizaciones pro derechos humanos consignaron ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal la solicitud de Amparo Constitucional contra la jueza Fabiola Vezga Medida, titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, por denegación de justicia y violación a los derechos fundamentales, en lo referente al caso del preso político comisario Rolando Guevara Pérez, quien se encuentra actualmente recluido en el Sebin, donde cumple una condena de 27 años y 9 meses, de los cuales ya tiene 9 años privado de libertad.
Al recinto judicial estuvieron presentes representantes de instituciones como Fundepro, Fundeci, Nueva Conciencia Nacional, Foro Penal Venezolano, y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados.
El documento consignado por las defensoras de los derechos humanos especifica que el comisario Guevara se encuentra mal de salud, y en variadas oportunidades se ha solicitado asistencia médica, y que pueda realmente acceder a un tratamiento para poderlo intervenir quirúrgicamente de un cateterismo coronario que urge realizarse. Denunciaron además que las autoridades del Sebin han omitido en reiteradas oportunidades la orden dada por el tribunal, sin que ésta se imponga como órgano jurisdiccional.
Jackeline Sandoval de Guevara, defensora de Rolando Guevara y Directora de Fundepro, manifestó que la juez ha dado pie a que se violen sus propias decisiones al no mostrar interés alguno en las resultas de lo por ella ordenado y además no ha dado respuesta en relación a la Medida Humanitaria solicitada, así como a nuestras peticiones realizadas mediante innumerables diligencias. El Amparo fue distribuido a la Sala 7 de la Corte de Apelaciones.
Condena a detenciones de estudiantes de Táchira y Mérida
La abogado penalista condenó las detenciones y violaciones al debido proceso que se realizaron contra las jóvenes de Táchira y Mérida alcanzando con estos 148 presos políticos del Gobierno de Nicolás Maduro de los cuales 146 son por protestar.
Las ONGS a favor de los DDHH objetaron que los jóvenes detenidos de manera arbitraria fueran recluidos a más de 800 kilómetros de distancia del juez natural y del sitio donde se sucedieron los hechos.
Lilia Camejo del Foro Penal Venezolano exhortó a la opinión pública venezolana como a la comunidad internacional para que se hagan eco de las voces de los jóvenes en todo el país que están en estos momentos manifestando pacíficamente.
