Las audiencias de los detenidos el jueves, que estaban previstas para este sábado a las 11:30 de la mañana finalmente comenzaron a las 6:00 de la tarde. Un nutrido grupo de personas, entre miembros de la comunidad, familiares y movimiento estudiantil, se concentró afuera de los tribunales en apoyo de los afectados, rechazando la violencia con que se realizaron las aprehensiones y denunciando ilegalidad de las mismas.
La audiencia para los menores de edad apresados en Residencias Karimanparú, el jueves por la noche, finalizó un poco antes de las 8:00 de la noche. A Kent Lavechia, de 15 años de edad; Jackeline Rodríguez, de 17 años de edad y los dos niños en situación de calle, identificados como Leomar Jesús y Lugo Maiz, les fue otorgada libertad plena.
Cabe destacar que estos fueron arrestados violentamente por oficiales, presumiblemente de la Guardia Nacional Bolivariana, vestidos de civil, que portaban chalecos antibalas y armas largas, y que efectuaron nueve detenciones al azar en el conjunto residencial, en las que los dos adolescentes mencionados fueron severamente maltratados.
En el caso de los siete aprehendidos en la panadería del Centro Comercial Santo Tomé de Los Olivos el jueves en la mañana, la audiencia continuará este domingo a las 10:00 de la mañana.
A los detenidos: Richard Rafael Rodríguez Salazar, estudiante de la UNEG; César Luis Díaz Véliz, estudiante de la UDO; Daniela Vásquez Martínez, Iutirla; Javier Jesús Mora, vigilante; Darwin Marín, estudiante de la UDO; María Gabriela Farías, cardióloga, y Noris Mercedez Gil Martínez, odontóloga, se les imputó instigación pública y agavillamiento.
A Darwin Marín le fue imputado además el delito de detentación de artefactos explosivos. Tanto este como los dos delitos mencionados anteriormente contemplan pena de 3 a 6 años de prisión, según el Código Penal.
El abogado defensor de los perjudicados, Iván Martínez, miembro del Foro Penal, informó de los cargos y que la Fiscalía “solicitó privativa de libertad” para los siete. Sostuvo que “no hay pruebas suficientes”, pero la experiencia de las audiencias del viernes lo hicieron aseverar que “los fiscales no se apegan a la justicia sino a las decisiones de un dictador”.
Privativa de libertad
A Giancarlos Palomo, de 36 años, quien fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el jueves al mediodía en su lugar de trabajo, en la Litografía La Tarjeta, ubicado en Castillito, le fue dictada privativa de libertad durante 45 días, según la decisión de la audiencia que tuvo lugar este sábado en la tarde, por el Tribunal Tercero de Control a cargo de la jueza Jaqueline Saavedra.
El abogado defensor de Palomo, Luis Guevara, informó que al ciudadano lo habían arrestado por primera vez en Los Mangos, y que en la audiencia del 30 de marzo fue liberado bajo régimen de presentación cada ocho días, durante ocho meses.
Guevara indicó que a Palomo “lo llamaron (el jueves) temprano” de un banco del Estado “para decirle que le llegó una tarjeta de crédito, que la tenía que buscar en una agencia en la calle Ramírez (de San Félix) (…) pero que si no podía se la podían llevar a su trabajo y le pidieron la dirección”, por lo que el afectado la suministró. La tarjeta de crédito nunca llegó.
Los oficiales del Sebin arribaron a su trabajo al mediodía y se lo llevaron bajo el pretexto de que “estaba solicitado por el tribunal”, dijo Guevara, y hasta el viernes ni Palomo ni su abogado supieron la razón de la detención.
Este sábado se le imputaron los delitos de resistencia a la autoridad y detentación de artefactos explosivos, aunque el jueves no se le encontraron ninguno de estos objetos durante el arresto. Palomo permanecerá 45 días en el Destacamento Nº 88 mientras continúan las investigaciones. La defensa apelará la medida para conseguir casa por cárcel o régimen de presentación diario.
La Fiscalía solicitó acumulación del expediente desde que fue detenido en Los Mangos, en el que se le imputaron los mismos cargos más el delito de instigación pública.
