Laura Weffer Cifuentes | Naylett Leonett.- El Día de la Madre (11 de mayo), Yiruma Paredes les pidió a sus familiares que no fueran a visitarla al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof). Tenía días sintiéndose demasiado débil y durante la visita de la semana anterior se había desmayado.Desde hacía dos meses le sangraba un seno, tenía tos y fiebre. El 13 de mayo murió a consecuencia de un paro respiratorio. Casos como el suyo no aparecen en las estadísticas oficiales que le reportan a la ministra de Asuntos Penitenciarios, según las cuales, las únicas patologías que sufren los 53.422 privados de libertad en todo el país son: tuberculosis, VIH, enfermedades psiquiátricas, de transmisión sexual, hipertensión arterial y diabetes. Las cifras indican que 895 personas presentan enfermedades; es decir, 1,67% de la población penal. En total hay 60 médicos, 40 odontólogos y 23 enfermeros para atender los 23 establecimientos operativos de hombres y 16 anexos femeninos.
En el Inof conviven 784 reclusas y hay dos médicos (ginecoobstetra y psiquiatra) para atenderlas. La organización de las Naciones Unidas establece que un médico debe examinar a cada recluso “tan a menudo como sea necesario, para determinar enfermedades físicas o mentales y tomar medidas necesarias”. Asimismo, fija una serie de condiciones especiales para la atención médica de mujeres tras las rejas y de quienes sufren enfermedades psiquiátricas.
Paredes requería atención especializada. La mujer, de 47 años, ingresó a las 3:50 de la tarde sin signos vitales al Hospital Victorino Santaella, en Miranda. De acuerdo con la versión de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, los médicos le aseguraron que no había nada que hacer para salvarle la vida. El tiempo entre el penal y el centro asistencial es de máximo 10 minutos.
El suceso provocó que se prendieran las alarmas hacia fuera y las reclusas se comunicaran con sus parientes. Según versiones de esa noche, hicieron sentir el malestar que les había causado la muerte de Yiruma. Denunciaron que habían sido golpeadas y que les habían robado sus pertenencias. “Oye cómo nos disparan, oye los gritos de las muchachas”, susurraba desde el auricular una de las internas, quien se comunicó para dar cuenta de la situación. “Me quitaron seis mil bolívares que tenía en mi celda. Nosotros lo único que estamos haciendo es cantando el himno nacional”, dijo.
Mientras tanto, Yubraska Paredes intentaba establecer la verdad sobre las causas de la muerte de su hermana, Yiruma. Necesitaba saber si había recibido la atención médica necesaria o si su deceso había sido por negligencia. No era la primera vez que su hermana se quejaba de falta de atención médica en el penal.
Paredes estaba detenida en el Inof desde agosto de 2013. Estaba acusada de hacerse pasar por viceministra y comisionada presidencial. Su delito, de estafa, lo hacía a través de la Fundación Ángel de la Revolución, a voceros de consejos comunales ofreciéndoles gestionar la compra de carros, casas y ayudas sociales por dos mil bolívares.
Atención de día. La capacidad del Inof es de 650 personas, pero hay 20% más.
Para esa población, de acuerdo con información suministrada por Varela, hay dos médicas que están allí diariamente, tres horas en la mañana. La funcionaria se comunicó telefónicamente con la directora de Salud del ministerio, Betty Labrador, y la puso en altavoz. Ella detalló que en la tarde hay servicios de enfermería y en la noche “casi ningún centro penitenciario cuenta con personal”. También aseveró que los penales se abastecen con todos los medicamentos necesarios para los tratamientos de los privados de libertad. Hacen prevención y vacunan a los recién llegados.
Varela aseguró que hay ocho clínicas móviles recién adquiridas y garantizó que en todos los penales del país hay atención médica diaria. En el Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra) hay un quirófano. La excepción es el penal de Vista Hermosa, en el estado Bolívar, donde el médico y la enfermera están de reposo. En la Memoria y Cuenta de 2013 no aparece detallado el gasto que se destina a salud.
Primeros auxilios. “Mi esposa me ha contado que la enfermería no tiene ni curitas; por eso traemos algunas cosas”, afirmó Eulices Bastidas, quien es pareja de una de las reclusas del Inof. Cuenta que a su esposa la pusieron a cortar ramas de unos árboles, se cayó y no le prestaron atención: “Me llamaba llorando, que tenía un fuerte golpe en el brazo derecho y ni siquiera le daban pastillas para el dolor”.
Argenida Villegas visita semanalmente a su hija de 22 años desde enero pasado. “Sabemos que cometieron un delito, pero no es justo que las traten como animales. A ella la agarraron robando con una pistola de juguete. Tiene alojado un tiro en la cadera y siempre se queja de dolor. El abogado entregó una orden de traslado para un hospital desde enero y todavía no han dado respuesta”, manifestó molesta.
A Yubraska Paredes no le extrañan esos testimonios: “Mi hermana tuvo dos meses con fiebre y le inyectaban todos los días antibióticos. Yo le decía que si no le bajaba la fiebre que solicitara que la trasladaran al hospital o que le revisaran el tratamiento, pero nunca lo hicieron. Después me dijo que la nebulizaban tres veces al día, pero seguía con la tos. Es verdad que fumaba mucho, pero no se mejoraba”. De acuerdo con el informe oficial del ministerio, desde el 5 de mayo, Paredes presentaba “problema respiratorio”. El 10 de mayo le hacen una evaluación médica en el Victorino Santaella y le diagnostican enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
De acuerdo con la versión de las compañeras de celda, Paredes fue trasladada al centro asistencial ese día y regresó al poco tiempo. Ella les relató que en emergencia le habían pedido que se esperara y las custodias responsables del traslado se negaron.
Tres días después, Paredes se agravó. La médico del penal le recomendó que pidiera un permiso para ser trasladada al hospital. Pero antes debía solicitarlo personalmente a la directora del penal. Ella estaba en silla de ruedas y, de acuerdo con los testimonios de sus compañeras, las custodias le halaron el cabello para obligarla a levantarse. No pudo.
Sobre la muerte de Paredes, hay dos versiones encontradas: algunas internas afirman que vieron el cuerpo sin vida salir envuelto en una sábana del penal; las autoridades del Inof aseguran que murió después de salir.
Fue esa noche, la del 13 de mayo, cuando las reclusas alertaron de supuestos maltratos.
Cambio de rutina. “La muerte de Yiruma Paredes no tiene nada que ver con la situación del Inof”, refirió la ministra Varela. Desde su despacho en El Rosal, el 22 de mayo, atribuyó el malestar de las reclusas al cambio de directora, al endurecimiento de la disciplina del orden cerrado y a la intervención del Grupo Respuesta Inmediata Penitenciaria (Grip), que desde el 7 de mayo tomó las instalaciones del Inof.
Las autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios sospechaban que las reclusas violaban las normativas del nuevo régimen impuesto, desde agosto de 2013: “Allí conseguimos 52 teléfonos celulares que las reclusas tenían metidos en la vagina. Y así como pasan teléfonos, pasan drogas. Además, no tienen por qué tener teléfono porque les damos llamadas gratuitas”.
Esa situación provocó el traslado de 150 presas a las cárceles de San Juan de los Morros, El Rodeo (Mir), Tocorón (Ara) y Santa Ana (Tác). Aunque familiares denunciaron que fueron golpeadas, la ministra Varela descartó cualquier violación a sus derechos humanos.
La forma en que los familiares se enteraron de esa movilización intempestiva fue a través de papeles escritos por parientes que pernoctaban en las afueras del penal. Las listas con los nombres estaban en el piso sujetadas por piedras.
La hija de América Rivas estaba entre ese grupo de trasladadas. Había permanecido en el Inof desde enero. Tiene 20 años y padece de bipolaridad grado III.
“Solo una vez la vio un psiquiatra en el Inof, pero el abogado tiene meses solicitando un informe médico y todavía no lo han hecho”. Está preocupada porque no sabe si en San Juan de los Morros, su nuevo sitio de reclusión, recibirá los cuidados médicos que requiere.
En el nuevo régimen que se inició en 2012 y que se ha impuesto en 70% de los penales venezolanos, no se permite llevar comida ni medicamentos. Solo tienen dos visitas por mes. Están uniformados y practican el orden cerrado al estilo castrense. Una de sus consignas es: “Ya no soy un criminal, me estoy preparando para ser un militar”.
Johana Briceño no está de acuerdo con esa política. Su hermana tiene cuatro años recluida en el Inof. “Ella vive un infierno. Con el nuevo régimen las tratan como militares y la comida que les dan es pésima”, dijo con voz interrumpida por el llanto. Varela garantizó que le enviaban diariamente una foto de los almacenes de comida en los penales para que constatara la correcta condición de los alimentos.
Entre los proyectos del Ministerio Penitenciario está el de destinar el Inof solo para aquellas mujeres que han sido penadas; las otras pasarán a la prisión de Los Teques.
Mantendrán el nuevo sistema con énfasis en la disciplina en todas las cárceles del país. Varela extiende una recomendación para todos los procesados: “Si no le gusta el régimen, cuando salgan en libertad, no se metan en problemas”.
