En su primer mes de gestión ya como presidente electo de Venezuela, en abril de 2013, Nicolás Maduro detuvo a 200 personas por diferencias políticas, esa misma cifra registró su antecesor Hugo Chávez... pero en 14 años de gestión. De acuerdo con datos proporcionados por la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), el 2014 cierra con 88 presos políticos que siguen tras las rejas.
En entrevista con La Razón, la abogada Jackeline Sandoval de Guevara, directora de Fundepro, asegura: “Podemos observar que las detenciones han sido masivas en el caso del presidente Maduro, a diferencia de las de Chávez que eran más selectivas y dirigidas a grupos específicos”. En el año y medio de gobierno, Maduro acumula más de tres mil aprehensiones.
De ese número, ocho son presos políticos del gobierno de Chávez. Los otros 80 corresponden a las protestas que se desarrollaron entre febrero y septiembre a escala nacional. El balance incluye al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López; a los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, además de las decenas de estudiantes.
La semana pasada la ONU emitió una resolución en la que decreta que el Estado venezolano debe liberar de inmediato a López, en prisión desde el 18 de febrero, tras determinar que fue detenido arbitrariamente y se le violentaron varios de sus derechos civiles, políticos y constitucionales.
Además se pide la excarcelación del ex alcalde Ceballos, preso desde el 19 de marzo por las protestas que se iniciaron en el país en febrero.
De inmediato el gobierno venezolano respondió negativamente a las observaciones del organismo internacional. A través del canciller Rafael Ramírez aseguró: “Así como le dijeron al Departamento de Estado de Estados Unidos que no se inmiscuya en los asuntos de Venezuela, se lo pueden decir a cualquier grupo de trabajo de cualquier institución”.
Al hablar de presos políticos la fiscal general Luisa Ortega Díaz suele declarar que en el país no hay privados de libertad de ese tipo, pero las cifras indican lo contrario.
“Si algo hemos observado a lo largo de los últimos 15 años, en Venezuela cada vez que ocurre un crimen donde el gobierno tenga interés se comienza a acusar a la oposición y a personajes extranjeros, desviando la investigación y creando dudas con el fin de poder involucrar a personas incomodas para el régimen”, comenta Sandoval de Guevara.
La legislación venezolana establece dos tipos de detenciones: cuando se está en flagrancia o si pesa una orden judicial contra los implicados. No obstante, las violaciones al debido proceso han quedado patentes en la mayoría de los casos.
“No podemos concebir jamás en un estado democrático, bajo ninguna circunstancia, que se trate de combatir los peligros que lo amenazan pasando por alto los valores sobre los que se sustenta: las libertades”, añade la abogada.
Fundepro señala que más del 20 por ciento de los arrestados en manifestaciones enfrenta juicios marcados por el retardo procesal. Por ejemplo, la audiencia de López ha sido nuevamente emplazada y la nueva fecha para decidir su situación es el 26 de octubre.
La Razón-Mexico
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