JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
Aunque lo sigue considerando "por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional como delito de lesa humanidad", el Tribunal Supremo de Justicia decidió flexibilizar su postura frente a los imputados y acusados de tráfico de drogas; y permitirles gozar de beneficios procesales, tras negárselos por más de una década.
El giro lo adoptó la Sala Constitucional, en su sentencia 1.859, en la cual declaró "contraria a derecho" una decisión del Tribunal 12 de Juicio de Caracas de junio de 2011 que anuló un fallo de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas que favorecía a un condenado por comercio de estupefacientes.
En el dictamen, redactado por el magistrado Juan José Mendoza, se estableció "con carácter vinculante" para todos los jueces penales la instrucción de que evalúen "la posibilidad de conceder a los imputados y penados por el delito de tráfico de drogas de menor cuantía fórmulas alternativas a la prosecución del proceso y a la ejecución de la pena"; mientras que a los condenados por el delito de tráfico de drogas de mayor cuantía "se les pospone la posibilidad de obtener las fórmulas para el cumplimiento de la pena, solo para cuando haya cumplido las 3/4 partes de la misma".
La ley establece como tráfico de menor cuantía tener hasta 500 gramos de marihuana, 50 de cocaína, 10 de amapola o 100 unidades de droga sintética.
Esta decisión debería ayudar a descongestionar las cárceles, en las cuales en 2010 había 44 mil reos, de los que 9.317 eran por narcotráfico.
