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Lilian Tintori denuncia en entrevista con La Razón, que Leopoldo López fue puesto en aislamiento total, al cumplirse un año de que el régimen lo encarcelara; antes su familia sólo podía comunicarse con él a gritos.
Hace seis días 36 hombres armados y con el rostro cubierto entraron con violencia a la celda del líder opositor Leopoldo López en la prisión militar de Ramo Verde para intimidarlo, justo a un año del inicio de las protestas en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“La vida de Leopoldo corre peligro, no estoy tranquila y no tengo la seguridad de su integridad dentro de esa cárcel”, dijo Lilian Tintori, con quien Leopoldo ha criado a sus hijos, Manuela de cinco años de edad, y Santiado, de dos.
En entrevista con La Razón, sostuvo que se trata sólo de uno de los abusos de los que López ha sido víctima desde que se entregó a las fuerzas de seguridad de su país el 18 de febrero de 2014, tras encabezar una masiva manifestación en Caracas.
De la mano de Leopoldo, su esposa y activista ha sido testigo de las vejaciones contra el prisionero.
“Las condiciones de encarcelamiento son absolutamente violatorias de la ley, Leopoldo no ha visto a nadie en un año, ni a sus compañeros de la unidad ni de partido Voluntad Popular ni a sus primos, sus compadres, sus amigos; nadie lo puede ver”, declaró.
Actualmente el político se encuentra encarcelado en una celda de castigo conocida como El Tigrito, en total aislamiento.
Incluso, cuando los reclusos impiden a su esposa verlo, se comunican a gritos desde la prisión de Ramo Verde, donde permanece encerrado, hacia la calle.
Está atrapado en un laberinto judicial en el que no hay pruebas en su contra ni un caso específico por el que se le acuse, explicó su abogado Juan Carlos Gutiérrez.
“Se le imputan los delitos de incendio y daños en grado de determinador, se le señala como autor intelectual alegando que su discurso indujo a un grupo de estudiantes a prenderle fuego a un edificio”, dijo el litigante a la cadena alemana Deustche Welle.
Leopoldo López es uno de los 96 presos políticos encarcelados en el país que gobierna Maduro desde el 19 de abril de 2013, según registros de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro).
De ellos, 90 son producto de las protestas realizadas el año pasado.
“Venezuela se ha caracterizado por las declaraciones de sus funcionarios en las que aseguran que aquí no existen presos por motivos políticos”, aseguró a este diario Jackeline Sandoval, abogada de Fundepro.
La defensora expresó que los casos como el de López demuestran la implementación de una política de Estado en la que un individuo detenido por razones políticas no tendrá acceso a las garantías mínimas que posee constitucionalmente cualquier persona.
“Lo acusan de que cometió un delito en contra del Estado venezolano, de que ha buscado la salida del gobierno por la vía violenta. De hecho tanto el presidente de la República como todos los representantes del gobierno de alto nivel lo llaman el monstruo de Ramo Verde ¿En qué basa el gobierno las acusaciones en su contra? Las basa en supuestos”, afirmó.
Además de las irregularidades que permean todo el proceso penal, para los litigantes se ha convertido en un desafío poder realizar audiencias, así como presentar testigos y pruebas que demuestren la inocencia del político y economista.
La Fiscalía, relató Juan Carlos Gutiérrez, ha rechazado durante 12 meses “aceptar nuestro cúmulo de evidencias” y los 19 recursos de apelación que han sido desestimados por la justicia.
“Nos revisan todos los documentos sin respeto alguno por el derecho a la confidencialidad, y colocan cámaras para grabar nuestras conversaciones”, indicó.
El acervo probatorio de la Fiscalía es de 108 testigos, de los cuales solamente 38 han sido recibidos; además, las audiencias orales del caso no son públicas, a pesar de que así lo establece el artículo 257 de la Constitución Venezolana.
Además, los periodistas, observadores internacionales y ciertos parientes del acusado tienen prohibido ingresar a la sala de sesiones.
La única alternativa consiste en apelar y recurrir de todas las decisiones para poder acceder a la justicia internacional, insistió Jackeline Sandoval.
El gobierno no ha efectuado ninguna de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales ni ha cumplido con ninguna de las sentencias en que se ha visto condenado como Estado, aseveró.
Para hoy, Tintori convocó a una manifestación en Caracas para exigir la liberación de todos los encarcelados.
Se entregó para que el pueblo “despertara”
Entre cientos de seguidores, el 18 de febrero de 2014, el líder opositor venezolano Leopoldo López se entregó a los uniformados de la Guardia Nacional.
En la Plaza Brión, desde lo alto de un monumento al poeta cubano José Martí, anunció:
“Me presento ante la justicia injusta, ante una justicia corrupta”, gritó López, vestido de blanco y portando un crucifijo.
Ese día el político y padre de familia declaró que esperaba que con su encarcelamiento en el penal militar de Ramo Verde los ciudadanos de su país cobraran conciencia de la corrupción y los abusos de parte del gobierno de Nicolás Maduro.
“Si mi encarcelamiento sirve para el despertar de un pueblo, valdrá la pena mi encarcelamiento infame”, dijo López en el distrito Libertador, un bastión de la política chavista.
El Presidente venezolano ordenó la detención de López, acusándolo de incitar a la violencia en la protesta del año pasado contra la elevada inflación y la falta de productos básicos.
