Valentina Lares Martis
Parece un edificio de viejas oficinas cualquiera, un paquidermo burocrático donde funciona una parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la policía política que debería llevar a cabo labores de inteligencia y apoyar a los otros cuerpos de seguridad.
Queda en plena Plaza Venezuela, concurridísimo punto de Caracas, donde una majestuosa fuente –que sólo se prende de noche- alivia la mirada al tráfico permanente a las miles de personas que recorren el lugar.
Pocos saben que el edificio fue diseñado para ser un banco y sus sótanos fueron diseñados para lo que sería el estacionamiento y las bóvedas, y que terminó en manos del gobierno venezolano alrededor de 1992 cuando ocurrió la crisis financiera.
Pero lo que realmente nadie se imagina es que la parte de las bóvedas fue remodelada por el SEBIN como espacio de reclusión y allí se encuentran tres venezolanos que entre cuatro y nueve meses tras las rejas apenas han visto el sol: Gerardo Carrero, Lorent Saleh y Gabriel Valles.
El primero de ellos fue apresado en mayo del año pasado al desmantelarse el campamento que protestaba pacíficamente contra el gobierno de Nicolás Maduro frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas.
Los otros dos fueron deportados por el gobierno colombiano hacia Caracas por realizar actividades proselitistas en Bogotá y tener el permiso vencido para actividades académicas.
Pero más allá de las vueltas jurídicas de sus casos desde el sábado se declararon en huelga de hambre por estar recluidos en esa bóveda a la que los propios policías llaman ‘La Tumba’.
“Están todo el día con la luz prendida –sea de día o de noche– en un espacio de tres por dos metros cuadrados, de paredes blancas y con el aire acondicionado prendido sin parar”, relata a EL TIEMPO el padre de Carrero, que lleva el mismo nombre que su hijo.
“Están cada uno en una celda, solos, no pueden comunicarse entre sí. Solo llevan puestas unas bragas de color caqui, no tienen cobija, nada, se acuestan en un colchón muy delgado que a veces prefieren ponerse encima por el frío.
No tienen baño, deben pulsar un botón y esperar que algún custodio los saque y los lleve a un baño cerca. Nosotros no les podemos llevar comida para que la tengan, sólo una comida el día de las visitas (los domingos y los martes) y deben comerla frente a los custodios. A Gerardo por lo menos le he podido llevar algunos libros para que se distraiga”.
Carrero estuvo detenido primero en la sede principal del Sebin, ubicada en El Helicoide, también en Caracas. Tras contar a sus abogados que durante sus primeros días de prisión fue colgado de las muñecas durante 12 horas y golpeado con tablas, fue llevado a Plaza Venezuela y confinado a ‘La Tumba’ en evidente castigo.
Se encuentra allí desde agosto y las secuelas de esa forma de reclusión son evidentes, según relata su padre. “Lo del aire acondicionado les tiene escamada la piel, los deshidrata y ya Gerardo tiene abscesos en los brazos y piernas, infecciones que le provocan fiebre y vómitos con mucha frecuencia”.
Elenis Rodríguez es coordinadora de Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana (FUNDECI), una organización de abogados y defensa de los derechos humanos que llevan la defensa de Saleh y Valles. El relato de sus defendidos coincide con el de Carrero, por lo que no duda en asegurar que a ellos se les está aplicando la “tortura blanca”, una modalidad de castigo que no deja secuelas visibles de golpes, quemaduras o laceraciones en la piel, sino que busca atormentar al preso, destruirle psicológica y moralmente.
“Por supuesto que no está estipulada esta forma de reclusión en ninguna parte del Código Orgánico Procesal Penal venezolano”, explica. “Es un aislamiento extremo que les crea incertidumbre, les impide crear una estrategia jurídica con sus abogados –pues no siempre se permiten las visitas, solo de familiares muy directos– y en el caso de Saleh y Valles quieren inducirlos a inculpar a algún político de oposición (María Corina Machado, Leopoldo López o Henrique Capriles, por ejemplo) ofreciéndoles sacarlos de allí”.
Abogados y familiares de estos hombres han acudido a todas las instancias de defensa de Derechos Humanos del país, incluyendo la Defensoría del Pueblo, sin lograr ningún cambio en la situación de reclusión de sus familias.
“¿Por qué no se les hace un juicio justo como dice la ley, por qué lo tienen que meter allí?”, dice frustrado el padre de Carrero, quien es original de Táchira y recuerda que apenas tiene algún dinero para ir y venir y cuidar al resto de su familia.
“Es tan poco apropiado el lugar para retener personas que solo tienen a tres allí”, resalta la abogada Rodríguez. “Este año ni siquiera les han permitido acceso a luz del sol o respirar aire natural. Apenas el aire de ese sótano, que por cierto es el quinto sótano, que los tiene totalmente enfermos”.
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas
