iSAYEN HERRERA
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El jueves pasado Verónica Cuevas, de 27 años de edad, arrullaba a su hijo en una de las celdas de la Comandancia General de la Policía de Miranda, localizada en Los Teques. En el lugar donde amamanta a su bebé se siente un olor penetrante a orina rancia. No tiene cuna, hay poca luz y las cuatro paredes que la rodean están sucias y rayadas con groserías.
Cuevas es una de los 190 detenidos que tiene Polimiranda en ese centro de detención preventiva con capacidad para 140 personas. En la sede, donde los aprehendidos deberían estar solo 48 horas mientras los fiscales deciden si van a juicio, hay 22 personas condenadas que esperan que el Ministerio del Servicio Penitenciario les dé cupo en los penales, al igual que la mujer.
La mujer asegura que tenía más de un año planificando tener un hijo, pero supo que estaba embarazada cuando fue detenida por funcionarios de Polimiranda, por estar presuntamente involucrada en una red de tráfico de municiones. La detuvieron el 6 de agosto y un mes después, tras varios días vomitando, la llevaron al hospital y constataron su estado.
Un embarazo es una novedad que complica el manejo del hacinamiento en los calabozos de Polimiranda, donde no hay capacidad para atender detenidos con una condición como esa ni por tanto tiempo. Cuevas tuvo infecciones urinarias mes tras mes y subidas de tensión que obligaron a los agentes a trasladarla al Hospital Victorino Santaella con frecuencia. Entre el sábado 11 y el domingo 12 de abril recorrió cinco hospitales en labor de parto. Iba en una ambulancia con dos oficiales mujeres, mientras una patrulla custodiaba el traslado. Falta de neonatólogos, de cama y de otro especialista retrasó la cesárea que al final le practicaron en el hospital Pérez Carreño.
Hacinamiento y cupos. En la celda donde está Cuevas se encuentra otra mujer con cinco meses de embarazo. Elismirla Alcalá, de 29 años de edad, detenida por el mismo delito que Cuevas, también duerme en el piso. Tapó el drenaje del baño con sábanas para evitar que entren las ratas. Su barriga ya es prominente y una escabiosis le comenzó a bordear el abdomen. Repite la rutina mensual de acudir al hospital por infecciones urinarias y sus familiares tienen que llevarle el desayuno, el almuerzo y la cena, pues en estos centros carecen de recursos para alimentar a los presos.
Desde 2011, con la creación del Ministerio del Servicio Penitenciario el hacinamiento en calabozos policiales se ha incrementado. La ministra Varela giró instrucciones de prohibir traslados a cárceles sin su aprobación, aun cuando los jueces hayan determinado el sitio de reclusión. En los calabozos de policías de todo el país hay 15.300 detenidos, casi un tercio de la población que está en cárceles.
El subdirector de Polimiranda, Francisco Escalona, explicó que en el caso de las dos mujeres bajo su custodia el retardo procesal ha prolongado su permanencia en el lugar. Les han diferido las audiencias cinco veces y todavía ninguna ha sido imputada. “Los jueces perdieron autonomía. El ministerio es el que asigna los cupos en las cárceles”.
La Ley de Régimen Penitenciario establece en el artículo 74 que "se prestará especial cuidado a las reclusas embarazadas y en período de lactancia, quienes quedarán eximidas de las obligaciones inherentes al tratamiento que sean incompatibles con su estado, por el tiempo y según las especificaciones del dictamen médico".
En el INOF las reclusas disponen de atención ginecológica y pediátrica. Actualmente hay 4 embarazadas y 13 niños que viven con sus madres privadas de libertad, informó una fuente del centro de reclusión. Desde diciembre, tienen la posibilidad de estar con sus hijos menores de 3 años de edad desde las 7:00 am hasta las 6:00 pm, que luego pasan al cuidado de enfermeras en la casa cuna que hay dentro del penal.
Denuncia recurrenteDesde el año pasado Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, ha alertado sobre las consecuencias del hacinamiento en los centros de detención preventiva luego de la implementación del sistema de cupos. El año pasado, durante una inspección en ocho comisarías, encontraron que en casi todas se duplica la capacidad de los calabozos. “Los funcionarios de la mayoría de los centros visitados aseguraron que a los internos se les brinda atención médica cuando la requieren. Sin embargo, en las entrevistas con privados de libertad se pudo conocer que deben esperar varias horas para ser trasladados a algún centro asistencial de la zona”, refiere el informe.
