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El Carabobeño.- El representante del gobierno venezolano ante los organismos internacionales de derechos humanos consideró como ilegal e injustificada petición que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado venezolano para que proteja la vida y la integridad personal de los opositores encarcelados, Leopoldo López y Daniel Ceballos.
El agente del Estado venezolano ante los organismos internacionales de derechos humanos, Germán Saltrón, rechazó el martes la medida cautelar que pidió la CIDH a favor de López y Ceballos por considerar que están en situación de riesgo, y sostuvo que esa acción es ``totalmente ilegal, (y) no se justifica''.
El funcionario fustigó a la CIDH asegurando que está ``parcializada contra los gobiernos que están en América Latina que no obedecen las órdenes de los Estados Unidos''.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez, uno de los defensores de López y Ceballos, dijo que la acción de la CIDH es ``una evidencia nueva de que se están vulnerando'' los derechos de los opositores.
La Comisión, basada en Washington, realizó la solicitud de una medida cautelar ejerciendo su facultad para pedir a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.
La CIDH solicitó también al Estado verificar que las condiciones de detención de los beneficiarios se adecúen a estándares internacionales.
La decisión de la Comisión ocurrió días después de que el Senado colombiano y el parlamento español aprobaran sendas mociones para exigir la libertad de los presos políticos en Venezuela.
El gobierno estadounidense y un grupo de ex presidentes latinoamericanos y de España también han pedido la liberación de los opositores.
López y Ceballos permanecen recluidos desde el 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, junto al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue arrestado en febrero de 2015 y posteriormente acusado del delito de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
López está enfrentando un juicio por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, mientras que Ceballos, ex alcalde de la ciudad suroccidental de San Cristóbal, es procesado por los delitos de rebelión y asociación para delinquir.
