Emiro Albornoz L. / Periodista / emiroalbornozl@gmail.com
Diario La Verdad.- Durante la campaña electoral de las elecciones parlamentarias del 6-D del año 2015, los candidatos de la MUD expresaron claramente al país que una de sus metas, ante la negativa del Gobierno de atender a los organismos internacionales que exigían la libertad de los presos políticos, era la aprobación de una ley de Amnistía general que era reclamada por toda la nación.
En consecuencia, ciudadano Presidente Maduro, el pueblo expresó con su voto su voluntad de que los presos políticos de su régimen, que sí los hay y muchos, recobren su libertad y se incorporen a la vida normal como debe ser en un sistema democrático.
El país reclama a gritos la libertad para los presos políticos. Toda la nación está de acuerdo con la liberación de líderes como Leopoldo López, a quien le asocian presuntos delitos cometidos durante las manifestaciones del 12-F del año 2014 por haber sido el convocante.
He leído muchísimas opiniones sobre este espinoso tema para el régimen. Hay estudiosos del Derecho, profesores universitarios y exmagistrados de gran envergadura jurídica, que aseguran que se trata de una competencia de la AN de índole política, por lo que no está dado al Presidente de la República ni a ninguno de los otros poderes constituidos pronunciarse sobre su conveniencia o pertinencia.
Se deduce que la amnistía es una competencia de la Asamblea en función de Gobierno que es distinta de la función Legislativa ordinaria como se puede apreciar si revisamos el capítulo referido al poder Legislativo, artículo 187, numerales 1 (Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional), y 5 (Decretar amnistías), contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Indudablemente que la terca oposición del presidente a liberar los presos políticos, traerá un conflicto de poderes, que se sumará al que ocasionará el decreto de emergencia económica.
