KATHERINE PENNACCHIO / Armando.Info
marzo de 2014, en pleno auge de las protestas callejeras o guarimbas que pusieron en jaque al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, los disturbios opacaron una noticia colindante con la política y con los sucesos policiales que ocurrieron en simultáneo: un grupo de 22 turistas musulmanes de Trinidad y Tobago, incluyendo niños, cayó en prisión tras una redada que llevó a cabo la policía política venezolana, el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), y el servicio migratorio en un hotel de bajo presupuesto en Caracas.
Casi dos años después, cinco de ellos siguen en prisión y enfrentan juicio bajo cargos de terrorismo. El Helicoide, sede del Sebin, terminó alojándolos. Fue el destino final de una excursión turístico-peregrinatoria que debía llevarlos a La Meca, Arabia Saudí.
Ese marzo de 2014, Pitilal Dominic, Battersby Andre, Charles Wade, Luqman Asim y Deslie Leslie estaban hospedados, junto con sus familiares, en el hotel Plaza Palace de Sabana Grande. Su itinerario aparente de viaje se desvió cuando los cuerpos de seguridad recibieron, según se relata en el expediente del caso, denuncias anónimas sobre grupo de extranjeros que vivían ilegalmente en el país.
Los extranjeros fueron detenidos en un hotel de Caracas, tras un allanamiento durante el que les despojaron computadoras portátiles, 66 pasaportes, 102.000 dólares en efectivo y una insignia del logo de una policía local.
En el allanamiento que agentes del Sebin y del Saime –el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería– practicaron en sus habitaciones, fueron incautados aparatos electrónicos, dinero en efectivo (tanto de moneda extranjera como local), una insignia con la inscripción de la Policía Municipal de Chacao, 66 pasaportes, una guerrera color verde con un emblema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como ropa e implementos de la marca 5.11, que para los cuerpos de operaciones tácticas es lo que Nike o Adidas para los amantes del equipamiento deportivo. Uno de los aparatos electrónicos obtenidos fue un teléfono celular propiedad de Pitilal Dominic que, de acuerdo a lo que recoge el expediente, contenía un vídeo y fotografías donde se observaba a los trinitenses mientras realizaban una práctica de tiro en un polígono de la Policía Nacional.
Las imágenes fueron los elementos claves utilizados por las autoridades para mantener en prisión y llevar a juicio a los cinco extranjeros, junto con tres venezolanos que han sido señalados como colaboradores de los acusados.
En la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas señalan que dos de los cinco ciudadanos imputados fueron detenidos en el año 2011 en su país bajo sospecha de haber estado involucrados en un "complot".
¿SON O SOLO PARECEN?
En el acta de investigación del 22 de marzo de 2014 el Sebin deja constancia de que dos de los imputados, Pitilal Dominic y Luqman Asim, registran antecedentes en su país de origen tras ser investigados por su participación en un complot para atentar contra el primer ministro de Trinidad y Tobago en 2011.
En comunicación por correo electrónico, Eric Jeremías, de la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas, ratifica que “dos (2) de los cinco (5) ciudadanos de referencia”, a quienes no identifica, “fueron detenidos en el año 2011 en Trinidad y Tobago bajo sospecha de haber estado involucrados en un complot (…) para cometer actos delictivos. En lo que a la Embajada le concierne, no se hicieron acusaciones formales y los hombres fueron liberados posteriormente”. El representante diplomático se excusa de dar mayores detalles para acogerse a las “disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, especialmente los Artículos 3, 5 (i), 36 y 38”.
Los abogados de la defensa en Caracas aseguran que ese tema ha sido desmentido en el juicio. “Se trataba de información extraoficial. No había ningún documento oficial del gobierno de Trinidad y Tobago acusándolos. Luego sí llegó una comunicación donde se negaba que ellos eran partícipes del atentado contra la primer ministro.”, asegura el abogado Germán Ponte.
Los medios de Trinidad y Tobago, cuando ocurrió el hecho, también pusieron en duda la inocencia de los detenidos en Caracas. El periodista Mark Bassant, a través de la cadena TV6, indicó que entre los 66 pasaportes que decomisaron durante el allanamiento en Caracas, algunos correspondían a combatientes de otros países que luchan junto a tropas islamistas en el campo de batalla de Siria.
En abril de 2014, el ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Winston Dookeran, se limitó a decir que no le quedaba otra opción que acatar las leyes de Venezuela y que mantendrían los esfuerzos diplomáticos para conseguir la liberación de los detenidos.
La comunidad islámica de Trinidad y Tobago ha denunciado xenofobia en su contra. En una oportunidad protestaron en Puerto Espala a las puertas de la Embajada de Venezuela. Foto: V.S.
CARACAS NO ES LA MECA
De acuerdo a las pesquisas de las autoridades, los cinco extranjeros imputados por terrorismo entraron al país en fechas distintas, entre enero y marzo de 2014. Algunos tenían más de dos meses en el territorio nacional, mientras que otros apenas unas semanas. Todos, en cualquier caso, se las arreglaron para coincidir en el mismo hotel de Sabana Grande y en aquella práctica de tiro en una cancha que la Policía Nacional Bolivariana tiene en Caricuao, al oeste de Caracas.
Sus abogados sostienen que se encontraban en el país con la finalidad de obtener la visa para el Reino de Arabia Saudita y así acudir a La Meca a una peregrinación. Por culpa de las protestas y de la disminución de la oferta de boletos aéreos en Venezuela, sigue la versión, quedaron atascados en Caracas por más tiempo del planeado.
Una chica que se identifica solo como Elizandra, que se encarga de llevar la comida a los detenidos trinitenses –algo que se acostumbra en las prisiones venezolanas– y quien dice haberlos conocido en el hotel donde estaban hospedados, explica: “Sus planes se retrasaron por el tema de las guarimbas. Ellos llegaron, vieron que gracias al control cambiario todo les salía barato, y decidieron quedarse más tiempo. La gente empezó a notar la cantidad de dinero que manejaban y como los musulmanes tienen fama de terroristas de allí se agarraron”.
Otro de los puntos que no ha quedado claro en el juicio es cuál es el acto de terrorismo por el cuál acusan a los musulmanes, junto con sus presuntos colaboradores venezolanos. “¿Cuál es el delito qué cometieron? ¿Qué estaban planificando? ¿Dónde están las evidencias?” Son baches en los que el equipo de defensores se afinca. “Queda claro que no hay acto de terrorismo. Si no hay acto de terrorismo, pues el delito no se configura”, explica otro de los abogados encargados del caso, Flavio Mayorga.
TRAICIÓN A LA PATRIA
Tres venezolanos también se encuentran detenidos en la sede del Sebin por aparentemente haber colaborado con los ciudadanos de Trinidad y Tobago en sus planes “terroristas”: Se trata de Joseph Jules, de origen haitiano con nacionalidad venezolana, quien les ofrecía su servicio de taxista y les facilitaba la comunicación a los que no hablaban español; José Durán, funcionario del Sebin que les ofreció la práctica de disparo en el polígono; y José Socorro, encargado del lugar donde se realizó el entrenamiento y funcionario adscrito de la Unidad de Operaciones y Tácticas Especiales (UOTE) de la PNB. A los venezolanos se les imputa por traición a la patria, un delito previsto y sancionado en el artículo 140 del Código Penal Venezolano.
Según reza en el expediente, Jules trasladó a los cinco trinitarios a un comercio donde venden ropa y accesorios de uso táctico marca 5.11. Allí conocen a Durán, con quien acuerdan un entrenamiento en el polígono, a través de un contacto suyo, Socorro. En los videos incautados aparecen los mencionados manejando armas de fuego.
El representante legal del policía nacional imputado considera que se está frente a un caso de violación a los derechos humanos. Primero, alega, porque las familias de los musulmanes detenidos –incluyendo a mujeres y niños– quedaron confinadas durante diez días en condiciones “no aceptables”. Segundo, por las irregularidades durante el proceso preparatorio del juicio. “Si un terrorista va a buscar a alguien que lo entrene, no va a buscar a un policía nacional”, desafía el abogado Carlos Aponte la lógica del expediente.
La defensa ha enviado comunicados a la Defensoría del Pueblo pidiendo sentencia absolutoria y libertad plena a los imputados por “ser clara la inexistencia de pruebas que comprometan la responsabilidad penal en el hecho”.
También en las últimas audiencias se ha solicitado que se le dé la debida atención médica, ya que uno de los extranjeros tiene una lesión en la espalda y otro debe padece de afecciones en la dentadura.
El juicio que enfrentan los cinco musulmanes y los tres venezolanos es oral y público. La cuarta y última audiencia del año se realizó el pasado 10 de diciembre. Anteriormente, el 15 y 28 de octubre del 2015, los trinitenses tuvieron derecho de palabra y negaron ante la jueza las acusaciones por las que se le imputa.
