fectoCocuyo.-En el marco de la aprobación de la Ley de Amnistía por la Asamblea Nacional y su inmediata declaración de insconstitucionalidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia, se dio el pasado martes 12 de abril la instalación de una Comisión de la Verdad para investigar los hechos ocurridos durante las protestas de 2014.
Con la búsqueda de una reconciliación nacional y la recuperación de
las víctimas como fin, se plantea conformar el primer grupo con
representantes del oficialismo y de la oposición. Sin embargo,
especialistas consultados advierten que el acompañamiento de la Unión de Naciones del Sur (Unasur) y la coordinación del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, podrían condicionar desde un principio la imparcialidad de la comisión.
“Ahora estamos ante una especie de empate” entre el TSJ y la AN y “el Presidente ha considerado que vale la pena redimir la Comisión de la Verdad y la Justicia“, expresó la tarde del pasado martes el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, quien fue invitado a la instalación de la Comisión desde Miraflores.
El padre José Francisco Virtuoso, rector de la Universidad Católica
Andrés Bello (Ucab) y representante de la iglesia en el país, considera
que figuras como el Centro Internacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Organización de Estados Americanos jugarían un papel más imparcial dentro de las investigaciones, contrario a la inclusión de Samper.
El politólogo Luis Salamanca coincide con lo
expresado por Virtuoso y advierte que la búsqueda de la verdad a lo
largo del proceso podría estar sesgada al estar bajo la dirección de una figura del chavismo.
“Apunta más a una verdad oficial, que no es una verdad de los hechos“,
dijo. “No tengo ningún problema con que esté la Unasur, pero también
debería estar la OEA, que tiene mucha experiencia en la materia. Unasur es una creación de Chávez y su secretario es partidario del oficialismo”.
Durante el acto de instalación, el presidente Nicolás Maduro anunció que la comisión estaría conformada por cuatro representantes del Bloque de la Patria y otros cuatro de la bancada opositora.
No obstante, el rector de la Ucab agregó que en la participación
deberían estar incluidos otros sectores para alcanzar resultados
efectivos, entre ellos la iglesia, las universidades y ciertos
organismos públicos, como la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía de la República.
En países de la región se han llevado a cabo Comisiones de la Verdad
para resolver conflictos y ayudar en la recuperación de las víctimas. En
Ecuador, El Salvador y Chile se han realizado este tipo de medidas; más
recientemente, se propuso la creación de una comisión de este tipo en
Colombia durante los diálogos de paz en 2015.
De acuerdo con Carlos Martín Beristain, psicólogo que ha participado en Comisiones de Verdad
en América Latina, los aportes que permiten este tipo de acciones son:
el establecimiento de una verdad sobre el pasado, la oferta de una
plataforma pública para las víctimas, la promoción de un debate público
sobre el pasado, el combate contra la impunidad, la creación de
propuestas para recuperación de las víctimas y el cambio de narrativas
sobre el pasado.
“A mí me parece que es un mecanismo posible que puede facilitar el encuentro en la sociedad. Debe haber una auténtica participación independiente
de los avatares políticos”, dijo el padre Virtuoso. Sin embargo, para
el representante de la iglesia católica no es el momento preciso, a
diferencia de lo que expresó Samper la tarde de ayer. “En este momento no lo veo viable“, agregó.
En el informe que presentó el Ministerio Público sobre los hechos de 2014, donde 43 personas perdieron la vida, se establece que solo seis de los victimarios de los 43 asesinados han recibido sentencia.
Dos años después de los hechos, para las familias, las
investigaciones de los casos no han sido suficientes. Para Salamanca,
tampoco. “El principal señalamiento que le hago al Estado con relación
al año 2014 es que no han investigado. Le ha estado atribuyendo esas muertes a presuntos culpables,
algunos de los cuales están presos, pero no se ha precisado quién los
mato, cuáles son los hechos ni cómo ocurrieron ¿Por qué no hay interés
de investigar eso desde el punto de vista penal?”, inquirió el
politólogo.
Los errores del pasado
La comisión instalada para investigar los hechos de 2014 no es la
única en su tipo que ha sido conformada desde el año 2000. La misma
medida fue tomada para esclarecer los hechos ocurridos en la marcha del 11 de abril, cuando en los sucesos de Puento Llaguno se registraron 19 muertes a causa de los hechos violentos.
El padre José Virtuoso fue invitado a participar en las
investigaciones de la comisión de ese año; pero cuando “estuvimos a
punto de instalarla”, no se hizo. “Yo creo que dentro del ambiente
conflictivo que había no hubo ningún interés político en poner a funcionar la comisión. Se quedó en el discurso“, explicó.
Para ello, se designó una comisión especial de la Asamblea Nacional que estuvo conformada por 27 diputados,
entre ellos Edgar Zambrano, de Acción Democrática y Tarek William Saab,
del Movimiento V República, quienes la presidían. Durante las sesiones,
se presentaron datos, videos, grabaciones telefónicas, informes y
fotografías de lo ocurrido en Puente Llaguno.
Adicionalmente, en ese momento fueron escogidos tres miembros de la bancada opositora y tres del Gobierno para servir como comisión de enlace, con Omar Meza Ramírez (MVR), y Wilfredo Febres (AD) en su directiva. Se presentó un proyecto de Ley de la Comisión de la Verdad,
en donde se establecía que que la Comisión de la Verdad estaría
integrada por nueve miembros. De ellos, seis serían representantes de
organizaciones no gubernamentales, uno sería de la iglesia y dos serían
seleccionados por la Ucab y la UCV con especialización en temas de paz y
derechos humanos.
Tras su culminación, estaba previsto que se presentara un informe final con los resultados de las investigaciones.
Foto: Prensa presidencial
