(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium).- La audiencia preliminar de Coromoto Rodríguez, jefe de seguridad del presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, fue diferida para el próximo 26 de septiembre.
Angel Rodríguez, hijo del exfuncionario de la Disip, declaró a Sumarium.com que el Juez 6to de Control, Miguel José Graterol Maneiro, le concedió la petición de diferimiento que interpusieron los abogados de las supuestas víctimas, lo que a su juicio viola el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal.
La audiencia del 26 de septiembre se dará sin que exista imputación ni acusación por parte de la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, Coromoto Rodríguez permanece privado de libertad en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), en el estado Guárico.
LA DETENCIÓN
Rodríguez fue detenido en Parque Central el 19 de mayo. Según la norma legal, dentro de las 48 siguientes a la aprehensión de un imputado, las autoridades deben presentarlo ante un juez. En este caso, las autoridades se acogieron a lo previsto en el precepto, solo que en esa audiencia de presentación el fiscal de flagrancia, Alexander Kauffman, se abstuvo de imputar al comisario Rodríguez. Omar Estacio, su abogado defensor, afirmó que el fiscal “se plegó a los alegatos que habíamos sostenido los defensores, vale decir, que la única supuesta evidencia que cursaba en el expediente contra mi defendido era una delación anónima de un patriota cooperante figura que no existe en la ley y que viola la Constitución, que prohíbe el anonimato”.
La jueza María Magdalena Díaz afirmó luego de un receso de la maratónica audiencia de presentación, que había recibido una llamada del fiscal 20 nacional, Ismar Maurera, en la que afirmó tener una nueva orden de captura contra Coromoto. Sin embargo, el pasado 30 de mayo, el fiscal Alberto Requena Sandoval, le envió una comunicación a la juez donde la acusa de haber mentido. Según Requena, en su despacho no ha cursado ningún expediente en el que aparezca imputado el comisario.
La norma legal manda que luego de la imputación (que conduzca a una medida privativa de libertad), el fiscal tiene 30 días para presentar el acto conclusivo. Sí éste no fuera interpuesto en la fecha indicada, el o los fiscales podrán solicitar al órgano jurisdiccional una prórroga de 15 días. Solo el Ministerio Público representado por sus fiscales puede acusar, sobreseer o archivar un expediente. Lea también El acto conclusivo: la resulta de la investigación.
Ángel Rodríguez afirmó que en la causa contra su padre, “ese lapso se cumplió en el mes de junio y para ese entonces, la Juez 4ta de Control lo deja detenido, a pesar que la Fiscalía había solicitado la libertad plena sin restricciones y luego el 30 de mayo, mediante escrito, la vuelve a solicitar. Por lo tanto, sin acusación ni imputación todo acto llevado a cabo a partir de allí es ilegal”.
El abogado Omar Estacio afirma que los fiscales no deberían asistir a ningún acto pautado por el Tribunal. Sin embargo, afirmó “estamos en un caso de anarquía procesal. El MP no imputó, ni acusó, pero para ordenar el proceso ha debido presentar dentro de los 45 días la explicación de por qué no presentó acto conclusivo”.
El jurista asegura que lo verdaderamente grave en este asunto son los episodios de tortura que constan en el propio expediente y “la falsificación documental del libro de diario”.
EL TRASLADO
Según Ángel Rodríguez, la orden de traslado de Coromoto a la PGV la da el Juez 6to de Control (mismo que lleva la causa de Antonio Ledezma), violando lo decidido anteriormente por María Magdalena Díaz, quien había ordenado la privativa de libertad en la sede del Sebin en El Helioide.
“Mi papá ha perdido alrededor de 35 kilos y en el sitio de reclusión convive con personas que tienen tuberculosis y sida en el mismo pabellón” afirmó Ángel, agregando que “Después de 3 semanas, pudo mi hermana verlo con mi mamá… mi padre permanece de ánimos muy firme y muy bien, con sus convicciones intactas”.
Al ser ex funcionario de inteligencia, Coromoto Rodríguez sabe el trato que hay que tener con presos comunes. Sin embargo, dentro de una cárcel como la PGV, su cargo es un arma de doble filo. Su familia afirma que permanece custodiado, pues, según dice Ángel “ni al mismo gobierno le conviene que le pase algo allá”.
LA AUDIENCIA
El próximo 26 de septiembre, la familia y la defensa de Coromoto Rodríguez alegarán “todo lo que permita la ley” en la audiencia preliminar y según afirma su hijo Ángel, van “a desenmascarar los argumentos de ilegalidad que han sostenido para mantener el secuestro de mi papá, usando el Poder Judicial para el terrorismo de Estado”.
Para la familia de un exfuncionario que ha trabajado toda su vida precisamente para organismos del Estado, esta situación los ha afectado mucho. “Después de tanto trabajar, este tiempo es para que mi papá este compartiendo con su familia ya que es tiempo que nos quitan”, sentenció Angel Rodríguez.
