Caraota Digital
La acción de encadenarse para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela, parece ser un efecto dominó. En Carabobo, Carmen González y Martha Pérez, hicieron lo propio en nombre de sus hijos Antonio Garbi y Juan Poletti, respectivamente.
“Hasta que el cuerpo aguante”, enfatizó González tras explicar que tomaron la determinación debido a que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ordenó la prohibición de visitas hasta enero de 2017. No lo pensó. El desespero de no poder ver a su hijo pudo más que cualquier cosa. Por su parte, Pérez dijo que al negar las visitas violan los derechos fundamentales de los jóvenes. Las mujeres permanecen en las adyacencias de la Iglesia Nuestra Señora de Los Dolores, en Naguanagua estado Carabobo.
Cabe destacar que en días pasados, Eliécer Jiménez, abogado defensor de la causa de Garbi y Poletti, denunció que los presos políticos de la entidad habían sido olvidados en las discusiones que se llevan a cabo en Caracas. Asimismo, recordó que en Carabobo además de sus representados, existen dos detenidos más: Ángel Betancourt, quien tiene arresto domiciliario; y Carlos Ramos, quien permanece recluido en el Sebin.
La causa
Antonio Garbi y Juan Poletti fueron detenidos en el 2014 por estar presuntamente vinculados con el asesinato del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramzor Bracho, durante las protestas registradas en el distribuidor Mañongo del municipio Naguanagua a partir de febrero de ese año.
Actualmente permanecen en la cárcel de Tocuyito. Sus causas fueron radicadas a un circuito judicial del estado Aragua, luego de la sentencia 368 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; decisión que fue rechaza por Jiménez, González y Pérez.
Para la madre de Juan Poletti, trasladar el caso retrasa el juicio y deja a los jóvenes en un “limbo”. Manifestó que introducirán un recurso de amparo para revertir la sentencia y seguir trabajando desde Carabobo.
