Jueza renunció en tribunal tras presión del Sebin para que cambiara decisión

Efecto Cocuyo.- La jueza del Tribunal 39 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Karla Moreno, renunció la noche del lunes 20 de febrero en la sala de audiencias mientras se realizaba la presentación de Andreas Díaz, Rumel Ochoa y Eduardo Párraga.

Los tres jóvenes fueron detenidos el sábado, 18 de febrero, cuando terminaba la manifestación convocada por Voluntad Popular para recordar los tres años de cárcel de su dirigente Leopoldo López. Andrés y Rumel fueron contratados por la productora de Eduardo para que se hicieran unas tomas con una aeronave piloteada a distancia (drone).

La movilización llegó hasta el distribuidor Altamira, por la autopista Francisco Fajardo. Una vez que terminaron, Rumel y Andreas se marcharon del sitio y fueron detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y horas más tarde aprehendieron a Eduardo, dueño de la productora audiovisual.

Leocenis García le pidió a Zapatero abogar por los presos políticos

CD.- El encuentro se celebró en la embajada de España en Venezuela, y en el mismo Leocenis García le agradeció a Zapatero sus gestiones junto al Vaticano por el diálogo y especialmente por los presos políticos. “Le pedí especialmente los casos de Loren Saleh, Yon Goicoechea, Gabriel Valles, Alejandro Zerpa y el alcalde Delson Guarate. Me asombró que estaba muy pendientes de los casos. Salí muy esperanzado”.

García consideró que es necesario establecer acuerdos entre el gobierno y la Unidad para solucionar los problemas de los venezolanos como la inflación y el hambre.

AN rechazó por unanimidad las condiciones de los presos políticos

El Pitazo.- “Si Mahoma no puede ir a la montaña, la montaña va hasta Mahoma”, reza un popular refrán. Esta máxima fue la que aplicó la Asamblea Nacional al trasladarse hasta escasos metros de la residencia del alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, preso desde hace dos años.

La sesión especial, que se realizó en el Campo Deportivo Las Mesetas, tuvo como objetivo respaldar a Ledezma y a todos los que están en condición de presos políticos. El chavismo estuvo ausente, pero en su lugar los vecinos y diferentes personas de la sociedad civil se hicieron presentes. Desde la ventana de su apartamento, donde se encuentra cumpliendo régimen de casa por cárcel, Ledezma ondeaba una bandera nacional y escuchaba las palabras de aliento que daban los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática.

Ratifican condena de casi 14 años al líder opositor Leopoldo López

NTN24.- La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó por segunda vez la condena del líder opositor Leopoldo López de 13 años, 9 meses y 7 días; y la del estudiante Christian Holdack por más de 10 años, luego que se declarara inadmisible una recurso de apelación por parte de la defensa.

"Se declara inadmisible el recurso de casación, ya tenemos la posibilidad de intentar acciones internacionales", detalló el abogado Juan Carlos Gutiérrez, quien además explicó que con esta decisión del TSJ "el caso de López queda cerrado" en Venezuela.

Una infamia carcelaria por Carlos Nieto Palma

Desde que era niño en mi casa me enseñaron que la honestidad es una de las más grandes virtudes de los seres humanos, entendía en mi niñez que la honestidad era no decir mentiras, no engañar a los demás y ayudar a los necesitados, ser honesto en las cosas que uno hacía y decía. Recuerdo que el padre Olaso, uno de mis grandes maestros, me decía que uno tenía que ser coherente con las cosas que pensaba, que decía y que hacía, él siempre decía que ese era el camino del bien.

Revisando el significado de una persona infame me fui al Diccionario de Real de la Academia Española de la Lengua y me dio dos significados: “1. adj. Que carece de honra, crédito y estimación. 2. adj. Muy malo y vil en su especie”. Esto lo hice porque después de escribir estas notas, unos cuantos me acusarían de violencia contra la mujer y tal vez termine en una cárcel como muchos inocentes lo están hoy en día.

CIDH le solicita al Gobierno garantizar la vida de Theresly Malavé

Todosporlalibertad.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunció sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela y mostró su preocupación sobre los riesgos que corren los defensores de derechos humanos al ejercer su trabajo.

En la última sentencia emitida por la CIDH este organismo le solicitó al Gobierno de Nicolás Maduro adoptar “las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal” de Theresly Malavé, abogada y defensora de derechos humanos.

Malavé se ha destacado desde el año 2003 por ser la abogada de los policías metropolitanos acusados por los sucesos del 11 de abril del año 2002, y actualmente lleva el caso del diputado de Voluntad Popular, Gilber Caso, quien está preso en la cárcel 26 de Julio, así como también defendió a Rosmit Mantilla, militante de ese mismo partido y diputado de la Asamblea Nacional quien estuvo detenido en la cárcel del Helicoide por mas de dos años, entre otros.

En la sentencia de la CIDH, Malavé fue la única mujer mencionada de la lista de personalidades y líderes que el gobierno debe garantizar la vida, seguridad personal y que puedan desarrollar sus actividades “sin ser objeto de actos de hostigamiento”, como por ejemplo David Smolansky, Freddy Guevara, y los presos políticos Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel, Yon Goicochea y Delson Guárate.

Lo que no olvidan los hijos de los presos políticos

A

rrullos por consignas políticas, viajes familiares por visitas a la cárcel, un hogar que se tambalea por una madre prácticamente soltera. Como si la vida les jugara una mala pasada, hubo jóvenes venezolanos que se vieron forzados a cambiar de un día para otro su cotidianidad por el apresamiento de sus padres. Los hijos de los presos políticos viven la pesadilla de no tener a sus familiares consigo, teniéndolos en el mismo país y, en algunos casos, en la misma ciudad.

Hubo quienes vieron a sus progenitores estrenar una lista de presos políticos, que se alargaría durante el gobierno de Nicolás Maduro. El 11 de abril de 2002 trae un torbellino de recuerdos para Ivana Simonovis, que tenía apenas cinco años. Su papá, Iván Simonovis, era el jefe de la seguridad ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas cuando hubo dos asesinatos durante la protesta. Dos años después, el 20 de noviembre de 2004, funcionarios de la Disip arrestaron a Simonovis sin orden de aprehensión y fue acusado de la violencia ocurrida en Puente Llaguno. “No sé si era muy pequeña o si bloqueé lo que pasó el día en que metieron preso a mi papá, pero me acuerdo que mi mamá siempre nos lo intentaba explicar de una manera amigable. Al principio era así, semana a semana”, explica su hija.

Exigen al Ministerio Público que se constate situación de Gilber Caro

En este sentido, el abogado defensor Omar Mora Tosta ratificó la petición hecha al Ministerio Público (MP) para que un fiscal de derechos fundamentales se presente en la cárcel 26 de Julio, en el estado Guárico, para verificar su estado de salud y condiciones de reclusión.

“Ha pasado casi un mes desde la detención arbitraria del diputado Gilber Caro y hasta el momento no ha sido imputado por ningún delito, ni mucho menos presentado en un Tribunal como exige la Constitución. Caro es un diputado de la República al que se le están violando flagrantemente sus derechos, no solo como ciudadano sino como parlamentario electo por el pueblo, lo que es algo gravísimo. Vemos como continúa en la cárcel 26 de Julio sin que se haya presentado una boleta de encarcelación, por eso sabemos que Gilber se encuentra secuestrado y exigimos al MP que envíe un fiscal de derechos fundamentales para que conozca de su situación y lleve al único veredicto posible que es la libertad de Gilber Caro”.

Acusan al Estado de ser cómplice de la violación de los DDHH

AYATOLA NÚÑEZ/El nacional

Abogados defensores y dirigentes políticos de oposición acusan a las instituciones del Estado por irrespetar a la Constitución al permitir la sistemática violación de los derechos humanos de los presos políticos. Señalan que los casos se han manejado sin el debido procedimiento legal y que las pruebas han sido falsificadas. Advierten sobre el deterioro de salud de los detenidos debido a las condiciones de insalubridad.

La abogada del diputado suplente Gilber Caro, Theresly Malavé, ha sido la única persona que ha tenido contacto con el dirigente de Voluntad Popular. Han sido dos encuentros desde su detención: el primero, el pasado 23 de enero, y el segundo, el 31 de enero en la cárcel 26 de Julio, de Guárico.

“Al diputado Gilber Caro lo mantienen asilado en una celda insalubre. Cuando hablé con él lo noté golpeado anímicamente por todo lo ocurrido en todo este tiempo, pero no ha perdido su espíritu de lucha. Me dijo que se siente secuestrado”, señaló Malavé.

Fundepro y su informe de presos políticos 2016 por Carlos Nieto Palma

LA OPINIÓN DE  Carlos Nieto Palma

El Nacional.- Siempre he pensado que una de las organizaciones más respetables en el trabajo de defensa de la situación de los presos políticos venezolanos es la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro); conozco su trabajo desde hace varios años y me consta la seriedad del mismo.

Recientemente presentaron su informe sobre la situación de los presos políticos en Venezuela en 2016 y hoy me quiero referir a varios datos de interés que allí encontré.

Fundepro establece tres tipos de presos políticos que es importante tomar en cuenta “1.- Presos políticos de conciencia, las personas que han expresado su oposición política al régimen o al gobierno vigente, de manera individual o en su calidad de miembros de organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles, campesinas, defensoras de derechos humanos, entre otras, y en razón de ello han sido perseguidas y privadas de la libertad. 2.- Presos políticos por motivo de rebeliones armadas civiles o militares, las personas que se han alzado en armas con la finalidad de tomar el poder y derrocar el régimen constitucional y legal vigente, y en razón de ello han sido privadas de la libertad. 3.- Presos políticos víctimas de montaje judicial, que son aquellas personas que el gobierno de turno, en conocimiento de que son una oposición no abierta, pero identificada por este como de peligrosidad para su estabilidad, por razones de su liderazgo individual y/o por denuncias efectuadas por el mismo (siendo las responsables personas allegadas al gobierno), y en razón de ello son perseguidas, detenidas y sometidas a procesos penales con pruebas falsas, manipuladas o insuficientes. Estos son cada día más: activistas sociales, políticos, sindicalistas, estudiantes, intelectuales, empresarios, funcionarios públicos, quienes a su manera y desde sus propias trincheras de lucha representan las múltiples caras de la resistencia social y política, invisibilizadas sistemáticamente, gracias a las gestiones gubernamentales, a los ojos de la opinión pública internacional”.