Holaiberoamérica / El Confidencial A. Martínez
Bajo el título de “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el
contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1
de abril al 31 de julio de 2017” se presentó un Resumen Ejecutivo de 47
páginas el cual reseña los aspectos más importantes del informe que
está contenido en este link http://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf
El diario El Confidencial hace un buen resumen de lo que está escrito en el informe, a continuación lo reseñado por ese medio.
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas…
Un informe de la ONU documenta “exhaustivas” violaciones de derechos
humanos y un uso excesivo de la fuerza “generalizado y constante” contra
los manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
(ACNUDH) ha apuntado hoy a posibles ejecuciones extrajudiciales y a
varios casos de desapariciones forzadas durante las protestas
antigubernamentales, que estallaron tras la decisión del Supremo de
anular la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Las acciones de las fuerzas de seguridad evidencian “una política para reprimir a la disidencia política e infundir miedo“, según la ACNUDH, que pide al Gobierno de Nicolás Maduro
que libere a los manifestantes detenidos arbitrariamente y que ponga
fin al empleo de tribunales militares para juzgar a civiles. Ayer, la
Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto para someter a juicio por “traición a la patria” a los líderes opositores que han apoyado la imposición de sanciones económicas por parte de EEUU.
En cuanto al uso de armas contra los manifestantes, “la ACNUDH llegó a
la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de
servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27
manifestantes”, señala el informe definitivo sobre las supuestas
violaciones cometidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, periodo en
el que murieron un total de 124 personas. De las 124 muertes relacionadas con las manifestaciones que el Ministerio Público ha investigado, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46,
de los que dos se produjeron por inhalación de gases lacrimógenos, uno
por perdigones de plástico, 14 por perdigones y “metras” (canicas), dos
por el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas u otros y 27 por
armas de fuego.
Las fuerzas de seguridad sometieron
a los detenidos, incluidos niños, a tratos inhumanos o degradantes,
equivalentes a actos de torturaLa ONU ya adelantó el pasado día 8
las conclusiones preliminares de su investigación, la cual efectuó
mediante 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que no tiene acceso al país.
Naciones Unidas recuerda que las armas de fuego nunca se deben emplear
para dispersar una manifestación y que el disparo indiscriminado contra
una multitud siempre es ilegal. “El homicidio intencional perpetrado con
armas de fuego u otras armas menos leales, a menos que sea
estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las
normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y,
posiblemente a una ejecución extrajudicial”, señala.
Naciones Unidas ha señalado que hacen falta más pesquisas para determinar si en Venezuela se han cometido crímenes contra la humanidad.
No obstante, espera que su informe “sirva para la rendición de cuentas y
como tal esperamos que sea empleado extensamente, incluido por parte de
la Organización de Estados Americanos (OEA)”. Ante la constatación de
todos estos abusos, la ACNUDH tambien pide al Consejo de Derechos
Humanos y a la Asamblea General de la ONU que consideren “adoptar medidas” para
evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela,
y solicita a Caracas que le dé nuevamente acceso al país.
La OEA anunció en julio que comenzará en septiembre una serie de
audiencias para determinar si hay base para que alguno de los Estados
miembros del organismo lleve al Gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), y lo hará con el asesoramiento de un exfiscal de ese tribunal, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo.
Los casos de tortura
La ACNUDH también ha registrado “varios casos de desapariciones
forzadas”, una forma particularmente agravada de detención arbitraria,
pero ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos
fueron documentados. Según la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas entre
el 1 de abril y el 31 de julio, fecha esta última en la que seguían
arrestadas 1.383 personas. Al menos 609 civiles detenidos tuvieron que
comparecer ante tribunales militares, por lo general aquellos
considerados opositores.
5.051 personas, entre ellas 410
niños, fueron detenidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, fecha en
la que seguían arrestadas 1.383En casi todos los casos de
detención, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos,
incluidos a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o
degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura, según ya
había adelantado la ONU. El organismo sostiene que los casos más graves
fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y
de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada). A muchos
detenidos les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos
los genitales, y a un hombre lo esposaron y suspendieron de la tubería
de un tanque de agua durante nueve horas y lo golpearon sin
interrupción.
Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligados a
arrodillarse por largo tiempo o a escuchar canciones y consignas
progubernamentales durante horas. En uno de los casos más graves se utilizaron descargas eléctricas,
pero la ACNUDH también documentó casos en los que las fuerzas de
seguridad emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en
espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias de los detenidos para estimular su asfixia.
