Tal Cual Digital.- Los nombres de una juez y dos fiscales del Ministerio Público se repiten en varios casos contra opositores. En los últimos meses se han encargado de los presuntos implicados en el “magnicidio” contra Nicolás Maduro en agosto de 2018
Carol Padilla, Farik Mora y Dinora Bustamante. La madrugada del jueves 21 de marzo, el diputado Sergio Vergara, jefe de la fracción del partido Voluntad Popular dentro de la Asamblea Nacional, mencionó los tres nombres que han sido claves en el enjuiciamiento a opositores desde 2017.
Vergara señaló que la orden de allanamiento estaba firmada por la juez Carol Padilla, a cargo de un tribunal contra el terrorismo, y en la requisa a su vivienda estuvieron presentes los fiscales del Ministerio Público Farik Mora y Dinora Bustamante.
Y serán estos tres personajes los encargados de llevar el caso de Marrero. El abogado defensor Joel García dijo que esto es solo una prueba de que en el Ministerio Público no hay más fiscales que se atrevan a dar este tipo de “pasos aberrantes”.
Padilla, Mora y Bustamante han sido una triada en casos emblemáticos como la detención y juicio al parlamentario Juan Requesens, que inició en agosto de 2018 tras ser acusado de estar vinculado presuntamente al “magnicidio” contra Nicolás Maduro.
En el caso Requesens, también se menciona al expresidente del Parlamento venezolano Julio Borges como uno de los autores intelectuales del “magnicidio”. Dos meses después, volvieron a ocuparse de un nuevo detenido por este hecho: Fernando Albán.
Pero el caso de Albán se truncó debido a su muerte. Detenido el 5 de octubre por funcionarios del Sebin, fue llevado a tribunales el 7 de octubre, pero por ser fin de semana fue devuelto a la sede conocida como “La Tumba”, ubicada en Plaza Venezuela.
El 8 de octubre, cuando iba a ser presentado en el tribunal a cargo de Padilla, falleció en extrañas circunstancias. El fiscal general impuesto por la constituyente, Tarek William Saab, aseveró que Albán se “suicidó” al lanzarse por una ventana del piso 10 mientras esperaba ser trasladado. Desde la oposición aseveran que fue asesinado mediante torturas y su cuerpo fue arrojado al vacío para simular este hecho.
Jueza y acusada
La juez Carol Bealexis Padilla, a cargo del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control y con competencia en Terrorismo, nació en febrero de 1972 y sus cotizaciones al Seguro Social desde 1990 son por la Dirección General de la Magistratura.
En 2002 aparece mencionada en una sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por presuntamente forjar un documento con el objetivo de perjudicar a un inspector del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial.
En la sentencia firmada, por el magistrado Levis Zerpa, se menciona en los fundamentos de la parte accionante que “Dicha irregularidad ocasionó el inicio de una averiguación penal, siendo detenidas preventivamente las abogadas Yunlin Arretureta y Carol Bealexis Padilla, quienes declararon ser las autoras de la falsificación del documento y que señalaron al recurrente como la persona encargada de entregarle el mismo al funcionario Gregorio Álvarez, para que lo insertara en las actuaciones que irían al tribunal de la causa”.
Ese mismo año, Padilla aparece como abogado representando al ciudadano Edgar Enrique Márquez, quien como “víctima de los sucesos ocurridos en el país entre los días 11 al 14 de abril de 2002”, denunció ante la Sala Plena del TSJ a los entonces magistrados Franklin Arrieche y Blanca Rosa Mármol de León por los delitos de “complot político y privación de libertad psíquica”.
Esa solicitud de antejuicio de mérito contra los magistrados fue declarada como “inadmisible” en 2003.
Según el portal Poderopedia, la juez formó en 2013 parte del equipo del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional (AN), entonces presidida por Diosdado Cabello.
En agosto de 2017, a la jueza 20 de Control de Caracas se le “encomendó” el juicio del fiscal auxiliar. Padilla ordenó su detención preventiva y ordenó como sitio de reclusión la sede del Sebin.
El fiscal Sánchez era uno de los encargados de investigar (durante la era de Luisa Ortega Díaz en el Ministerio Público) la corrupción de la constructora Odebrecht en Venezuela.
Fiscales estrellas
Los fiscales Farik Mora y Dinora Bustamante también han tenido entre sus manos algunos casos importantes.
Durante las protestas antigubernamentales de 2017, el entonces fiscal 55 nacional Farik Mora Salcedo fue comisionado para investigar la muerte de los jóvenes Armando Cañizales y Carlos José Moreno, además de las lesiones que sufrieron tres funcionarios de la Guardia Nacional en la Urbanización Miranda en junio, y las que sufrieron otros siete GN luego de una explosión ocurrida el 10 de julio en las adyacencias del distribuidor Altamira.
En septiembre de 2017 y por orden de Tarek William Saab, publicada en la Gaceta Oficial 438.386, el fiscal Mora pasa a la Fiscalía Nacional 22 plena.
Ya para 2018 pasa a la Fiscalía 67 nacional como fiscal provisorio, y es uno de los encargados de recoger los testimonios de los presuntos autores del “magnicidio” contra Maduro.
Ese mismo año, la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz emitió un oficio a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU para que se incluya al fiscal Mora Salcedo en su lista de sancionados, pues lo acusa de dirigir la violación de derechos humanos de los diputados Juan Requesens y Julio Borges.
“Farik Karin Mora Salcedo ha construido una causa penal con fundamento en la autoincriminación de los procesados mediante la tortura, la amenaza y la coacción, situación que ha merecido el repudio de la comunidad internacional”, indicó en ese escrito Ortega Díaz.
Por su parte, la fiscal 83 nacional provisoria con competencia en legitimación de capitales, Dinora Bustamante, también ha hecho “trabajos” importantes en solitario. En noviembre de 2017 acusó a Frank Cabaña de ser uno de los cómplices del expolicía rebelde Óscar Pérez.
Cabaña fue detenido el 13 de septiembre en su casa, ubicada en el municipio Guacara (estado Carabobo), y fue acusado de ayudar a Pérez a sustraer el helicóptero con el cual atacó las sedes del TSJ y el Ministerio de Interior y Justicia el 27 de junio de ese año. Se le imputó por los delitos de terrorismo en grado de complicidad, y asociación.
En agosto de 2018, el diputado Borges la acusó directamente de ser “a quien Maduro le encomendó acusar a la oposición de la farsa del supuesto atentado, una clara demostración de que no hay separación de poderes”.
