Del acoso directo contra los periodistas incómodos y el retiro de concesiones a medios audiovisuales, el Estado venezolano pasó en los últimos años a aplicar medidas judiciales y administrativas directas contra televisoras, radios y periódicos.
A partir de 2012 la estrategia transmutó hacia la compra de medios a través de grupos económicos afectos al modelo político de gobierno. Pero el último mes ha tomado fuerza una nueva forma de impedir la libre circulación de información: el acoso a las fuentes.
Solo en septiembre se registraron siete casos de acoso policial y judicial contra voceros gremiales y sindicales, horas después de haber ofrecido declaraciones a los medios, de haber denunciado irregularidades contractuales o de haber alertado a la opinión pública sobre asuntos de interés.
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa; Lisbeth de Cambra, docente de comunicación social y dirigente del gremio periodístico, y Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, coinciden en identificar el mecanismo como parte de la escalada contra la prensa que se registra en el país desde 1999.
El objetivo