Tribunal condena a Correo del Caroní por investigar y publicar notas sobre la corrupción en Ferrominera

El Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, a cargo del juez Beltrán Javier Lira, emitió en la madrugada de este viernes una sentencia condenatoria contra el director de Correo del Caroní, David Natera Febres, con motivo de la cobertura informativa que hizo este medio en 2013 sobre el caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco.

Natera Febres fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de difamación e injuria continuada. A ello se suma una multa de 1.137 unidades tributarias, y la imposición de una medida vigente: la prohibición de publicar noticias relacionadas con un empresario de la región, en cuanto al caso de corrupción en FMO.

Funpaz acompaña al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) para denunciar violación de derechos humanos a reclusa en Centro Penitenciario Fénix

La Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) acompañó este miércoles 09 de marzo de 2016 a representantes del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a la Defensoría del Pueblo del estado Lara para denunciar que la ciudadana Érika Moncada Higuita (29 años)  recluida en el Centro Penitenciario Fénix fue presuntamente violada por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y pudiera estar embarazada.

Raiza Ramírez Pino, representante de (OVP) junto a Andrés Colmenárez, vicepresidente de (Funpaz) reportaron que Moncada Higuita no ha podido ser trasladada a un centro de atención hospitalaria porque en el centro penitenciario no disponen de una ambulancia. Solamente tienen una enfermera que no ha podido hacer mucho para comprobar el estado de salud de la ciudadana.

"Los presos políticos evidencian ausencia de democracia"

El líder que fue perseguido político en los años 80 habló en Maracaibo sobre la amnistía en el proceso político venezolano. Rafael Venegas, secretario general del partido Vanguardia Popular, asegura "no ser el único ni el más emblemático" de los casos de expresos políticos, pero vino al Zulia a compartir su testimonio a propósito de la discusión de la ley de Amnistía que adelanta la Asamblea Nacional.

Asegura que "los presos políticos evidencian ausencia de democracia y es el reflejo de las sociedades en crisis". Sostiene que la crisis obliga al Gobierno a superar los atascos, "entiendo que las vías para la obtención de la libertad son múltiples pero todas constituyen gestos que son bilaterales, gestos del poder con aquellos que de alguna manera hemos representado la disidencia".

Aprobada en primera discusión Ley de Limitación de Telefonía e Internet en cárceles

Noticiaaldia.- Por unanimidad, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este martes en primera discusión la Ley de Limitación de Telefonía Celular e Internet en Centros Penitenciarios.

La diputada por la MUD, Delsa Solórzano indicó que el Gaes de Mérida informó que desde el internado judicial de Yaracuy se hacen llamadas para extorsión.

“95% de las llamadas de extorsión en Venezuela se hacen desde los centros penitenciarios”, señaló la diputada. 

Denunció que la corrupción de los funcionarios de seguridad en las cárceles no solo permite elingreso de armas, sino que también permite el acceso de aparatos para internet.

Por otra parte, el diputado Richard Blanco (MUD) indicó que solo 16 mil privados de libertad están con el nuevo régimen penitenciario y aseguró que con esta ley, no se le quitará a los privados de libertad la posibilidad de comunicarse con sus familiares.

Caso Tumeremo: “Mientras más tiempo corra, habrá más espacio para la impunidad”

Por Gitanjali Wolfermann

Fecha: 09/03/2016

Expertos en derechos humanos analizan lo que se conoce de la supuesta masacre y aseguran que podría tratarse de desapariciones forzadas. Esto ubicaría el hecho en las categorías de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad

De confirmarse la masacre de los 28 mineros desaparecidos en el estado Bolívar, estaríamos frente a crímenes de lesa humanidad. Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales no son hechos nuevos para las comunidades mineras del sur del país, sin embargo, la magnitud de esta masacre y la presunta participación de cuerpos de seguridad del Estado, son elementos que diferencian este caso, a juicio de cuatro organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos consultadas por Runrun.es