19 ene 2015

El gobierno impone el ritmo de los juicios contra presos políticos

Defensores se sienten de manos atadas ante el retardo procesal deliberado | Ilustración: Mauricio Lemus

EDGAR LÓPEZ

No hay despacho, no hay justicia
Mantener un tribunal cerrado durante tres meses para no tomar una decisión es un exceso sin precedentes en la historia judicial del país. Así ocurrió en el juzgado 15 de Juicio, a cargo de Yhosmar González, quien no dio despacho desde el 14 de octubre hasta el 12 de enero, cuando finalmente negó la liberación del alcalde destituido de San Cristóbal, Daniel Ceballos, como lo había solicitado el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez destaca que la denegación de justicia no solo perjudicó a Ceballos, sino a todos los presos a la orden del Tribunal 15 de Juicio, cuyas causas también se paralizaron. “Si la jueza no tuviera el aval de sus superiores jerárquicos habría sido destituida por incumplimiento de sus funciones. No hay duda de que hubo una orden superior”.
Gutiérrez presume que también corresponde a órdenes superiores que evidencian interferencias indebidas en la administración de justicia la decisión de acelerar los juicios de Leopoldo López y Ceballos. Se ha planteado la posibilidad de que sean postulados a diputados en las próximas elecciones parlamentarias y, en el caso muy probable de resultar electos, podrían salir de la cárcel de Ramo Verde. En el caso de López, la demora en la tramitación de las apelaciones fundamenta su decisión de no cohonestar con su presencia las violaciones al debido proceso.

Fiscalía imputó a la dirigente estudiantil Gaby Arellano por conspiración

Fiscalía imputó a la dirigente estudiantil Gaby Arellano por conspiración<br>


Venevisión. 16/1/15.- El Ministerio Público imputó hoy a la dirigente juvenil de Voluntad Popular, Gaby Andreína Arellano, por presuntamente estar vinculada con planes desestabilizadores ejecutados a principios del 2014.

La información la suministró el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz en un comunicado, en el cual indicó que la audiencia de imputación la llevó a cabo la fiscal Katherine Harington, quien señaló a la opositora de cometer el delito de conspiración.

El artículo 132 del Código Penal establece que "cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años".

Por este mismo caso en diciembre pasado fue imputada la removida diputada María Corina Machado y tienen órdenes de aprehensión Henrique Salas Römer, Diego Arria Salicetti, Ricardo Emilio Koesling Nava, Gustavo Tarre Briceño, Pedro Mario Burelli Briceño y Robert Alonso Bustillo.

El Ministerio Público  realiza esta investigación desde el mes de marzo del año 2014, por denuncia de varios parlamentarios de la Asamblea Nacional y de un particular, quienes pidieron que se abriera una investigación para determinar responsabilidades penales respecto a un plan para atentar contra el Gobierno, el cual contaría con respaldo de autoridades estadounidenses, según unos correos electrónicos difundidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) violando la reserva legal.

El Universal

Este lunes examinarán a Enzo Scarano para operarlo de la próstata

enzoscarano

Globovisión.- La alcadesa de San Diego en Carabobo, Rosa Brandonisio, informó que este lunes trasladarán a su esposo Enzo Scarano al Centro Urológico de Valencia para ser examinado y posteriormente operado de la próstata.

Scarano recibió la noche de este viernes una “medida humanitaria”, la cual le permite permanecer en su residencia por su “delicado estado de salud”, según declaró su esposa.

Entre las patologías que señalo Brandonisio, destaca hipertensión, restricción urinaria por 90% de obstrucción en la próstata y la necesidad de atención de un otorrinolaringólogo.

Destacó que esta medida responde que “había que solventar de manera urgente” su estado de salud y desestimó que “sea una terquedad” de su parte.

Tribunal Supremo otorga casa por cárcel a Enzo Scarano por razones de salud

Tribunal Supremo otorga casa por cárcel a Enzo Scarano por razones de salud<br>
Fecha 16/01/2015 09:33:00 p.m.

Un Juzgado de Ejecución acordó el cambio de reclusión del exalcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, Vicencio Scarano, por razones de salud por cuanto debe ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia de acuerdo a la última evaluación médica.

El mencionado Tribunal impuso al sancionado, con apostamiento policial de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la obligación de: 1) presentar informe actualizado de su estado de salud; 2) prohibición de realizar actos de proselitismo político; 3) prohibición de dar declaraciones ante cualquier medio de comunicación social público o privado; y 4) prohibición de salida del país.

La decisión se fundamentó en diversos informes médicos emanados del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, que acreditan la situación de salud del sancionado, así como también en lo sostenido por el Director del Centro Nacional de Procesados Militares y en lo previsto en los artículos 2, 19, 83 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Noticias24

16 ene 2015

FUNDEPRO: INFORME ANUAL 2014-FUNCIONARIOS CAIDOS

 FUNCIONARIOS CAIDOS

En Venezuela lamentablemente, la función de la policía solo es vista desde el aspecto  negativo, es decir como violador de derechos humanos, y a veces pareciera que su conducta no ayudara a verlo desde otra perspectiva, y mas aun cuando a la luz de los hechos de protestas masivas del 2014, el Ejecutivo Nacional decidió felicitar a los cuerpos policiales y militares por su actuación.

Una realidad insoslayable es la que la policía, doquiera se encuentre, será siempre la expresión del poder. Si ese poder no tiene medida, y es utilizado para fines distintos a la verdadera función de la policía será inútil pretender que la policía actúe en salvaguarda de los derechos ciudadanos. Será, por el contrario, visto, como en efecto lo ve así la sociedad, como instrumento de represión política.