Los parientes de los 63 muertos y las 129 personas que resultaron heridas en la masacre ocurrida el 25 de enero en el Centro Penitenciario de Centro Occidente, ubicado en el estado Lara, llevan 6 meses a la espera de que el Ministerio Público les dé acceso al expediente de la investigación.
El Observatorio Venezolano de Prisiones y el Colegio de Abogados del estado Lara representan legalmente a cuatro madres que perdieron a sus hijos en la requisa, y tienen previsto introducir el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto, para promover que el Estado venezolano rinda cuentas sobre el caso.
“Aunque el Código Orgánico Procesal Penal admite que el Estado mantenga bajo reserva los detalles de la investigación por un máximo de 30 días, ha pasado medio año y los familiares de las víctimas no saben qué tipo de experticias ordenaron los fiscales para determinar cómo actuó la Guardia Nacional Bolivariana en la masacre”, aseguró Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, señaló en enero que la mayoría de los cuerpos presentaban heridas hechas con armas blancas, que habrían sido fabricadas por los reos dentro del penal. Sin embargo, un informe elaborado por el Cicpc de Lara reportó que murieron por el impacto de balas provenientes de armas de fuego como las que portaban los funcionarios de la GNB que emprendieron la requisa.
Solo evasivas. Génesis Fernández, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados larense, detalló que la Fiscalía Décima del estado dictó la reserva el 10 de mayo, pero nunca mostró un acta motivada para explicar por qué los tribunales tomaron esa previsión. El 23 de mayo solicitaron de nuevo el expediente, esta vez ante la Fiscalía Novena, y sólo han recibido evasivas. “Incluso llegaron a decirnos que debían llamar a Caracas para preguntar si podían darnos detalles de la investigación”, denunció Fernández.
Prado explicó que toda petición que ingrese a las instancias del sistema interamericano antes de septiembre, cuando se cumple la salida de Venezuela de la CIDH, será evaluada para decidir si puede ser juzgada por la CIDH. “El Estado está en la obligación de determinar quiénes fueron los responsables de esta matanza porque la custodia de los reos está en sus manos”, agregó.
Nayibe López, vocera del Comité de Víctimas de Uribana, indicó que los familiares de los fallecidos y heridos esperan reunirse esta semana con Varela para exigir explicaciones sobre el retardo procesal que obstaculiza el avance del procedimiento. Además, solicitarán que los presos que fueron referidos a cárceles lejanas sean trasladados de vuelta a Uribana. “Para muchas de nosotras es imposible desplazarnos hasta otras prisiones. Queremos ver a nuestros hijos”, dijo.
Después de la masacre, 2.003 hombres y 132 mujeres fueron transferidos a 21 penales en otros estados del país. Varela prometió que los prisioneros regresarían a Uribana en 2 meses, uniformados y clasificados. Actualmente poco más de 200 están recluidos en la cárcel de Lara.
