El retardo procesal en los casos de varios de los detenidos por las
manifestaciones de 2014 en contra del gobierno retrata la injusticia en
Venezuela. La justicia actúa con cuentagotas en el país. Hay personas
que después de dos años aún esperan por la fecha para la audiencia
preliminar. La falta de despacho y de voluntad política, y la renuncia
de jueces han sido algunos de los motivos del retardo procesal.
El
caso de Carlos Ramos, ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas, es uno de los tantos expedientes
que aún no tienen conclusión. El abogado defensor Eliécer Jiménez
señaló que este caso devela cómo la justicia venezolana, en vez de
cumplir con su deber, obstruye los procesos y afecta la vida de personas
inocentes.
Asegura que Ramos, quien es acusado de homicidio, se
encuentra tras las rejas mientras que el verdadero autor del crimen fue
liberado, pese a estar identificado como responsable del hecho. “Eso es
una violación tanto al debido proceso como el derecho a la defensa, y
lo grave es que el Ministerio Público es el que impide que se haga
justicia cuando se trata de presos políticos. Lamentablemente en este
país los fiscales no se manejan con autonomía, sino con la orden que
reciben de sus superiores”, expresó.
“Yo me siento aplastada por el
sistema. Hay tanto bandido y nadie los va a buscar; tanto bandido que
lo sueltan porque tiene un uñero y la mamá le llora al fiscal para que
lo envíe a su casa, pero cuando se trata de los presos políticos, se
pueden estar pudriendo y dicen que están bien para mantenerlos
encerrados. Esto es terrorismo de Estado”, afirmó.
Sin cerrar
también están los casos de Marcelo Crovato y María Elena Uzcátegui.
Elenis Rodríguez, presidente de Fundeci y codefensora de Crovato,
abogado del Foro Penal, detenido mientras prestaba sus servicios como
profesional del derecho, lamenta que no haya avances y siga estancado.
Señala que aunque su colega recibió una medida de arresto domiciliario,
se espera por la absolución definitiva de todos los cargos.
“Un
acto de buena voluntad” le costó la libertad a María Elena Uzcátegui,
que en un intento por ayudar a las víctimas de la represión en una
protesta, terminó detenida “como una delincuente más”, afirma el abogado
defensor, Manuel Vírgüez.
Denuncia que los presos políticos en el
país reciben peor trato que los delincuentes comunes, debido a que los
torturan psicológicamente para hacerlos sentir culpables de delitos que
no cometieron. “El sistema judicial se ha convertido en una maraña por
el colapso que atraviesa la institución y eso se presta para olvidar.
Hay insería en el sistema y falta voluntad política para hacer esos
juicios como corresponde la ley”, señaló.
Presos sin cargos
El
viernes pasado se venció el plazo para que la Fiscalía presentara los
actos conclusivos de los abogados y activistas de Voluntad Popular,
Francisco Márquez y Gabriel San Miguel. Tanto la familia como la defensa
exigen la liberación inmediata de los jóvenes. “No se puede retener a
nadie sin acusación, ya que se violan todas las leyes. Nosotros como
familia nos sentimos en un estado de indefensión, esto es un limbo
jurídico”, afirmó María Luz Lara de Márquez, mamá de Francisco.
